La idea era cuidar ese terreno para desarrollar ahí el proyecto de vivienda denominado El Fortín, con el que se pretende beneficiar a familias damnificadas.

Algunos vecinos están preocupados por el riesgo de que se vuelva a llenar de precarios esa zona, incluso con familias de otros lugares. Estiman que eso atrasa los nuevos planes de vivienda, con los que se busca erradicar los asentamientos informales.

En el sitio se ven trabajos con perling y también horcones de madera en medio de escombros que todavía subyacen.

Vecinos que prefirieron no identificarse temen que surjan de nuevo búnkeres o sitios para el consumo de drogas, lo que fomenta la inseguridad.

Aunque la Municipalidad tiene un censo de las personas afectadas, de momento desconocen si quienes levantan los ranchos son los mismos afectados u otras personas.

El alcalde de Heredia, José Manuel Ulate, dijo que solo tienen una patrulla, por lo que para ellos es imposible cuidar esa propiedad y solamente pueden realizar rondas ocasionales.

Propuso acordonar la zona y que los mismos vecinos, con la Fuerza Pública, cuiden el terreno de 10.000 metros cuadrados que ya tiene permiso para que el INVU desarrolle el proyecto El Fortín.

Desalojo administrativo

El presidente ejecutivo del INVU, Tomás Martínez, afirmó que van a proceder con un desalojo administrativo y a la notificación respectiva para todas aquellas personas que ingresaron posteriormente y que no son beneficiarias del proyecto.

Afirmó que este miércoles va a visitar la zona del incendio con líderes comunales para ver lo que acontece y tomar las medidas pertinentes pues, al parecer, algunas personas de otras zonas están detrás las casas que se construyen.

Martínez admitió que el cuido del terreno va más allá de instituciones por separado y requiere un abordaje interinstitucional con dependencias como el Instituto Mixto de Ayuda Social, la Policía de Migración y el Ministerio de Seguridad.

Dijo que aún no ha tenido respuesta de la solicitud que hizo en primera instancia a la Municipalidad de Heredia y al Ministerio de Seguridad.

“Entendemos que no hay recursos para la protección del sitio”, admitió. Sin embargo, dentro de la estrategia definida este martes con la Asociación de Desarrollo de Guararí, se va a informar a los líderes cuál será la figura legal para trabajar en el cuido del terreno, donde pronto comenzarán a levantar el proyecto El Fortín, que ya tiene una lista de beneficiarios.

Más de 100 siguen en albergue

La vicelcaldesa de Heredia, Olga Solís, afirmó que en el albergue de Los Lagos aún quedan 115 personas a las que se ha instado a buscar casas de alquiler en lugar de volver al sitio.

Empero, sabe que algunas personas decidieron volver a Guararí, pese a que todavía el sitio no tiene los medidores para electricidad, ni las fuentes de agua potable que antes tenía.

Solís dijo que las empresas de servicios básicos están obligadas, por una disposición de la Sala Constitucional, a prestar al menos los suministros esenciales, de modo que si vuelven las familias tendrían que facilitar tendidos para la corriente eléctrica y tubos con agua potable.

En cuanto al albergue, la funcionaria firmó que la idea es que en los próximos tres días se pueda cerrar y que cada familia retome sus actividades en casas alquiladas o con familiares. De momento no les ha faltado nada, pues las donaciones recibidas les han permitido atender cabalmente a todos.