Para el observador externo —y para gran parte de América Latina— la imagen tradicional de las agencias migratorias de Estados Unidos y de ICE suele ser la de una fuerza policial conformada por personas nacidas en ese país y sin influencia (sanguínea ni cultural) de alguna de las cientos de culturas que cohabitan en sus fronteras.
Sin embargo, la realidad operativa en la frontera sur y en los centros de detención estadounidenses muestran un escenario, digamos, sorpresivo, pues miles de personas indocumentadas son interceptadas, custodiadas y procesadas por agentes que comparten su idioma, herencia cultural y, en muchos casos, origen étnico.
De acuerdo con investigaciones académicas del Program in Latin American Studies de la Universidad de Princeton, así como distintos análisis del Centro de Estudios Interamericanos y Fronterizos de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP), este fenómeno responde a una mezcla de factores socioeconómicos y geográficos.
Según bases de datos de la Oficina de Asuntos Públicos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) —obtenidas mediante solicitudes de acceso a la información por la cadena Univision Noticias y reexaminadas en análisis por medios como The TRiiBE y el portal Latino Rebels—, cerca del 30% de los agentes de ICE se identifican como latinos, superando en número a los oficiales afroestadounidenses (en proporción de 2 a 1) y asiáticos (4 a 1).
El fenómeno es todavía más evidente en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, que integra a la Patrulla Fronteriza). Uno de cada dos agentes es de origen hispano (entre el 50% y el 52%).
La cifra contrasta drásticamente con la realidad del país: mientras en todo Estados Unidos los latinos representan menos del 20% de la población, en la custodia de la frontera conforman exactamente la mitad de la fuerza policial.
Por supuesto, la pregunta es inexorable: ¿qué hay detrás de todo esto?
¿Por qué hay tantos latinos en ICE?
Lejos de obedecer a motivos ideológicos antiinmigrantes, la incorporación de latinos a estas fuerzas pareciera responder prioritariamente a la búsqueda de estabilidad socioeconómica en un mercado laboral que pinta desigual.
Un estudio del Dr. David Cortez, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Notre Dame —publicado en la revista académica Political Research Quarterly bajo el título “Latinxs in La Migra: Why They Join and Why It Matters”—, revela que, tras entrevistar a 61 agentes de ICE y CBP en Texas, California y Arizona, la razón por la que se suman a ICE es por un tema de “supervivencia financiera”.
Mientras la Oficina del Censo de EE. UU. reporta que los hispanos representan el 27% de la población nacional en situación de pobreza, las agencias federales de seguridad fronteriza garantizan un salario inicial de $50.000 anuales, pensión federal y seguro médico sin exigir un título universitario.
Las voces de los propios oficiales, documentadas en el informe de campo del Dr. Cortez divulgado por la Universidad de Notre Dame, reflejan la premura económica detrás de sus uniformes. Claudio CJ Juárez, un agente veterano entrevistado para dicha investigación, afirmó sobre su reclutamiento inicial que “no fue por otra cosa... literalmente me estaba muriendo de hambre”.
En esa misma línea, la oficial de ICE Sylvia Newman relató al investigador que su ingreso obedeció a la necesidad de mantener a sus hijos tras un divorcio. “Era madre soltera... por eso conseguí este trabajo. Me acababa de divorciar, tenía hijos de dos y tres años y necesitaba un empleo con mayor seguridad”.
Según concluye el análisis de Cortez, los agentes hispanos ingresan a la guardia migratoria impulsados por las mismas privaciones materiales que llevan a los migrantes indocumentados a cruzar la frontera.
Eso no es todo
A los beneficios económicos se suma un factor de integración cultural. Según estudios de campo del antropólogo Josiah Heyman, de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP), las familias locales ven a la Patrulla Fronteriza de forma similar al servicio militar: una profesión “respetable” dedicada a combatir el crimen . Esto los lleva a poner su deber por encima de sus raíces y a verse, ante todo, como defensores de la ley.
De acuerdo con las publicaciones del Dr. Heyman, la socialización durante el entrenamiento policial lleva a estos agentes a concebirse como servidores públicos cuya obligación es proteger la soberanía y el orden legal sobre cualquier otro aspecto.
Asimismo, el reclutamiento de hispanohablantes responde a necesidades estratégicas. En declaraciones a Univision Noticias, David Marín, exdirector de Operaciones de Deportación de ICE en Los Ángeles, reconoció que el bilingüismo y el conocimiento cultural de los agentes latinos son indispensables para llevar a cabo interrogatorios, mediaciones y procesos de detención.
Paralelamente, los reportajes de investigación de la revista Pacific Standard constatan que algunos oficiales latinos defienden su permanencia en la agencia argumentando que su presencia aporta un trato más comprensivo y humano hacia los detenidos en comparación con agentes de otros trasfondos culturales.
No obstante, existe evidencia que el ejercicio de este rol profesional impone un costo psicológico y emocional. Según las conclusiones publicadas por la Universidad de Notre Dame a partir del trabajo del Dr. Cortez, los oficiales hispanos enfrentan tensiones morales y rechazo social que raras veces afectan a sus colegas anglosajones, siendo calificados de “traidores” en sus propios entornos comunitarios, familiares o religiosos.
El estudio de Cortez destaca que esta presión cotidiana desencadena profundas crisis de empatía en los agentes, quienes en medio de los operativos suelen cuestionarse: “¿Qué pasaría si este fuera yo? ¿O qué pasaría si fuera mi madre?”.
Pareciera que, en muchos casos, cuando la puerta de la patrulla se cierra, el agente y el detenido comparten la urgencia de supervivencia y muchos sentimientos similares, eso sí, con la diferencia del uniforme que uno de los dos porta.