La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción concluyó la investigación contra cinco funcionarios y exfuncionarios del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) por hechos relacionados con un contrato entre esa institución y la empresa china Huawei, en la que esta última habría entregado $6,7 millones, de manera irregular, mediante una dación de pago.
Una dación de pago es un acuerdo entre dos partes en el que aceptan recibir un bien a cambio de un dinero adeudado. En este caso, el ICE habría estado de acuerdo en recibir los $6,7 millones en materiales relacionados con la red de transporte del ICE.
El requerimiento conclusivo de acusación está incorporado en el expediente 19-000171-1218-PE, donde están acumuladas denuncias que la auditora general del ICE, Ana Sofía Machuca Flores, trasladó al Ministerio Público en noviembre de 2019 y octubre de 2021.
La acusación señala a Jaime Palermo, quien para la fecha de la denuncia era el gerente de Telecomunicaciones (actualmente no es funcionario del ICE); Germán Sánchez, ya jubilado, quien ocupaba la jefatura de la División de Gestión de Red y Mantenimiento (GRM); Jean Fonseca Vargas, administrador del contrato; Jenny Vargas, directora de Proveeduría Institucional, y Alberto Campos Ríos, director de Desarrollo y Plataformas y Habilitación del Servicio.
Según respondió la Fiscalía, la acusación ya fue comunicada a las partes y “se está a la espera de que la Procuraduría General de la República y el Instituto Costarricense de Electricidad determinen si desean presentar una querella (acusación particular) y formular una acción civil para el cobro de daños y perjuicios”, informó.
Consultado por La Nación, el exgerente Jaime Palermo aseguró que no había sido notificado y que, por ahora, declina rendir declaraciones sobre el caso.
El ICE, por su parte, respondió a este medio que “se constituirá en parte procesal ante el Tribunal competente” y que “debido a lo anterior, el ICE no se referirá a más detalles sobre este caso, con el objetivo de facilitar las labores de las autoridades”.
Una vez superado este trámite, se solicitará la elevación a juicio del caso ante el juzgado penal competente.
La base del caso
Según la investigación, la Auditoría Interna cuestionó la forma en que se compararon las ofertas para seleccionar la opción de Huawei. La propuesta original de esa empresa ascendía a $8,3 millones. Sin embargo, para efectos de la comparación económica, se le restaron $6,7 millones correspondientes a una multa que Huawei debía pagar al ICE y que fue utilizada como dación en pago.
De esa forma, la propuesta habría sido presentada como una inversión de $1,6 millones. El cuestionamiento de la Auditoría radicó, entre otros aspectos, en que cuando se tomó la decisión de avanzar con Huawei, el mecanismo de dación en pago todavía no había sido aprobado formalmente.
La decisión de inclinarse por Huawei ocurrió el 30 de mayo de 2017, mientras que la aprobación formal de la dación fue el 9 de noviembre de ese mismo año. La Auditoría concluyó que existieron debilidades en la competencia y documentación del proceso y que el tratamiento otorgado a la dación generó una ventaja indebida en favor de la empresa china.
Opción costosa
La valoración de la Auditoría determinó que Huawei presentaba más factores calificados como de alto riesgo que las demás alternativas consideradas. Además, sin aplicar el descuento de la dación de pago, Huawei no resultaba la propuesta económicamente más favorable.
Otro elemento señalado en el análisis fue el alcance territorial de las propuestas. La solución de los asiáticos contemplaba cobertura para el Gran Área Metropolitana (GAM), mientras que la otra alternativa, que era de Cisco, tenía alcance nacional.
El análisis de capitalización que se hizo posteriormente reflejó una inversión final de $16,63 millones para Huawei frente a $15,18 millones para Cisco. Estos elementos forman parte de los antecedentes de una investigación que comenzó a ser trasladada formalmente a la Fiscalía desde 2019.
Denuncia previa
La auditora del ICE Ana Sofía Machuca, presentó la primera denuncia penal desde el 29 de noviembre de 2019. Esa gestión originó el expediente 19-000293-1218-PE. Para el 14 de octubre de 2021, Machuca amplió los señalamientos ante el Ministerio Público. Esas denuncias terminaron acumuladas al expediente 19-000171-1218-PE, en el cual ahora la Fiscalía formuló el requerimiento conclusivo de acusación.
La actuación de la Auditoría Interna del Instituto fue precedida por una investigación cuyos resultados fueron comunicados formalmente a la administración del ICE el 20 de julio de 2020.
El informe fue remitido a Hazel Cepeda Hodgson, quien ocupaba la Gerencia General del ICE, y a Mauricio Rojas Cartín, gerente de Telecomunicaciones. La secuencia de fechas adquiere relevancia debido a los cuestionamientos públicos contra Machuca por su actuación como auditora.
Durante 2024 y 2025, la funcionaria fue objeto de señalamientos por parte del expresidente Rodrigo Chaves, quien le atribuyó un presunto incumplimiento de deberes respecto de decisiones sobre contrataciones con Huawei que correspondían a la Administración del ICE y no a la Auditoría Interna. Las denuncias de 2019 y 2021 evidencian que Machuca había investigado y comunicado los hechos a la Administración y posteriormente los trasladó al Ministerio Público.
Los cuestionamientos contra Machuca habrían provocado que en febrero de 2025 el gobierno de Estados Unidos le revocara la visa. La causa interpuesta contra Machuca fue desestimada al determinarse que había actuado dentro del ámbito de sus competencias.
