Costa Rica vive una escalada de violencia que arrastra cada vez más a menores de edad, muchos de ellos atrapados en contextos de exclusión social y reclutamiento por parte del crimen organizado. En solo tres días, tres adolescentes fueron asesinados a balazos en distintas zonas del país, en lo que se perfila como una tendencia alarmante para las autoridades.
El más reciente crimen se registró este lunes en Pacuare Nuevo de Siquirres, Limón, donde un joven de 16 años fue encontrado sin vida, con múltiples impactos de bala en la espalda y brazos, a 200 metros del Palí en dirección a la escuela local. En la escena se recolectaron al menos seis casquillos calibre 9 mm, según confirmaron los agentes judiciales a este medio.
Testigos aseguraron que el menor era vecino de la comunidad y que los presuntos agresores eran dos sujetos en motocicleta, quienes vestían como repartidores express y huyeron del sitio tras el ataque. Minutos después del asesinato, una hermana del joven llegó al lugar y fue quien logró identificar el cuerpo.
La noche del sábado anterior, otro joven de 16 años fue ultimado a tiros en Jacó, Puntarenas, específicamente sobre la ruta 34, pasada las 11 p. m.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el cuerpo fue hallado a un lado de la carretera por una persona que transitaba por la zona. La Cruz Roja Costarricense determinó que el menor presentaba heridas de bala en el pecho, espalda y cabeza.
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El viernes, en Limón, otro adolescente de 17 años también fue asesinado a balazos mientras conversaba con otros dos jóvenes afuera de una vivienda en el barrio Juan Pablo II. La Policía Judicial detalló que, cerca de las 6:40 p. m., dos hombres en moto llegaron al lugar y uno de ellos disparó al menos ocho veces contra el grupo. La víctima no logró sobrevivir.
Aumento en 2025
En lo que va del año, 21 menores de edad han sido asesinados en Costa Rica, según datos judiciales, lo que representa un aumento del 61% en comparación con el mismo periodo de 2024. En ese entonces se registraban 13 homicidios de menores, por lo que el incremento es de ocho casos.
Este fenómeno tiene rostro y contexto. Randall Zúñiga, director del OIJ, ha advertido sobre el doloroso perfil de muchos de estos jóvenes: sin estudios, sin oportunidades y reclutados por bandas criminales que operan en zonas costeras como Limón y Puntarenas.
“Los menores de edad en Costa Rica que están participando de estos grupos criminales no tienen la socialización completa. Tuvieron el Covid-19 de por medio, que generó una gran exclusión a nivel escolar. Lo que le quiero decir es que son fácilmente manipulables por un tercero, por un mayor de edad”, señaló Zúñiga en entrevista con La Nación meses atrás.
Ese “tercero”, afirma el jerarca, es quien les ofrece estatus de pertenencia, algo que la sociedad les ha negado al etiquetarlos como delincuentes desde edades muy tempranas.
“Se le pone una etiqueta social a la persona como delincuente, entonces esto genera una reacción: ‘me están excluyendo, pero este grupo me acepta y satisface mis necesidades de seguridad’”, explicó.
Una segunda familia
Para muchos jóvenes, la respuesta a su marginación social es la creación de una subcultura criminal, muy parecida a las dinámicas que generan las maras en Centroamérica. El crimen organizado se convierte así en su segunda familia.
“Aunque sea ficticia, se apoyan entre ellos. Crean un sentido de pertenencia que les da auto realización”, concluyó Zúñiga.
Las autoridades incluso han detectado niños de 12 y 13 años involucrados con estos grupos.