Han pasado 473 días desde que la empresaria y abogada Carolina Herrera y su pareja sentimental, Edwin Montoya, fueran emboscados y brutalmente asesinados a balazos cuando iban llegando a su finca en Jalaca de Palmar Norte, en Osa, Puntarenas.
Desde aquel 7 de enero del 2024 se supo que Edwin iba conduciendo su vehículo y Carolina iba a su lado. A eso de las 10:30 p. m. alguien se les interpuso en el oscuro camino de lastre y es posible que los obligara a bajarse del automotor antes de dispararles indiscriminadamente.
Esa noche, agentes del Organismo de Investigación Judicial encontraron el vehículo con las puertas abiertas y los cuerpos de las víctimas a ambos lados. La mujer, de 44 años, yacía sobre la vía pública, junto a la puerta del acompañante, mientras que el hombre, de 42, fue hallado al otro lado, también sobre la calle.
Fueron los vecinos quienes alertaron del crimen, cuando oyeron múltiples detonaciones.
Desde entonces han pasado casi 500 días, se abrió una investigación, hubo allanamientos e incluso se sugirieron posibles sospechosos, pero la historia está lejos de resolverse.
Ante consultas de La Nación, la Fiscalía de Osa reconoció que, “a pesar de las diligencias ejecutadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), no fue posible individualizar a la persona o personas sospechosas de los hechos. En ese sentido, el despacho ordenó el archivo fiscal de la causa”.
“Este archivo corresponde a un acto administrativo que no favorece a una persona. Más bien, en caso de que se ubique nueva prueba, la cual permita ampliar la investigación, esto garantiza al Ministerio Público la posibilidad de reabrir el caso”, argumentó el Ministerio Público.
Eso significa que, si no aparecen más pruebas que permitan reabrir el expediente, las muertes de Edwin y Carolina podrían quedar impunes.
La decisión causó enojo y frustración entre los allegados de las víctimas, que exigen mayores esfuerzos judiciales para que el caso se resuelva y haya justicia.
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Reclamo por falta de exhaustividad
Noemy Montoya, hermana de Edwin Montoya, a través de su representante legal Joseph Rivera Cheves, presentó una objeción formal ante el Juzgado Penal de la zona y pidió que se revoque el archivo. En el documento, el abogado calificó la decisión de archivar el expediente como “prematura, temeraria e improcedente”, y alegó que existen pruebas y diligencias clave que no han sido agotadas.
“El fiscal no tomó en cuenta un oficio del 10 de enero de 2024, donde se mencionan posibles sospechosos. Además, no se ha gestionado la apertura de los teléfonos celulares por falta de tecnología en la Fiscalía de Osa, cuando esa gestión podría haberse tramitado en San José”, indica el recurso presentado el pasado 5 de mayo.
También se cuestiona que no se solicitaron escuchas ni rastreos telefónicos y que no se recurrió a la colaboración de los departamentos de Homicidios del OIJ en San José, como permitirían los protocolos establecidos en la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial.
Teléfonos sin revisar y un testigo clave que nadie entrevistó
Entre las diligencias pendientes, la defensa señaló la falta de análisis de dispositivos electrónicos, la omisión de entrevistas a posibles sospechosos y la falta de seguimiento a un testigo clave.
Según el documento, ese testigo habría recibido amenazas para no revelar información sobre los presuntos responsables del crimen. Su testimonio, nunca fue recabado por el OIJ ni por la Fiscalía y podría aportar indicios sobre los móviles del doble asesinato, alegó Rivera.
En el documento, el abogado proporcionó el domicilio del testigo en Palmar, Osa, y aseguró que puede ser localizado para declarar. “El Ministerio Público ha fomentado la impunidad ante un doble homicidio tan cruel e inhumano”, alegó.
El abogado también solicitó que se aparte al fiscal del caso, por considerar que su actuación ha sido deficiente y parcial. Además, pidió que se designe a un fiscal de San José para que continúe la investigación con el respaldo de unidades especializadas.
“La gravedad del caso —dos asesinatos con características de sicariato— exige un abordaje técnico y riguroso”, afirmó Rivera Cheves.
Una pareja feliz
Carolina Herrera Alvarado era una conocida abogada en Palmar Norte, madre de dos hijos que hoy tienen 24 y 15 años, fruto de una relación anterior. Poseía una finca en la zona donde proporcionaba empleo a varias personas y también se había postulado como candidata a alcaldesa de Osa con el Partido Nueva Generación (PNG), en el 2020, aunque no resultó electa.
Por su parte, Edwin Montoya Araya era divorciado y se dedicaba a la ganadería. Dejó dos hijos que hoy tienen 20 y 16 años, también producto de otra relación.
Según amigos de la pareja, llevaban al menos tres años de relación y compartían pasiones como la cabalgata.
Una amiga de Carolina, que habló con este medio en aquella época, bajo condición de anonimato, recordó las palabras de Carolina al hablarle de Edwin por primera vez: “Estoy empezando a ser feliz”.
Entre lágrimas, reveló que Herrera vivió anteriormente en una relación abusiva, en la que fue víctima de agresiones por parte de su entonces pareja. “Me mandó una foto con Edwin y todo, me dijo que estaba muy feliz porque los dos compartían el gusto por la ganadería”, agregó.
Otra persona cercana a Carolina, que también optó por guardar su identidad, indicó hace más de un año que la mujer enfrentaba numerosos problemas, incluyendo disputas legales con allegados por sus propiedades, una tienda de pasamanería y cabezas de ganado.
“Incluso le robaron un camión ganadero y una Toyota Prado. Le hicieron las cosas arrebatadas a la fuerza”, mencionó. En la misma línea, recordó el generoso espíritu de Herrera: “Carolina se quitaba el bocado de la boca para dárselo a una persona que lo necesitaba”.
Las propiedades y el ganado de la mujer eran fruto de una herencia recibida hace 23 años al fallecer su padre. Además, parte de sus bienes eran el resultado de su esfuerzo como abogada y notaria en su propio despacho.