El accidente de una española que cayó a un guindo en las faldas del volcán Turrialba ratifica el riesgo, muchas veces advertido, de los ingresos ilegales a reservas forestales los cuales, incluso, son penados con cárcel.
En este caso, el grupo lo componían seis españoles que estaban de visita en el país y un costarricense que les servía como guía.
La mujer de 39 años, identificada como Isabel González, estuvo dos noches en la montaña sufriendo fuertes dolores y molestias por múltiples lesiones, entre ellas, en el cráneo, luego de caer en un descenso por cuerdas en un cañón de 600 metros de altura. Estando a 350 metros del suelo, un elemento de seguridad se soltó y la mujer tuvo, en un momento, una caída libre de 20 metros. Gracias a una cuerda de apoyo no cayó hasta el fondo y logró sobrevivir.
La vida de la turista no solo estuvo en peligro, sino, que el rescate también comprometió a socorristas que, voluntariamente, arriesgaron sus vidas para sacarla de esa zona. También implicó un costo económico para el Estado por el servicio de helicóptero que logró trasladarla hasta el aeropuerto Juan Santamaría y de allí al hospital público de la CCSS en Alajuela.
El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) volvió a hacer un llamado a la población para que no se entre en áreas silvestres protegidas por sitios no autorizados para la atención turística.
En lugares como este, cuyo acceso se realiza a través de propiedades privadas, no se cumplen las condiciones de seguridad necesarias, ya que la falta de senderos y lo escabroso de los terrenos pueden propiciar accidentes tan graves como el de la española, dadas las condiciones topográficas.
Algunas zonas de esas áreas son declaradas como restringidas basándose en criterios técnicos, científicos y legales establecidos para su gestión a nivel nacional, así como por convenios internacionales.
Los accesos ilegales a estas zonas restringidas están penados según el artículo 58 de la Ley Forestal N.° 7575, que prevé prisión de tres meses a tres años para quienes invadan áreas de conservación o protección, independientemente de si se trata de terrenos privados del Estado, de otras entidades de la Administración Pública o de terrenos de propiedad privada.
Durante el 2023, se sorprendió a 756 personas ingresando a Parques Nacionales por lugares no autorizados, mientras que en 2022, fueron interceptadas 4.632 personas, todas ellas poniendo en riesgo sus vidas.
Según el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, los lugares con mayores ingresos ilegales son el volcán Poás, el Turrialba, el Rincón de la Vieja y el Arenal, donde las personas se exponen al vapor de fumarolas y, en algunos casos, a erupciones freáticas, inhalación de gases tóxicos, precipicios, problemas de hipotermia, caída de cenizas, lluvia ácida, impactos balísticos, corrientes de lodo y caídas severas, como en el caso más reciente ocurrido en una zona protegida.
Los guardaparques han detectado ingresos clandestinos o tours ilegales que ponen en grave peligro a los turistas, por lo que la institución hizo un llamado a la población para que se abstenga de realizar tales prácticas, no solo por las sanciones civiles que pueden recibir, sino también por el riesgo al que exponen sus vidas, ya que no existen condiciones adecuadas para evacuar a una persona en caso de accidente, como el ocurrido el sábado.
El SINAC solicita denunciar aquellas empresas o personas que promocionen tours en redes sociales a sitios no autorizados dentro de los Parques Nacionales, ya que este negocio ilícito fomenta la visita a estos lugares, especialmente los fines de semana, cobrando montos que superan los ¢35.000 por persona.
Esta entidad realiza operativos especiales periódicos, con la colaboración de otras instituciones, para evitar los ingresos ilegales en las diferentes Áreas Silvestres Protegidas habilitadas para la atención turística, especialmente durante esta época de Semana Santa.