El derrumbe de un túnel artesanal en Crucitas, en Cutris, San Carlos, provocó la muerte de un minero y le causó heridas a otros dos hombres. La emergencia ocurrió el miércoles 27 de marzo a las 7:30 p. m., aproximadamente. Algunos de los testigos informaron a las autoridades que a la víctima lo conocían como Milton Mercado, nicaragüense de 25 años.
Los heridos fueron identificados como Erbin Mercado Orozco, de 21 años, hermano del fallecido, y José Orlando Palacio, de 24 años, ambos son nicaragüenses. Los sujetos permanecían de forma ilegal en Crucitas, pues la actividad minera está prohibida en ese lugar desde años atrás.
De acuerdo con el reporte de las autoridades, los hombres intentaban extraer oro cuando el túnel cayó y los atrapó. Otros mineros que estaban en la zona iniciaron el rescate, lograron sacar a dos de los tres hombres enterrados por la tierra y pidieron auxilio a la Cruz Roja y la Fuerza Pública. Sin embargo, notaron que Milton estaba muerto y no continuaron escarbando.
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Los mineros trasladaron a los heridos a un centro médico en un vehículo particular. De camino, se encontraron con una ambulancia que asumió la atención médica. Un grupo de paramédicos que llegó hasta el sitio del accidente confirmó la muerte de Milton.
Viejo problema
La presencia ilegal de mineros en Crucitas es un problema que las autoridades llevan años sin poder erradicar. La extracción irregular de minerales en esa comunidad genera inseguridad, conflictos sociales y daños ambientales que incluyen la contaminación del suelo y del agua.
En setiembre de 2021, la Sala Constitucional ordenó a varios ministros de la Administración de Carlos Alvarado Quesada elaborar un plan para valorar la dimensión de los daños, contener la contaminación de fuentes de agua, flora y fauna y resolver los problemas de inseguridad. No obstante, pasaron los meses y las autoridades incumplieron el mandato de los magistrados y el problema sigue en crecimiento.
En la actualidad, más de 250 familias de Cutris y Pocosol, cerca de la frontera con Nicaragua, no pueden utilizar el agua que llega a sus casas, pues está cargada de mercurio, una sustancia dañina para la salud.
El 3 de febrero de 2023, la Sala Constitucional advirtió al Ministerio de Ambiente y Energía, al Ministerio de Salud y al Ministerio de Seguridad Pública su obligación de cumplir con la sentencia emitida en 2021. Esa resolución fue motivada por una gestión de desobediencia presentada por el ambientalista, Henry Picado Cerdas y el representante de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente, Álvaro Sagot Rodríguez.
Aunque el pronunciamiento menciona algunos esfuerzos de las instituciones como monitoreo y muestreo de aguas, decomiso de metales y otros materiales utilizados por los mineros, creación de protocolos, capacitaciones para ciudadanos y funcionarios, enfatiza que “no se ha logrado acreditar la existencia de un plan específico” para la valoración y contención de los daños ambientales producto de la minería ilegal.
Crónica de un desastre ambiental avisado en Crucitas
