Uno de los hombres de apellidos Aguilar Jiménez, que se encontraba dentro de la vivienda que alquila el futbolista Carlos Barahona Jiménez, sacó un arma en el momento en que agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ingresaron al inmueble para ejecutar su captura.
Junto a Barahona, las autoridades detuvieron a Aguilar Jiménez, de 18 años, y a Artavia Jiménez, de 21. A estos dos últimos se les vincula como presuntos gatilleros y cobradores.
Desde fuera, solo se escuchaban los gritos y los quejidos de uno de los detenidos: “Ay, me va a matar, hijueputa, ay, ay”.
Los agentes del OIJ destacados en Heredia tuvieron que emplearse más a fondo para vulnerar la estructura e ingresar a la casa de clase media, ubicada en las cercanías de un plantel de Jasec en Oreamuno de Cartago.
A Barahona, de 24 años, las autoridades judiciales lo vinculan con extorsiones cobratorias, asociadas a préstamos gota a gota.
Al momento de la aprehensión, el jugador de primera división y seleccionado nacional, de 24 años, vestía únicamente una pantaloneta azul con el número 6 y el escudo de la Sele.
Horas antes, el deportista había jugado como titular en el partido entre el Club Sport Cartaginés y el Puntarenas FC.
La vivienda fue alquilada por Barahona durante más de un año y en ella también residen sus abuelos y una sobrina menor de edad, quienes se encontraban en el lugar durante la incursión judicial. El contrato de alquiler se había renovado el mes pasado.
Durante la revisión del inmueble, los agentes decomisaron teléfonos celulares, municiones, un pasamontañas y al menos 200 gramos de marihuana distribuidos en envoltorios.
En la propiedad se ubicaban dos vehículos: un Chevrolet Trax RS del año 2025, valorado en casi ¢15,6 millones, y un Land Rover del año 2015, con un valor de Hacienda de ¢1,6 millones, el cual figura inscrito a nombre de otro futbolista costarricense.
En un segundo operativo llevado a cabo en una vivienda en Guadalupe de Cartago, las autoridades capturaron a un cuarto sospechoso, de apellido Duarte y 40 años.
Los presuntos cobradores de los préstamos que supuestamente colocaba Barahona y otro sospechoso investigando en la causa tendrían relación con la banda Los Gery, afincada en Cartago, y una de las responsables del incremento de la violencia homicida en la provincia.
A los imputados se les investiga por los delitos de extorsión cobratoria, amenazas con arma, amenazas de muerte y asociación ilícita.
La pesquisa judicial comenzó en abril del 2026, tras denuncias de víctimas que indicaron haber recibido préstamos en diciembre del 2025.
Posteriormente, de acuerdo con la denuncia, los sospechosos habrían comenzado a cobrar altos intereses.
Se presume que, si las víctimas no cancelaban, los sospechosos ponían en marcha una serie de amenazas mediante visitas a sus casas, mensajes de texto y llamadas.