La empresa AeroCaribe Air Charter presentó una denuncia por homicidio culposo contra varios funcionarios de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), encargados del control de vuelo de la avioneta TI-GER que se estrelló cerca del cerro Pico Blanco, en Escazú, y que cobró la vida de cinco de sus seis ocupantes el lunes 25 de noviembre.
Según la compañía, “existieron fallas en la gestión del espacio aéreo y en los protocolos de atención de emergencia, que habrían influido en el siniestro de la aeronave" Cessna 206 Stationer que regresaba de desde Barra del Tortuguero, en Limón, con destino al aeropuerto Tobías Bolaños, en Pavas, San José, el cual estaba cerrado por mal tiempo.
La denuncia, confirmada este viernes por la misma empresa, ante consultas de La Nación, “tiene el propósito de sentar responsabilidades penales y civiles contra quienes tuvieron a cargo el manejo del centro de control del radar que pertenece a la Dirección de Aviación Civil, por incurrir en acciones en acciones y omisiones que conllevaron al desastre aéreo que causó la muerte de varias personas”, agrega el documento firmado por el representante legal de la firma, el abogado penalista Federico Campos Calderón.
En ese documento se afirma que los funcionarios de la DGAC, los encargados del Control de Tránsito Aéreo, “faltaron al deber de cuidado al girar las instrucciones al piloto de la aeronave a control por instrumentos IFR (Instrument Fligth Rules)”.
La firma denunciante alega que, el control aéreo también contaba con el apoyo del radar que indica los obstáculos y alturas mínimas en esa zona montañosa, donde “se debía prever una altitud mínima de 10.000 pies para ese sector, tal como lo indica el mapa de vectores oficial”.
“A pesar de eso, las instrucciones dirigidas al piloto le ordenaron mantener la aeronave a 6,500 pies, momento en que se dio el percance”, agrega el comunicado.
Además de AeroCaribe Air Charter, la denuncia la suscriben también las familias de tres de las víctimas, el piloto, Mario Miranda Ramírez, de 40 años; la copilota, Ruth Mora Chavarría (26) y el pasajero, Enrique Arturo Castillo Incera (56).
En el siniestro también fallecieron los pasajeros Jean Franco Segura Prendas (28) y Gabriela López Calleja Montealegre (64). La única sobreviviente es Paola de los Ángeles Amador Segura, de 31 años, quien permaneció internada durante varias semanas en el Hospital del Trauma del Instituto Nacional de Seguros (INS).
“Asumí la representación legal ante las instancias judiciales de familiares de varias de las víctimas y de la empresa aérea, quienes pretenden se responsabilice por el delito de Homicidio Culposo en razón de la muerte de sus parientes y se les indemnice por los daños y perjuicios causados”, afirmó el abogado penalista Federico Campos
AeroCaribe declinó revelar los nombres de las personas denunciadas en el documento.
Este medio llamó este viernes a las 6 p. m. al subdirector general de Aviación Civil, Luis Miranda Muñoz, quien indicó que no tenía conocimiento de la denuncia y que, sobre el accidente, no podía emitir criterio, porque ”se encuentra en investigación”.
Pese al desconocimiento de Miranda, la denuncia se presentó desde el 20 de marzo pasado, en la Fiscalía de Pavas.
Aquel lunes fatídico
El 25 de noviembre, en horas de la mañana, la avioneta que transportaba a seis costarricenses desde Barra del Tortuguero, en Limón. Sin embargo, cuando faltaban pocos minutos para el aterrizaje, cerca de las 12:30 p. m. se perdió contacto con la TI-GER, cuando cruzaba los cerros de Escazú bajo fuerte nubosidad.
En aquella época, Luis Miranda Muñoz explicó que plan de vuelo original contemplaba como destino el aeropuerto Tobías Bolaños, en Pavas. No obstante, debido a la escasa visibilidad, esa terminal fue cerrada al mediodía y la aeronave se desvió hacia el Santamaría, donde ingresó brevemente al espacio aéreo antes de desaparecer del radar.
La operación de búsqueda se inició con la colaboración de otras aeronaves privadas, incluyendo una Piper Seneca TI-BBS, también de AeroCaribe, y una Piper Arrow TI-AMZ de la empresa CarmonAir. Fue esta última, bajo el mando del capitán Everardo Carmona, la que avistó el fuselaje dañado a las 2:00 p. m., a unos 7.000 pies de altura (2.133 metros).
Horas después, tras una búsqueda aérea coordinada entre empresas privadas y cuerpos de socorro, la avioneta fue localizada en una empinada ladera cerca de Pico Blanco, entre los cerros Cedral y Rabo de Mico, a más de 2.100 metros de altitud.
De los seis ocupantes, cinco murieron en el sitio.
El piloto, Mario Miranda, era hijo de Cleto Miranda, otro piloto fallecido en un accidente aéreo en el 2000. Tras el fallecimiento de su papá, asumió responsabilidades adultas desde joven. Terminó el colegio y comenzó a vender ropa, perfumes y lentes, artículos que compraba en Miami o en la frontera.
Con las ganancias, financió sus estudios de aviación y cumplió su sueño de volar, en honor a su papá. También trabajó como conductor para plataformas digitales y, gracias a su dedicación, consiguió establecerse como piloto profesional, recordó su amigo Andrés Cordero.
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Ruth Pamela Mora Chavarría soñó desde temprana edad con dedicar su vida a la aviación. Su dominio del inglés y sus metas claras le permitieron cumplir ese sueño.
La joven, vecina de Moravia, en San José, había completado todas las etapas para certificarse como piloto privado y comercial e incluso en octubre había aprobado el examen para volar aviones de más de un motor.
En tanto, Enrique Castillo Incera, era empresario y un apasionado del mountain bike.
Jean Franco Segura era un apasionado del turismo y la conservación ambiental y aquel vuelo fatídico era el primero que hacía en avioneta; mientras que Gabriela López Calleja Montealegre, de 64 años, era la directora de la Fundación Horizontes.