San José concentra hasta hoy la cuarta parte de los homicidios del país. Tras cinco años de un riguroso control en los barrios del sur, el casco central y otros lugares como Goicoechea, Desamparados, Alajuelita y Escazú, la situación se salió de control y en la actualidad es la provincia con mayor crecimiento en homicidios.
Al concluir los dos primeros tercios del año, San José registra 147 homicidios hasta este 31 de agosto, más del doble en relación con el año pasado (71), esto significa un crecimiento del 107%. Si la tendencia persiste, se superarían los 200 al año, algo que no ocurría desde el 2017.
San José pierde reversión en muertes
Provincia tiene la cuarta parte del total
FUENTE: OIJ || INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.
Según Rodrigo Alfaro, director regional de la Fuerza Pública en San José, la realidad de la provincia se debe en gran medida al aumento significativo en la venta y consumo de drogas, al creciente número de habitantes de calle involucrados en actividades delictivas para sostener su adicción, y a la pérdida de valores en la provincia más poblada del país.
En Hatillo, la Fuerza Pública está realizando un censo piloto para determinar la cantidad actual de habitantes de calle, la cual ya supera los 400 y la mayoría de ellos son consumidores de drogas, dijo Alfaro. A estas personas, se les decomisa regularmente punzones, cuchillos, puñales e incluso varillas que utilizan para autodefensa o para cometer delitos.
Alfaro también añade que día tras día se observa un incremento en la conformación de búnkeres y en la venta de drogas, lo que evidencia un aumento de adictos en los diferentes estratos sociales. A pesar de los constantes allanamientos y desarticulación de puntos de venta, muchos de ellos operados por narcofamilias, se ha notado que retoman sus actividades poco tiempo después, debido a que en muchos casos el Juzgado Penal los deja libres o con tobilleras.
Los ataques a la Policía, que antes solo se daban en ciertos barrios de Limón, ahora ocurren en lugares como en Tirrases de Curridabat o en Los Anonos, Escazú, donde los delincuentes colocan dispositivos metálicos puntiagudos, conocidos como “miguelitos”, para reventar las llantas de las patrullas y evitar su ingreso, otras veces apedrean las unidades.
En el cantón josefino de Turrubares, el domingo 27 de agosto varios policías resultaron heridos y hospitalizados luego de que perdieron piezas dentales en un enfrentamiento contra una turba que protagonizó una balacera en las afueras de un bar en Bijagual. Ese día, ocho individuos fueron detenidos pues incluso forcejearon para quitar las armas a los oficiales.
“No voy a cuidar delincuentes”
Según los datos, la mayoría de las muertes en San José y en todo el territorio (63%) son producto de ajustes de cuentas, situaciones que superan la capacidad de los cuerpos policiales para prevenir y esclarecer tanta cantidad de asesinatos.
Desde que Alfaro asumió su cargo como director regional de la Fuerza Pública en San José, hace aproximadamente tres meses, decidió cambiar la táctica de mantener patrullas fijas las 24 horas en sitios conflictivos como La Tabla, en San Rafael Abajo de Desamparados. Afirma que no va a resguardar casas donde residen sicarios y líderes de organizaciones delictivas como estrategia para bajar los homicidios perpetrados por ellos o contra ellos.
“Ordené retirar todas esas patrullas de ahí. No voy a proteger a delincuentes para que no salgan de sus hogares, ya que de todas formas encuentran la manera de salir. Esas patrullas pueden vigilar hasta tres o más barrios donde reside gente trabajadora y productiva, en lugar de permanecer estacionadas con los policías bostezando y viendo sus teléfonos móviles”, señaló.
Afirma que sin descuidar el patrullaje en esos lugares, se busca optimizar el escaso recurso disponible. Actualmente, además del caserío La Tabla, ahora esa patrulla de la Fuerza Pública vigila lugares como barrio Novedades, Concepción Abajo de Alajuelita y San Rafael Abajo de Desamparados, donde la población trabajadora y honrada, que es la mayoría, exige vigilancia, explicó Alfaro.
Desde principios de año el Ministerio de Seguridad señaló un faltante de 1.000 policías. Empero, las autoridades solo obtuvieron un presupuesto extraordinario de ¢4.100 millones que alcanza apenas para 300 plazas que estarán formadas hasta mediados del año entrante y no necesariamente se destinarán a San José en su totalidad.
La expectativa es conseguir ¢20.000 millones adicionales en el presupuesto ordinario del 2024 para unas 400 plazas más, que cumplirían su preparación básica en el último trimestre de ese año.
El Ministerio de Seguridad también dejó de recibir el ingreso del 90% de impuesto a sociedades anónimas, y otros tributos creados con el fin de fortalecer a los cuerpos policiales como el de $1 por cada caja de banano exportada y los fondos del impuesto a los casinos.
Abundancia de drogas
Ante el aumento en el tránsito de cocaína y marihuana para el narcotráfico internacional, gran parte de esas drogas ahora se quedan para el consumo local, lo que lleva al reclutamiento de jóvenes que están en condición vulnerable debido al desempleo y la pobreza. Esto desencadena una serie de delitos asociados.
La mayoría de las víctimas de homicidio están relacionadas con asuntos de drogas y riñas. Jóvenes en edad estudiantil o que deberían estar comenzando su vida laboral, son quienes más mueren como parte de la expansión de bandas de crimen organizado locales y extranjeras.
Asimismo, más de 500 personas han resultado heridas en las balaceras y generan altos costos en atención médica. Muchos sobrevivientes quedan con secuelas permanentes y sus vidas laborales y familiares se ven alteradas.
Más allá de los tiroteos, el narcotráfico desencadena robos, hurtos, asaltos y arrebatos, perpetrados por adictos que a menudo no tienen otra forma de mantener su hábito. Además, se ha observado un aumento en la creación de búnkeres en casas o terrenos abandonados, lugares donde los adictos pueden consumir drogas con mayor facilidad.
Tanto en áreas urbanas como rurales de San José, se experimentan las consecuencias del reclutamiento de jóvenes en actividades como venta de drogas y sicariato, así como en labor de “campanas”, es decir, vigilancia para evitar la presencia policial.
Para abordar esta situación, se coordinan operativos entre la Fuerza Pública, la Policía Municipal, la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Con la Policía Municipal se accede a cuarterías donde los delincuentes suelen vivir o esconderse y las cuales son muy abundantes en la capital y cantones aledaños.
“Creo que podemos revertir la situación, porque de lo contrario, preferiría colgar mi uniforme. Lucharé hasta el final junto con mis compañeros, a pesar de los desafíos legislativos, la falta de compromiso de algunos jueces y fiscales, y la escasa ayuda de ciertas instituciones a las que solicitamos apoyo”, concluye Alfaro.