Medidas como apremio corporal en horarios nocturnos y poner a responder una propiedad para que uno de los padres pueda salir del país son parte de un proyecto de ley que pretende modificar la ley sobre las pensiones alimentarias.
Obligaciones que se desglosan en: vestido y zapatos: ¢1 millón. Colegio: ¢474.000. Vacaciones de agosto y diciembre: ¢504.000. Restaurantes: ¢300.000. Peluquería: ¢112.000. Agua, luz y teléfono: ¢760.000.
Por casos como este es que la Asociación Igualdad de Derechos para los Hombres, trabaja para que se hagan cambios en la legislación.
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Arcelio Hernández, presidente de la asociación, afirmó que es necesario que el país avance, ya que actualmente "no hay parámetros objetivos para fijar los montos".
"El apremio corporal tiene que ser visto como una medida de presión para que el deudor pague y no para que sea castigado. Cada caso tiene que ser estudiado", agregó.
Hernández propone que el apremio corporal sea como en Chile, es decir que la persona ingrese a las 8 p. m. y salga a las 6 a.m. para que pueda trabajar y no interfiera con sus obligaciones.
"También se aliviaría una carga para el Estado porque cada padre pagaría por su propia manutención", acotó.
Otra medida sería que en el caso de que el deudor quiera salir del país, pueda poner a responder una propiedad.
"En el caso de don Jorge, tendría que depositar más de ¢40 millones si quisiera ir al extranjero. Es inhumano", dijo.
Hernández considera que los aspectos culturales inciden en la fijación de los montos porque "el hombre siempre ha visto como el irresponsable".
Racionalidad. La agrupación también realiza tablas de medición que son usados en España, en las cuales existen parámetros como el costo de la vida y la cantidad de hijos, para definir el monto de la pensión.
"La idea es que esto se aplique en todo el país, porque ahora sucede que en juzgados como Santa Ana y Escazú fijan pensiones millonarias. Se deja a la suerte de cómo sea el juez, si es dadivoso o no", manifestó.
"Hay un sistema diseñado para alejar al padre de sus niños", señaló.
Este proyecto ingresó a la Asamblea Legislativa como una iniciativa popular el 2 de diciembre anterior y cuenta con el respaldo de Óscar López, diputado del Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE) y actualmente se encuentra en la Comisión de Asuntos Jurídicos.
