E l 16 de febrero del 2016, la Policía encontró una escena pavorosa: cinco personas –tres menores, dos adultos– habían sido masacrados en una casa en Matapalo de Santa Cruz, Guanacaste.
El principal sospechoso de cometer el crimen era Adrián Salmerón, un sujeto con antecedentes de violencia doméstica, quien sostuvo una relación personal con una de las víctimas: la madre de la familia.
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Les sobrevivieron dos niñas, una de cuatro años y otra de siete meses. Ambas resultarían clave en distintos momentos de la investigación. El llanto de la menor alertó a un funcionario del Seguro Social, quien se encontraba verificando vacunas en la comunidad. Había zopilotes cerca de la casa.
La segunda niña señaló a Salmerón como el responsable de la masacre. Salmerón fue capturado el 19 de febrero en Managua. Fue juzgado por las autoridades nicaragüenses; Costa Rica solicitó la extradición del sujeto, para que fuera juzgado en este país.
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Nicaragua se rehusó –su Constitución Política lo prohíbe–, pero la investigación realizada por las autoridades costarricenses fue vital durante el juicio.
En dicho proceso aparecieron cada vez más detalles escabrosos sobre la naturaleza del crimen.
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Antes de matar a una de las menores –una niña de 12 años–, Salmerón la violó. Además, Salmerón tenía prohibido acercarse a la casa de la familia.
Fue condenado a 183 años de prisión; cumplirá 30, máximo por ley en Nicaragua.
