Caso Yanber: Fiscalía acusa a siete personas por estafa mayor
Entre los siete señalados figura el empresario Samuel Yankelewitz Berger. Perjuicio estimado por el Ministerio Público es de $24 millones
21/02/2018/ Comisión de investigación asamblea Legislativa Comparecencia de Samuel y Andres Yankelewits por el caso Yamber / Foto John Durán JOHN DURAN
La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual concluyó la investigación del caso Yanber y presentó acusaciones contra siete individuos como presuntos responsables de manipular estados financieros de la empresa para obtener millonarios créditos en entidades bancarias.
Según el Ministerio Público, esto afectó a siete entidades financieras, tres de ellas públicas y cuatro privadas, y causó un perjuicio económico de $24 millones (más de ¢12.000 millones al tipo de cambio actual).
Los imputados son el empresario Samuel Yankelewitz Berger, hoy de 85 años, quien era el presidente de la Junta Directiva de Yanber; así como otras seis personas de apellidos Yankelewitz Lev, Barboza Lépiz, Soto Bolaños, Paniagua Moya, Sandí Sandí y García Neira, quienes enfrentan cargos por estafa mayor. Ellos se desempeñaban en altos puestos relacionados con el área financiera de la empresa, que se dedicaba a la fabricación de plásticos.
De confirmarse el delito, el Código Penal lo castiga con penas que van entre seis meses y 10 años de prisión.
La Fiscalía informó este jueves que ya notificaron la acusación a todos los involucrados. “Este procedimiento implica informar a los representantes de los bancos, quienes decidirán si presentarán una querella (acusación privada) y una acción civil resarcitoria. Estas acciones permitirían a los bancos reclamar compensaciones económicas por los daños sufridos durante un eventual juicio”.
Ahora el fiscal a cargo presentará la acusación ante el Juzgado Penal del I Circuito Judicial de San José, solicitando la apertura del juicio. Posteriormente, el juzgado analizará la petición en una audiencia preliminar, donde determinará si procede o no el debate.
La Nación consultó al abogado Jose Alberto Monterrosa, defensor de Yankelewitz, quien informó que aún no tiene el documento de acusación, sin embargo, sostiene que el perjuicio económico “no se pudo demostrar”.
“De forma general podría decirte, con base en la defensa de bastantes años, que en mi criterio y con base en la documentación probatoria, realmente el ‘perjuicio económico’, no se pudo demostrar y esto es necesario como un elemento del tipo penal denunciado”, señaló.
La Fiscalía informó que solicitó la apertura a juicio. Uno de los señalados en el caso es Samuel Yankelewitz. Foto John Durán (JOHN DURAN)
Según la Fiscalía, entre 2011 y 2015, “los altos mandos de la empresa Corporación Yanber S. A. manipularon los estados financieros” para presentar una imagen falsa de solidez financiera y capacidad de pago a diversos bancos. Esto llevó a que empresas públicas y privadas otorgaran créditos a Yanber por millones de dólares y miles de millones de colones basándose en información errónea.
“La investigación del expediente 16-000054-0621-PE fue declarada de trámite complejo, pues involucró más de 60 informes de la Sección de Delitos Económicos y 7 pericias de la Sección de Cibercrimen. Además, se analizaron más de 200 tomos de prueba documental y financiera”, explicó el Ministerio Público.
Como medida cautelar, los siete acusados tienen prohibido acercarse a testigos, según la resolución del Juzgado Penal, vigente hasta la audiencia preliminar.
La Fiscalía también informó que, junto con la solicitud de debate, se pedirá el sobreseimiento definitivo en favor de dos imputados de apellidos Brenes Chaves y Ugarte Brenes. También se pedirá el sobreseimiento para los siete acusados restantes por otros “hechos que no pudieron ser acusados, debido a falta de prueba y desinterés de las entidades financieras, que decidieron no apersonarse al proceso”.
Yanber fue declarada en quiebra el 28 de setiembre del 2018. Para ese momento la compañía tenía 65 años de operar en Costa Rica. Además, mantenía sociedades en Guatemala, Puerto Rico, Nicaragua, Panamá y Colombia.
