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Nueve crímenes perpetrados contra ambientalistas en Costa Rica, entre 1989 y 2014, permanecen sin culpables. El transcurrir de los años llevó a que la mayoría quedara sin castigo.
La reciente absolutoria de los siete sospechosos del asesinato del conservacionista Jairo Mora Sandoval, de 26 años, hizo recordar los nombres y los rostros de otras víctimas que, como él, fueron silenciadas.
El jueves de la semana pasada, un grupo de manifestantes en San José revivió las historias de nueve defensores del ambiente asesinados en el país.
Uno de los casos es el del universitario Diego Armando Saborío, de 28 años, quien murió el 12 de octubre del 2014 de un balazo en el pecho por defender a los animales silvestres de una finca propiedad de su familia, en Chamorro de Cutris, San Carlos. El agresor sigue sin aparecer.
Osvaldo Durán, de la Federación Ecologista Costarricense (Fecon), expuso durante la manifestación:
“En este país, la impunidad está imperando y provoca los asesinatos de personas que defienden la naturaleza. La defensa de la vida les ha costado la suya propia y no podemos permitirlo más. No vamos a ser tolerantes con la inoperancia del sistema judicial”.
El fiscal general, Jorge Chavarría, dijo desconocer si hay un estudio de esos crímenes. Sin embargo, adujo que hay casos con dificultades insuperables, como cuando matan a un ambientalista en la montaña y sin testigos.
Durán sostiene que a las muertes se suman amenazas directas contra defensores de ecosistemas, por lo que señaló la necesidad de que se cree un fuero de protección especial para quienes se dediquen a acciones a favor de la naturaleza.
Nombres. En 1975, el sueco Olof Nicolás Wessberg murió en una visita a Corcovado, donde exploraba la idea de convertirlo en parque nacional. Al parecer, un joven guía lo asesinó porque algunos habitantes del lugar se oponían al proyecto de Wessberg. El acusado fue condenado a prisión. Wessberg creó el área protegida en la Reserva Cabo Blanco.
Según un recuento hecho por Fecon y registros del Centro de Documentación de La Nación , otras víctimas son Antonio Zúñiga, un indígena que luchó en contra de la cacería ilegal en Ujarrás. Él murió en circunstancias no esclarecidas, en 1989.
El 20 de diciembre de 1992, el presidente de la Asociación de Desarrollo Comunal de Cubujuquí, en Horquetas de Sarapiquí, Gerardo Quirós Acosta (40 años), recibió un balazo en la cabeza dentro de su casa. Él había denunciado la deforestación en una montaña. Se cree que fueron madereros, pero no se determinó.
Sin detallar fecha, la Fecon recuerda a Jorge Aguilar, quien luchaba contra la cacería ilegal en Cartago y, tras salir a patrullar, apareció muerto en una zanja.
El 7 de diciembre de 1994, tres dirigentes de la Asociación Ecologista Costarricense (AECO) fueron hallados muertos luego de que ardió la casa donde vivían dos de ellos, en Goicoechea. Las víctimas fueron Óscar Fallas Baldí, María del Mar Cordero Fernández y Jaime Bustamante.
Ellos tuvieron un papel protagónico sustentando una férrea oposición al proyecto de Ston Forestal, compañía que pretendía instalar un muelle y una planta para producir astillas de madera en el golfo Dulce, que serían exportadas a Estados Unidos. El incendio se manejó como accidental para la Policía.
Desde el 13 de julio de 1995, la AECO denunció la desaparición del ecologista nicaragüense David Maradiaga Cruz, cuyo cadáver fue hallado en Zapote. Según la Policía, ingirió algún líquido que lo llevó a la muerte, pero, para el gremio de ecologistas, la respuesta no fue satisfactoria.
En febrero del 2011, la conservacionista canadiense Kimberley Blackwell apareció asesinada a balazos en su casa en San Miguel de Cañaza, Puerto Jiménez.
Ella se enfrentó con cazadores ilegales, quienes la mataron por venganza. Hubo un detenido, pero el caso no ha llegado a juicio.
