El caso conocido como “Topo”, que sacudió al Poder Judicial en junio del 2024 con la detención de tres jueces y tres fiscales, sospechosos de colaborar con redes criminales, sufrió un revés. El Tribunal Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José anuló este martes 20 de mayo la resolución que autorizó los allanamientos contra los funcionarios judiciales, al acoger un recurso de apelación presentado por la defensa.
Así lo confirmó el propio Poder Judicial a La Nación:
Al declararse la ineficacia de la orden de allanamiento, se anularon todas las actuaciones derivadas.
Esto significa que todo el material obtenido mediante los operativos judiciales, realizados en edificios judiciales y viviendas en San José y Cartago, quedó excluido del proceso, por lo que no podrá ser usado como prueba. Además, esta resolución es firme y no admite ningún otro recurso de apelación.
Una presunta red dentro del Poder Judicial
La operación judicial que hoy queda sin sustento legal se llevó a cabo el 21 de junio del 2024 y resultó en la detención de seis funcionarios judiciales, incluyendo a jueces penales, fiscales y una jueza de Tránsito. Al parecer, todos habrían estado vinculados al exjuez Luis Diego Ulloa Rodríguez, asesinado en febrero pasado en La Unión de Cartago, en lo que las autoridades calificaron como una posible ejecución por encargo.
Según reveló en su momento Michael Soto, subdirector del OIJ, Ulloa defendía a miembros de estructuras criminales y, presuntamente, recibía apoyo interno en el Poder Judicial para facilitar audiencias y obtener información privilegiada.
Entre los delitos investigados, se incluían tráfico de influencias, cohecho propio, legitimación de capitales y divulgación de secretos.
La fiscala subrogante Karen Valverde advirtió entonces sobre la gravedad de la supuesta infiltración: “La sociedad, como tal, tiene que estar atenta a esta contaminación de la corrupción dentro de la institución. Todos tenemos que ser cuidadosos, estar alertas, de ese tipo de acercamientos”.
El Poder Judicial no ofreció detalles sobre las razones técnicas o de fondo por las que el Tribunal Penal de Hacienda anuló la resolución original del allanamiento.
“Por ser este caso en investigación, por disposición legal no podemos ahondar en detalles”, indica el pronunciamiento oficial.
‘La imagen del Poder Judicial se vio afectada’
El abogado Francisco Jiménez, defensor de la jueza penal Evelyn Cabezas Arce, alegó que su clienta ha sido víctima de una persecución penal injustificada y que la investigación de la Fiscalía en el caso Topo se basó en hechos erróneos desde el inicio.
“Desde el primer momento, fue injusta, arbitraria e innecesaria”, afirmó Jiménez, quien explicó que a Cabezas se le achacó que como jueza penal de La Unión, en una audiencia preliminar bajo su conocimiento, consignó información falsa en la minuta, al indicar que Luis Diego Ulloa se había apersonado como defensor de una persona imputada, cuando supuestamente eso no había ocurrido.
No obstante, cuando se realizó el allanamiento, en junio de 2024, la Fiscalía secuestró el expediente en cuestión, y a través de la grabación de la audiencia preliminar, se pudo constatar que el abogado Ulloa efectivamente estuvo presente en la audiencia y ejerció la defensa del imputado, en presencia de una fiscal y de otro abogado defensor.
Jiménez dijo que el Ministerio Público modificó la imputación a un presunto “incumplimiento de deberes”, por no dejar constancia formal del apersonamiento del defensor. Sin embargo, esta calificación jurídica también fue desestimada por el juez penal a cargo del análisis preliminar del caso, agregó.
Pese a esto, alega el defensor, la jueza fue suspendida, su nombre circuló públicamente como imputada en un caso de corrupción, y su reputación profesional quedó expuesta.
Jiménez cuestionó, además, la forma en que se recolectó la evidencia, pues asegura que el celular del occiso Ulloa Rodríguez habría sido “irregularmente manipulado” y que se habría quebrado la cadena de custodia de ese dispositivo.
El abogado denunció que hubo diligencias realizadas sin control judicial y que incluso se enviaron informes con información protegida a la Inspección Judicial antes de los allanamientos, lo que podría representar una violación a la Ley sobre el Registro y Archivos Judiciales (Ley 7425).
“La torpe y atropellada investigación de la Fiscalía no solo causó un grave daño a mi defendida, sino que afectó la imagen del Poder Judicial”, concluyó.