Ciudad Quesada. “Siento temor hasta de estar en mi negocio. Me siento intranquilo, inseguro, no tengo paz”, relató el comerciante sancarleño José Manuel Riggioni, quien padece un drama desde que en julio varios delincuentes robaron en su vivienda.
“Como yo los denuncié penalmente, ahora me amenazan con que me van a matar o le harán daño a mi familia en caso de que no retire la demanda”, agregó, al participar en agosto pasado en una reunión con autoridades del Ministerio de Seguridad.
Para los sancarleños, sus casas ya no son sinónimo de protección, al menos así es para el regidor municipal Carlos Villalobos Vargas.
“Mi esposa creyó que era una broma hasta que vio que un tipo con pasamontañas le puso un arma en la cabeza a mi hijo de 12 años (...). Uno se da cuenta de que esta gente está dispuesta a todo”, dijo Villalobos sobre el ataque a su familia en agosto del 2013.
Este tipo de hechos violentos han tenido un repunte del 22% en el cantón de San Carlos durante los primeros siete meses del año, en comparación con el mismo periodo del 2013, según estadísticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Del 1.° de enero al 31 de julio pasado, se recibieron 409 denuncias por robo, mientras que en el mismo lapso del 2013, fueron 336 casos.
Ciudad Quesada es el distrito con más reportes, seguido por Aguas Zarcas y Florencia.
Los atracos continuaron en agosto. Aunque el OIJ todavía no tiene contabilizadas las denuncias, la prensa confirmó al menos 10 robos en ese mes; algunos con la participación de hasta 10 sujetos con los rostros cubiertos. El caso más llamativo fue el 28 de agosto, cuando asaltaron tres negocios del centro comercial Plaza San Carlos, en el centro de Ciudad Quesada.
Origen. El alcalde Alfredo Córdoba calificó la situación como grave. “Es la primera vez que el cantón padece este tipo de crisis. Lo lamentable es que la gente pierde la confianza en las autoridades y por ahí la gente habla de tomar la justicia en sus manos”, aseguró. Córdoba recordó que, a inicios de año, unos 30 condenados por delitos contra la propiedad y recluidos en la cárcel sancarleña de La Marina, quedaron el libertad, algo que –cree-–pudo influir en más robos.
Gerald Campos, subdirector del OIJ, reconoció que en la región están operando tres grupos organizados en los que hay gente con antecedentes delictivos.
Debido a que los sujetos por lo general cubren sus rostros, Campos pidió a los pobladores no solo denunciar siempre, sino, además, fijarse en todos los detalles. “Esa es la única forma de evitar la impunidad en estos delitos”, alegó.
La fiscala adjunta de San Carlos, Alba Campos, resaltó que, como residente en el cantón, ella también se siente muy preocupada.
“Lo que no puedo aceptar es que se diga que la Fiscalía no está haciendo absolutamente nada. Quiero que diga que cuando un fiscal pone a un sospechoso en libertad, es porque no tenemos pruebas que justifiquen una acusación para pedir prisión. Sin pruebas, no se puede denunciar a nadie”, explicó.
Hace pocos días, el Ministerio de Seguridad Pública anunció que reforzará el personal destacado en la zona con 40 policías más, así como seis patrullas y el apoyo de un helicóptero de Vigilancia Aérea.
El viceministro Gustavo Mata manifestó que ese apoyo se dará por tiempo indefinido.
