Los siete condenados por el caso ICE-Alcatel tendrán, a partir de mañana, una nueva oportunidad para demostrar su inocencia cuando el Tribunal de Apelación de Goicoechea conozca de manera verbal las impugnaciones.
Aunque cada uno expondrá los argumentos por separado, existe coincidencia en ciertos razonamientos pues todos objetan que un exdirectivo del ICE, José Antonio Lobo Solera, sea testigo, y rechazan que se admita la prueba bancaria traída de Panamá.
Las audiencias serán orales y públicas y se realizarán durante esta semana en los Tribunales de Goicoechea.
Luego, los jueces dirán la fecha en la que aceptarán o rechazarán las impugnaciones. Ellos podrán confirmar las condenas, ordenar un nuevo juicio, cambiar las penas o anular el proceso.
En el caso de que ratifiquen las penas, los sentenciados podrán presentar un recurso de casación ante la Sala Tercera de la Corte.
En el caso ICE-Alcatel se juzgó el pago de dádivas a funcionarios públicos para facilitar la adjudicación de una licitación por 400.000 líneas de la telefónica celular del tipo GSM a la empresa francesa Alcatel-Cit.
A algunos de los imputados se les achacó haber recibido sobornos, y a otros ser supuestos facilitadores de tales pagos.
El juicio comenzó el 23 de abril del 2010 y se dictó sentencia el 27 de abril del 2011.
Ilegal. El expresidente de la República Miguel Ángel Rodríguez Echeverría basa la impugnación a la condena de cinco años de cárcel en que el Tribunal Penal de Hacienda se fundamentó en una declaración como testigo de José Antonio Lobo Solera.
“Es absolutamente ilegal considerar a Lobo como testigo porque Lobo es imputado colaborador. El criterio de oportunidad no permite eso”, dijo Rafael Gairaud, uno de los abogados defensores del exmandatario.
Además, explicó que los jueces tienen por probado que Lobo aceptó, antes de una supuesta reunión con Rodríguez, la propuesta de corrupción.
“Para el tribunal, Lobo aceptó en principio, y es allí donde surge un problema de interpretación linguística. Los jueces dan validez a lo que dice (sobre “aceptar en principio”) el Pequeño Larousse, pero nosotros creemos que la interpretación más aceptable es la de la Real Academia Española, y que, entre las dos interpretaciones posibles, sería aplicable las más favorable. Entonces, no existiría el delito de supuesta instigación que se le atribuye a don Miguel”, dijo Gairaud.
En total, el expresidente presentó 15 motivos donde se objeta su sentencia condenatoria.
No a la prueba bancaria. José Miguel Villalobos, abogado del expresidente de la CCSS, Eliseo Vargas García, dijo que alegará la prescripción de la acción penal y que la sentencia no señala claramente los hechos por los cuales se le condenó.
Agregó que además planteará, a nombre de Vargas y Luis Adrián Quirós, una declaratoria de ilegalidad de todo el proceso.
“El caso ICE-Alcatel se origina en una información proveniente de la empresa Marchwood Holdings, en Panamá, cuando se investigaba el caso Caja-Fischel. Siendo que las cuentas de Marchwood Holdings se abrieron sin orden de juez, hay una nulidad de origen de toda la prueba, y esto anularía todo el proceso”, aseveró Villalobos.
Un criterio similar expuso Erick Ramos, abogado de Edgar Valverde, quien fue presidente de Alcatel en Costa Rica. Ramos dijo que la sentencia es ilegal “porque se sustenta en prueba absolutamente espuria: la prueba bancaria venida de Panamá”. Asimismo, añadió que se opondrá a que se le dé un criterio de oportunidad a Lobo.
Además, la Procuraduría General de la República tendrá una nueva oportunidad de que se admita el reclamo del daño que por $52 millones planteó en forma solidaria contra todos los imputados.
En ese asunto, uno de los imputados, Alfonso Guardia Mora, falleció el 17 de noviembre del 2011, por lo que su defensor presentó una solicitud de sobreseimiento.