Desde que José Francisco Chaverri Rodríguez debutó como fiscal general, en 1975, los distintos jerarcas del Ministerio Público han topado –a lo largo de los últimos 35 años – con dos poderosos enemigos en común: la corrupción y el crimen organizado (en especial a raíz del surgimiento del narcotráfico).
Chaverri y su sucesor, Jorge Rojas Espinoza (1977-1982), lidiaron con grupos menos organizados, pero igual... peligrosos.
A partir de los 80 y en especial por el
Fernando Cruz Castro –considerado en círculos judiciales como un hombre de línea dura– estuvo al frente de la Fiscalía General entre 1984 y 1986.
Fue el primer fiscal en enfrentarse al narcotráfico internacional y lo hizo en grande a raíz de la captura (el 4 de abril de 1985) del capo mexicano Rafael Caro Quintero, buscado por la muerte del agente antidrogas de Estados Unidos, Enrique Camarena.
Las autoridades lo arrestaron en una mansión de Alajuela. Cruz –en la actualidad magistrado– fue quien dio la orden de entregarlo a Migración. “La Policía me informó que no había nada en su contra; no había evidencia de ningún hecho delictivo”, señaló.
La Fiscalía analizó los contactos de Quintero en el país. A Cruz le correspondió investigar las acciones delictivas de grupos insurgentes (entre estos “La Familia”, una banda terrorista responsable de atentados, así como la muerte de tres policías y un civil), la presencia de contrarrevolucionarios nicaraguenses y el desfalco del Fondo Nacional de Emergencias.
“En ese caso, por primera vez constituimos grupos de fiscales y agentes contables para investigar, dada la complejidad”, recordó.
La Fiscalía acusó por la desaparición de ¢300 millones, desfalcados mediante gastos simulados.
Cruz fue el creador de la Unidad Especializada contra la Corrupción, un delito que apenas comenzaba a asomarse en Costa Rica.
Él creó la Unidad Especializada de Narcotráfico. Araya fue un gran apoyo para las comisiones legislativas que en aquellos años investigaron la penetración del narco.
“En esos años la problemática no era como lo es en la actualidad. No teníamos bandas organizadas, pero si se gestaba un movimiento de intereses del narco en el país.
“En razón de eso, la Asamblea Legislativa constituyó la primer comisión. Nosotros, como Ministerio Público, colaboramos mucho”.
El decomiso de $794.500 a Mario Valverde en el aeropuerto Juan Santamaría (el 25 de junio de 1988) dio la campanada sobre los alcances narco. Por ese hecho el empresario Ricardo Alem León fue condenado a 12 años por legitimación de capitales, en 1995.
El actual ministro de Seguridad, José María Tijerino, estuvo al frente de la Fiscalía entre 1990 y 1995. Actuó con mano de hierro, según recuerdan algunos subalternos.
Tijerino, un fiel defensor de la independencia del Ministerio Público, fue uno de los funcionarios en quienes se apoyó el gobierno para expulsar del país a la banda de asaltantes venezolanos que entre 1994 y 1995 saqueó agencias bancarias y dejó una estela de muertes.
También le correspondió investigar los secuestros de la embajada de Nicaragua y el de la Corte Suprema de Justicia, ambos en 1993.
Esa labor antes correspondía al Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Fueron tiempos convulsos, caracterizados por fuertes roces con la Policía Judicial.
“Fue un cambio muy brusco. Podría decirse que en ese momento el Ministerio Público se formó; pasó de ser inquisitorio a uno acusatorio. Hubo mucha resistencia; policías con muchos años de carrera que no aceptaban las directrices de fiscales jóvenes o de mujeres.
“Ellos (el OIJ) se manejaban casi que por la libre. Fue muy difícil, en general con todas las policías”, recordó el abogado.
En tiempos de Arias se creó la Unidad de Trámite Rápido (para ver casos expeditos), la oficina de Atención a la Víctima, la Inspección Fiscal (órgano disciplinario) y la Fiscalía Penal Juvenil.
Al fiscal saliente, Francisco Dall’Anese, se le reconoce por el impuso dado a la ley contra el Crimen Organizado y la ley de Protección de Víctimas y Testigos.
También investigó los casos ICE-Alcatel y CCSS-Fischel, que llevaron ante los tribunales a los expresidentes Rafael Ángel Calderón Fournier y Miguel Ángel Rodríguez Echeverría (actualmente en juicio) como sospechosos de recibir comisiones indebidas.