Los homicidas de un colegial de 15 años, asesinado por error frente a una cevichería en Sabanilla de Alajuela el pasado 15 de setiembre, viajaban en moto. Otros dos motociclistas son los sospechosos de ultimar a balazos a Yesler Baltodano Zúñiga, de 25 años, el lunes 23 de setiembre en su casa, en San Martín de Nicoya. También viajaban en moto los dos implicados en la muerte de María José Castro Miranda, la víctima inocente de una balacera en el bar Cahuita Town, en barrio Luján, San José, el 8 de este mismo mes.
Los sicarios en motocicleta crecieron un 426% entre el 2021 y el 2023. En el 2021 se utilizaron 43 motos en homicidios, pero el número se disparó a 115 en el 2022 y a 226 en el 2023. “En el 2024 van 141. (Este año) va a terminar parecido (al 2023). En esto se cuenta que, por homicidios, pueden utilizar hasta dos motocicletas”, explicó Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en entrevista con La Nación.
El uso de la motocicleta en la comisión de homicidios se disparó en los últimos años, pues el vehículo brinda ventajas a los delincuentes. Les permite entrar y salir de la escena con rapidez, incluso en momentos de alto tráfico y presas. La moto es barata, la pueden robar para cometer otros delitos y luego desecharla. En ocasiones también le cambian las características de color, le borran los números del motor o le cambian la placa para distraer a las autoridades cuando revisan videos del lugar del crimen.
Además, mientras el conductor se acerca al sitio del crimen, el sicario puede identificar a su objetivo o incluso descender, entrar al inmueble, asesinar y luego escapar. Muchas veces visten ropa oscura y casco, lo que dificulta aún más la identificación de los homicidas. Ese fue el modus operandi de los asesinos de Eugenio Androvetto Villalobos, director de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud, en el bar Tunas, en barrio Cuba, San José.
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En los videos se ve al pistolero entrar con casco negro al local y dispara en unas diez ocasiones, primero contra su objetivo y luego en otra dirección dentro del mismo salón, para luego huir corriendo, bajar unas gradas y abordar la moto negra que lo esperaba afuera.
Hasta el viernes 27 de setiembre, el país registra 654 asesinatos, el 65% de los casos corresponden a ajustes de cuentas o venganzas y se presume que muchos de ellos fueron perpetrados por sujetos en moto.
Toda esta realidad se traduce en el respaldo del OIJ a un proyecto de ley presentado por el diputado Alejandro Pacheco, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), que propone implementar una restricción vehicular temporal que impida a dos hombres adultos viajar en motocicleta durante ciertas horas y en áreas específicas, con el fin de combatir el sicariato en el país.
Esta iniciativa, que se tramita bajo el expediente 24.137, ingresó a inicios de año a la Comisión de Gobierno y Administración hasta que el 17 de setiembre la trasladaron a la de Seguridad y Narcotráfico, donde debe ser dictaminada en noviembre, a más tardar.
Detalles de la propuesta
Según el texto, la identificación de las provincias, cantones o distritos donde se deba aplicar la restricción, debido a la incidencia del sicariato, será definida por el Ministerio de Seguridad Pública y ordenada, para su implementación, al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
La restricción inicial tendría una vigencia de hasta un año, con posibilidad de prórroga si las circunstancias lo justifican. Además, el MOPT deberá informar con al menos 48 horas de antelación, a través de medios de comunicación o plataformas, sobre las áreas y horarios donde se aplicará la medida.
Asimismo, el texto del proyecto contempla el monitoreo continuo de la efectividad de la restricción, y el Ministerio de Seguridad será el encargado de evaluar si es necesario mantener la prohibición o finalizarla, según los resultados obtenidos.
El proyecto de ley sigue el ejemplo de medidas adoptadas o discutidas en países como Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Guatemala, Honduras, México y Colombia, para combatir los homicidios.
Un comunicado de prensa de la Alcaldía de Medellín, citado por el medio Insight Crime, señala que “los asesinatos en motocicletas disminuyeron en un 39% durante los 13 meses posteriores a la implementación de la prohibición en noviembre de 2012. Los robos de automóviles y motocicletas llevados a cabo por motociclistas cayeron casi 30% cada uno”.
Aunque Zúñiga reconoció que el crimen organizado podría buscar nuevas estrategias para eludir la medida, subrayó que esta iniciativa generará un impacto en los delincuentes. “Se van a incomodar”, afirmó.
La Nación intentó obtener una declaración de Marlon Cubillo, director de la Fuerza Pública, sobre el proyecto; sin embargo, al cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta.
Excepciones y sanciones
Si se aprueba la norma, que incluiría un nuevo artículo y un inciso en la Ley de Tránsito, no regiría para oficiales de policía en funciones, motociclistas que transporten personas con discapacidad o niños mayores de cinco años, y conductores que se desplacen hacia o desde su lugar de trabajo con una constancia laboral válida, ya sea física o digital.
También se incluyen en las excepciones los trabajadores independientes que puedan justificar su desplazamiento por razones laborales. Las motocicletas con cilindrada superior a 500 cc, o aquellas con motores eléctricos o híbridos que superen los 35 kilovatios de potencia, también estarán exentas de la restricción.
En caso de que un conductor infrinja la medida, se impondrá una multa de 26.070,69, “que es la aplicada en la restricción vehicular”, explicó el diputado Alejandro Pacheco.
A pesar de que en provincias como Puntarenas las autoridades han detectado la participación de menores en organizaciones criminales, Pacheco precisó que la restricción no aplicará para adolescentes, pues “según el OIJ, la participación de este grupo en actividades delictivas es marginal”.
El legislador también mencionó que el proyecto aún está en discusión en la comisión, y aunque se busca que sea lo menos restrictivo posible, las entidades de seguridad tendrán la responsabilidad de determinar si se requieren medidas más estrictas para enfrentar el problema. “Es una medida que ha solicitado el OIJ, órgano técnico, y creo que todos debemos aportar un grano de arena para colaborar con este problema que tiene el país de inseguridad”, concluyó Pacheco.
Durante el año pasado, el Gobierno intentó promover un proyecto para obligar a los motociclistas a portar un chaleco con el número de placa de su vehículo; de lo contrario, serían sujetos a multas de tránsito. Esto con el propósito, también, de reducir el sicariato.
Esa medida fue impulsada por el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, quien en aquel momento aseguró que se buscaba emular el modelo implementado por Colombia para reducir el sicariato. Sin embargo, este proyecto no avanzó en la corriente legislativa.