En lo que va de este año, Alajuelita registra un promedio de un asesinato cada ocho días, resultado de la disputa territorial entre bandas, principalmente Los Lara y Los Myrie, así como conflictos internos y alianzas con otros narcos locales.
Erick Calderón, director de Planes y Operaciones de la Fuerza Pública, identifica estos factores como principales responsables de los 12 homicidios ocurridos en ese cantón josefino en solo 96 días, una cifra preocupante si se considera que el año pasado el cantón cerró con 23 asesinatos en total.
Estos 12 crímenes representan el 20% del total de homicidios de toda la provincia capitalina, que ascienden a 61.
A pesar de que algunas víctimas tienen relación con estas bandas, también se han reportado muertes de inocentes en tiroteos entre grupos rivales. Los casos más recientes son el de Mauricio Alonso Porras Montero, de 34 años, víctima colateral de una balacera en San Josecito de Alajuelita el domingo 31 de marzo, y el de Ronald Chavarría, un taxista informal, acribillado en otro tiroteo mientras realizaba un servicio a Antonio Téllez Guzmán, en la madrugada del 4 de abril. Ambos murieron en el lugar de los hechos.
Los enfrentamientos y ajustes de cuentas se originan debido a que grandes organizaciones narcotraficantes pagan servicios con cocaína en lugar de dólares, incentivando así la acumulación de droga entre bandas locales. Estas bandas buscan expandir sus mercados en zonas donde a veces ya operan otros narcos.
La Fuerza Pública ha identificado líderes, sicarios, vehículos y zonas de operación de estos grupos, aunque enfrenta dificultades debido a la contrainteligencia de los delincuentes y a la colaboración que a veces reciben de algunos vecinos.
Según Mario Zamora, ministro de Seguridad, la Fuerza Pública ha estado reforzando “sistemáticamente” su presencia en los barrios del sur de San José, especialmente en Alajuelita. “Sin embargo, la inteligencia aplicada por esos grupos criminales con respecto a la presencia policial posibilita la acción criminal fuera del dispositivo de seguridad implementado. Para hacer frente a esta situación, estamos incrementando la velocidad del despliegue policial y su intermitencia, con el fin de superar las acciones delincuenciales”, afirmó.
Por su parte, Calderón negó que la Policía esté perdiendo la batalla, aunque reconoce que la lucha es difícil debido a que estas estructuras utilizan mucha violencia y son muy numerosas. Solo la banda de los Lara cuenta con más de 100 miembros distribuidos en más de 20 sectores, explicó.
Acciones puntuales
En la actualidad, la estrategia policial se centra en afectar la movilidad de los delincuentes. Aunque sin órdenes judiciales, su acción se limita a incomodarlos y requisarlos. “Se realizan operativos constantes con el Grupo de Apoyo Operacional (GAO), los Linces, la Unidad de Intervención Policial, la Unidad Canina y la Unidad de Choque para Operaciones de Alto Riesgo, además de oficiales de la Dirección de Inteligencia y la unidad de Análisis Criminal”, enlistó Calderón.
Estas acciones, que se ejecutan a cualquier hora del día, procuran el decomiso de armas y vehículos robados, así como la detención de personas con órdenes de captura, incluyendo delitos contra la vida.
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Paralelamente, las policías de investigación recolectan pruebas para allanamientos y procesos judiciales.
Las acciones citadas por la Fuerza Pública en Alajuelita se enmarcan en una estrategia nacional que incluye operativos sorpresa en calles y barriadas. En el primer trimestre de este año, ese ejercicio permitió el decomiso de 579 armas de fuego, 122 motocicletas robadas, 92 vehículos y se han detenido a 2.072 personas con órdenes de captura, 335 de las cuales están relacionadas con delitos contra la vida, informó Calderón.
A pesar de la dificultades, la Policía ha golpeado a estas estructuras, como en el caso de los hermanos Julio César y Juan Lara Villanea, líderes de Los Lara, actualmente en prisión por narcotráfico, luego de caer en allanamientos realizados por el OIJ en el 2022.
En mayo del año pasado, el Tribunal Penal de San José les impuso a estos hombres 16 y 15 años de prisión, respectivamente, y penas semejantes a otros seis integrantes del clan.
Durante el debate se logró confirmar que el grupo estaba comercializando diferentes tipos de drogas ilícitas en el sur de la capital y en Garabito de Puntarenas, como marihuana, cocaína, crack y ketamina. La banda fue descrita por el Tribunal como una organización piramidal, que manejaba grandes cantidades de dinero y como uno de los mayores grupos narco del sur de San José.
Pese a esta sentencia, el grupo sigue operando en el cantón.
