En medio de los disturbios sociales y económicos, la pandemia aparece sin invitación a un cóctel ya lleno de dolores de cabeza latinoamericanos. Las prevalecientes tasas de pobreza y una perspectiva económica ya débil colocan a América Latina en una posición frágil para enfrentar los más de 22 millones casos confirmados hasta agosto 2020.
El virus ha aterrizado en un terreno fértil para exponer y agravar las disparidades y divisiones sociales preexistentes que caracterizan a gran parte de la región. El virus ha resaltado algunas de las luchas que enfrentan las minorías sociales en la sociedad, particularmente las mujeres.
Las políticas de bloqueo impuestas para evitar su propagación han dado lugar a niveles elevados de violencia doméstica relacionada con el género, con un aumento en el número de denuncias en muchos países.
En 2019, casi el 60 % de las mujeres bolivianas reportaron algún tipo de violencia física por parte de su pareja. En México, los datos oficiales registraron el asesinato de 10 mujeres por día durante 2018.
La gran dimensión de este problema desencadenó un tsunami de protestas en todo el continente, que culminó en manifestaciones masivas organizadas en el Día Internacional de la Mujer en marzo. La movilización fue una de las más grandes de la región en los últimos años, particularmente en México, Argentina y Chile. Pero nadie pudo anticipar cuánto empeoraría la situación ya preocupante para las mujeres y los niños debido a las condiciones de vida limitadas que requieren las medidas de prevención a causa del covid-19.
En Argentina, las llamadas de emergencia por violencia doméstica han aumentado en un 25 % desde el comienzo del confinamiento. En México, el aumento alcanzó un asombroso 60 %, mientras que en los refugios para mujeres se duplicaron las solicitudes debido a la violencia doméstica. En Chile, solo el fin de semana del 27 al 29 de marzo, las llamadas de emergencia a la Línea Directa de Consejería sobre Violencia contra la Mujer aumentaron en un 70 % en comparación con el fin de semana anterior. En Colombia, el aumento alcanzó el 79 % desde la adopción de medidas de aislamiento, mientras que en Perú, 23 días después de que se declarara el estado de emergencia, la línea directa de violencia contra las mujeres recibió un promedio de 360 llamadas por día, 27 de las cuales involucraron a niños.
Costa Rica, durante el 2019, el Sistema de Emergencias 9-1-1 recibió 109.008 llamadas por incidentes de violencia intrafamiliar, una cifra que sigue el mismo patrón en lo que llevamos del año 2020.
Es cierto que la mayoría de los países de América Latina han establecido medidas para prevenir y enjuiciar la violencia de género. Sin embargo, la región sigue siendo una de las regiones más hostiles para las mujeres.
Pandemia agravó las cosas
Todos los años, millones de niñas se ven sometidas a prácticas que les provocan daños físicos y emocionales con el conocimiento y consentimiento plenos de sus familias y comunidades. Esta es la situación plasmada en el informe Estado de la Población Mundial 2020, que publicó el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el organismo de las Naciones Unidas que se encarga de la salud sexual y reproductiva.
Algunas prácticas nocivas están decayendo en los países en los que sucedían con mayor frecuencia. Sin embargo, debido al crecimiento demográfico de estas naciones, la cifra de niñas damnificadas aumentará en los próximos decenios a menos que se adopten medidas urgentes.
Si bien se han logrado avances encaminados a suprimir algunas prácticas nocivas en todo el planeta, la pandemia de covid-19 amenaza con desbaratar estas conquistas. Un análisis reciente reveló que, si los servicios y programas permanecen suspendidos seis meses, puede que otras 13 millones de niñas sean obligadas a casarse y que 2 millones más de niñas sean víctimas de una mutilación genital femenina de aquí a 2030.
“Nuestro trabajo se complica y se vuelve más urgente a causa de la pandemia, ya que ahora hay muchas más niñas en situación de riesgo”, explica Natalia Kanem, Directora Ejecutiva de UNFPA. “No cesaremos hasta que tengan plena potestad sobre sus derechos, sus decisiones y sus cuerpos”.
“La atención de la salud sexual y reproductiva es un derecho y, tal como sucede con los embarazos y los partos, los derechos humanos no se detienen durante las pandemias”, agregó en su mensaje para el Día Mundial de la Población que se conmemora cada 11 de julio.
Según dicho informe, existen al menos 19 prácticas nocivas (desde el planchado de los senos a las pruebas de virginidad) que son violaciones de los derechos humanos. El documento se centra en los tres tipos más preponderantes: la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil y la preferencia por los hijos varones muy en detrimento de las hijas.
Se calcula que este año, 4,1 millones de niñas sufrirán una mutilación genital femenina. Hoy mismo, 33.000 niñas menores de 18 años se verán obligadas a casarse; por lo general, sus maridos son hombres mucho mayores que ellas. Además, en algunos países, la preferencia desaforada por los hijos varones ha promovido la selección del sexo con sesgo de género o casos de desamparo extremo que han desembocado en la muerte de las niñas. El resultado son 140 millones de niñas y adolescentes “desaparecidas”.
Mujeres en desventaja
A las presiones demográficas y el hecho de que no se han dado bastantes cambios se suma la situación desigual en cuanto a avances en materia de igualdad de género a escala global. En 57 países, solo el 55% de las mujeres entre 15 y 49 años casadas o en unión libre tiene el poder de tomar sus propias decisiones respecto a las relaciones sexuales y el uso de anticonceptivos y servicios de salud reproductiva, según el informe publicado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas.
Asimismo, en algunas regiones del mundo han aumentado las restricciones que afectan la salud y los derechos sexuales y reproductivos, o se ha limitado o eliminado la educación sexual integral en el ámbito escolar.
Todavía hay más de 100 países en los que la ley impide que las mujeres ocupen determinados puestos de trabajo, según datos del Banco Mundial.
En paralelo, no se han realizado mayores esfuerzos por mitigar la influencia de las nuevas tecnologías que, si bien aportan muchas ventajas, han expuesto más a las mujeres y las niñas al riesgo de sufrir violencia y abusos.
Según el informe del UNFPA, durante el próximo decenio podrían producirse 2 millones de casos de mutilación genital femenina evitables debido a la interrupción de los programas de prevención de dicha práctica en respuesta a la COVID-19. Igualmente, la COVID-19 socavará los esfuerzos para erradicar el matrimonio infantil, lo que podría dar lugar a 13 millones de matrimonios infantiles adicionales entre 2020 y 2030, que podrían haberse evitado.
¿Cómo erradicar las prácticas nocivas?
De acuerdo con el informe, se ha logrado progresar en la disminución de la tasa de incidencia de estas prácticas nocivas; sin embargo, debido al crecimiento de la población a nivel global, el número de niñas y adolescentes sometidas a ellas está realmente creciendo. Los acuerdos internacionales, resoluciones y leyes no han sido suficientes para terminar con las prácticas nocivas. En noviembre de 2019, durante la Cumbre de Nairobi: “Adelantando la promesa”, representantes de 173 países se comprometieron a erradicar las prácticas nocivas para 2030. Este año comienza la “Década de Acción” para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible recogidos en la Agenda 2030.Una de sus metas, la 5.3, busca precisamente poner fin a todas las prácticas nocivas. Para lograrlo, es necesario que el ritmo del progreso sea más rápido.
Las soluciones para erradicar las prácticas nocivas pueden variar de un país a otro, pero en todo caso deberán alinearse con las medidas para lograr el progreso en cuanto a la igualdad de género y los derechos de las mujeres desde el nivel familiar y comunitario, hasta las instituciones y la sociedad como un todo. En eso incide desde la aprobación de leyes que prohíban las prácticas nocivas, pasando por las acciones que mitiguen riesgos de que se lleven a cabo de manera clandestina, analizando los determinantes sociales y económicos, hasta garantizar los servicios de salud pública y educación.
La Secretaría General adjunta y directora ejecutiva del UNFPA, Natalia Kanem, alerta en el Estado Mundial de la Población que “para transformar la mentalidad y las normas sociales, el primer paso es informar a los progenitores acerca de las consecuencias que acarrea para sus hijas estas prácticas nocivas y sobre las ventajas para las familias y las comunidades que se derivan de que las niñas estén sanas, se fomente su autonomía y se respeten sus derechos. “Tenemos claro que las actuaciones que equiparan la situación de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños en todos los ámbitos de la vida contribuyen a modificar tradiciones perjudiciales muy arraigadas. Somos conscientes de que desmantelar los sistemas de propiedad y herencia por vía paterna puede ser también de ayuda a la hora de disolver la institución del matrimonio infantil. Sabemos lo que da resultado”.
En Costa Rica
En nuestro país, dos fenómenos siguen presentándose como prácticas nocivas que comprometen el futuro de niñas y adolescentes: uno es el embarazo en la niñez y la adolescencia y el otro es el de las relaciones impropias, que son relaciones sexuales entre personas adultas con personas menores de edad.
Según la legislación nacional, se establecen diferencias de edad en las cuales las relaciones sexuales con personas menores de edad son penalizadas:
- Si son menores de 13 años, constituye delito de violación
- Si tienen entre 13 y 15 años y la relación sexual se da con una persona que supera en cinco años o más a la persona menor de edad, es relación impropia.
- Si tienen entre 15 y 18 años y la relación sexual se da con una persona que supera en siete años o más a la persona menor de edad, es relación impropia.
La Ley para el Fortalecimiento de la protección legal de las niñas y las adolescentes mujeres ante situaciones de violencia de género asociadas a relaciones abusivas (conocida popularmente como Ley de Relaciones Impropias) se aprobó en diciembre de 2016 y es un primer paso para el rompimiento de la cultura que ha normalizado las relaciones impropias, que requiere de mayores y más profundas acciones en los ámbitos educativo, cultural, social, entre otros.
En cuanto a los embarazos y nacimientos en niñas y adolescentes. En el año 2000 se dieron 611 nacimientos en niñas de 14 años o menos. Esa cifra disminuyó a 264 nacimientos en el 2019.
“Si bien es cierto los datos han disminuido, la realidad demuestra que cinco niñas menores de 14 años son madres cada semana; y 21 adolescentes entre 15 y 19 años son madres cada día. Esto demuestra que estamos lejos de haber cumplido con el compromiso de la protección de los derechos de estas niñas y adolescentes. Una relación impropia, un embarazo temprano, son violaciones de derechos que afectan el desarrollo de las niñas y las mujeres, sus comunidades y, al final de cuentas, el desarrollo del país”, afirma Paula Antezana, Representante Auxiliar de UNFPA Costa Rica.
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Fuentes:
Eugene Zapata-Garesché es director gerente para América Latina y el Caribe de la Red Global de Ciudades Resilientes y miembro del Consejo Editorial de Americas Quarterly.
Luciana Cardoso es consultora en Programas y Operaciones de Resiliencia para América Latina y el Caribe en la Red Global de Ciudades Resilientes.
Paula Antezana, Representante Auxiliar de UNFPA Costa Rica.
Alice Shackelford, Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas.
Natalia Kanem, Directora Ejecutiva de UNFPA.
Informe del Estado de la Población Mundial 2020 “Contra mi voluntad: desafiar las prácticas que perjudican a las mujeres y niñas e impiden la igualdad”.
Sistema de Emergencias 9-1-1 de Costa Rica.