El robo de combustible constituía una de las principales actividades ilícitas de una organización criminal desarticulada en un megaoperativo por el caso Portus, en Limón, cuyos integrantes presuntamente ampliaron sus operaciones hacia otros delitos, entre ellos narcotráfico, homicidios y robo de contenedores.
Por eso, la detención de personas y la aplicación de las penas establecidas en la ley por el robo de combustible dan un ejemplo a la comunidad de que estos crímenes no van a quedar impunes, expresó la presidenta ejecutiva de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), Karla Montero.
“Se acabó el tiempo de creer que robar combustible en Costa Rica sale gratis”, expresó la jerarca.
Las declaraciones las brindó este viernes 9 de octubre, luego de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público, la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial y Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, ejecutaron un megaoperativo por el caso Portus, enfocado en desarticular una estructura criminal vinculada con 11 robos de contenedores, cinco tomas para la sustracción de combustible y dos homicidios.
Montero advirtió que el combustible sustraído ilegalmente es utilizado para financiar las operaciones de estructuras criminales.
“Estamos hablando de grupos que son bastante peligrosos”, afirmó la funcionaria al referirse a los riesgos asociados con estas organizaciones.
La investigación que culminó en el megaoperativo Portus permitió vincular a la agrupación con al menos 14 casos de robo de combustible.
Según la información suministrada sobre el expediente, las autoridades también determinaron que se trataba de una estructura con un alto nivel de violencia y que presuntamente ejercía control territorial en sectores de Limón mediante amenazas y confrontaciones con otros grupos criminales.
Investigación comenzó con alertas recibidas por Recope
El caso se remonta a 2024, cuando Recope recibió varias alertas por robos de combustible detectados en diferentes puntos del país.
Inicialmente, la institución desarrolló distintas pesquisas. Conforme avanzó el análisis de la información, se identificaron coincidencias entre alrededor de 14 casos, lo que permitió establecer una posible conexión entre los hechos y una misma organización criminal.
Recope trasladó la información al Organismo de Investigación Judicial (OIJ). A partir del trabajo conjunto y de nuevas diligencias judiciales, las autoridades determinaron que los hechos investigados estaban relacionados con una estructura que también participaba en otras actividades delictivas.
Según la información del caso, los integrantes sustraían combustible mediante tomas ilegales en el poliducto, principalmente en Río Blanco de Limón. Posteriormente, almacenaban el producto y lo distribuían en distintos puntos de la provincia.
Las autoridades presumen que parte del combustible se utilizaba para abastecer lanchas vinculadas con actividades de narcotráfico.
La investigación también permitió determinar que algunos integrantes de la agrupación habían sido detenidos anteriormente por hechos relacionados con drogas y otros delitos, pero presuntamente reincidieron en actividades ilícitas.
Robo de combustible también pone en riesgo a las comunidades
La presidenta de Recope señaló que esta actividad no solo afecta los recursos del país, sino que también puede tener consecuencias económicas, ambientales y de seguridad para la población.
Según explicó, las pérdidas asociadas con el robo de combustible pueden repercutir en las tarifas que pagan los usuarios, mientras que las tomas ilegales representan un riesgo de derrames, accidentes y daños ambientales.
“Es una actividad ilícita que debemos controlar para poder garantizar el combustible a todo el país, pero también para bajar el riesgo que tiene a las comunidades”, manifestó.
Recope mantiene el llamado a denunciar de manera gratuita y confidencial cualquier actividad sospechosa relacionada con el robo de combustible mediante la línea 1-0-0-2.