EscucharLa Fuerza Pública de Cartago detuvo a un hombre que mantuvo en su vivienda, supuestamente por casi dos años, a su pareja sentimental y a dos menores en Calle Naranjo, en Concepción de La Unión, Cartago. Durante la inspección, realizada la noche del viernes, se constató que la mujer y sus dos hijos, de tres y seis años, estaban sometidos a restricciones severas, encerrados en un dormitorio, sin acceso a teléfonos y con una alimentación limitada.
El caso se empezó a investigar luego de que la Policía Administrativa recibiera información que surgió en un centro educativo, donde trascendió que la familia estaba en una especie de cautiverio. En la intervención participaron funcionarios del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Ministerio de Educación Pública, el Instituto Nacional de las Mujeres y una jueza del Juzgado de Familia de Cartago, entre otros funcionarios del Poder Judicial.
Aunque este caso fue publicitado hasta este lunes por el Ministerio de Seguridad Pública, el sujeto de apellido Bond, de 49 años, había quedado a disposición del Ministerio Público desde el viernes anterior. Luego de que la mujer formalizó la denuncia y de superada la fase indagatoria, el sospechoso quedó en libertad, pero apegado al proceso judicial por el que se le investiga.
En tanto, la mujer de origen hondureño, de 34 años, y los menores, hijos de la pareja, quedaron bajo protección judicial.
El director regional de la Fuerza Pública de Cartago, Erick Calderón, destacó que el sospechoso habría sometido a su familia a situaciones muy severas, que prefirió no precisar, entre ellas, agresiones psicológicas, emocionales y económicas, afirmó.
“No tenían acceso a la educación formal, no salían al aire libre. Lo que procuraba el agresor era que no tuvieran contacto con terceros, para que no se supiera lo que estaba sucediendo. Tenía control absoluto sobre la mujer y los hijos”, dijo Calderón.
Tras constatar las condiciones en que vivía la señora con los hijos se procedió con las diferentes instituciones de ayuda social, para que fuesen atendidos de la mejor manera.
A la hora del rescate, la mujer indicó a la Policía que el hombre tenía armas, por lo que se le conminó a que las entregara y le decomisaron un arma blanca, un rifle, municiones y un arma no letal que estaban distribuidas en diferentes partes de la casa. La investigación busca determinar si eran usadas como un elemento inhibidor o para amedrentar.
Según Calderón, el origen de este caso nació gracias al reporte de una educadora, que tuvo contacto con la afectada cuando esta acudió a una pequeña reunión al centro educativo y le dejó entrever que algo ocurría. Al retomarse las clases este año se le preguntó de nuevo y ella dijo que la situación se complicó más y fue ahí donde se coordinó con el PANI y demás instituciones el plan integral para abordar de inmediato a la familia.
El sospechoso, según Calderón, amenazaba a la mujer con revelar su condición migratoria para que fuera expulsada del país y le decía que al ocurrir eso los niños quedarían en el PANI.
Calderón llamó a la ciudadanía a permanecer atenta ante casos de vulnerabilidad y reporte situaciones similares a las autoridades a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 o en la delegación policial más cercana.
Posible privación de libertad agravada
Consultado sobre este tema, el abogado penalista Federico Campos estimó que, de confirmarse los hechos, podría tratarse de varios delitos de privación de libertad agravada, donde hay coacción, engaño o violencia y que, según el artículo 192 del Código Penal, se sancionan con prisión de cuatro a diez años.
Este delito aplica cuando la víctima sea una persona menor de dieciocho años o se encuentre en una situación de vulnerabilidad o discapacidad, contra el cónyuge, conviviente o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, o un funcionario público.
También aplica cuando el autor se aproveche de su relación de autoridad o confianza con la víctima o su familia, medie o no relación de parentesco o cuando se aproveche del ejercicio de su profesión o de la función que desempeña.
Se diferencia del secuestro extorsivo en que en este último se pide dinero o bienes a cambio de la liberación de las víctimas.
Según Campos, podrían coexistir otros delitos por violencia patrimonial, psicológica y hasta sexual que podrían trascender conforme se conozcan más detalles del caso.
