La vejez en Costa Rica a veces huele a pegamento. Huele a la goma Loca con la que María de los Ángeles, de 81 años, pegó los dos trozos de su prótesis dental después de que se le quebrara accidentalmente. No le quedó otra opción que unir las piezas para seguir comiendo.
María fue ama de casa y no recibe pensión. Su esposo, también adulto mayor, trabajó en la informalidad, nunca cotizó. Ella es portadora de una deficiencia visual conocida como retinopatía diabética y fue operada de una catarata, pero el resultado quirúrgico no fue satisfactorio, su visión no mejoró, ahora lleva doce meses esperando una cita en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para que un especialista la valore nuevamente.
Mientras llega el día de la cita, el sol la encandila, se marea y camina con dificultad a tal punto que salir sola se ha convertido en una práctica difícil de realizar, pese las recomendaciones médicas de mantenerse activa.
Sus días, sus horas transcurren entre el cuarto y la sala, frente al televisor, viendo noticias, novelas, la Rosa de Guadalupe y otros programas televisivos. Ella prefiere quedarse en casa, donde se siente más segura frente a los malestares frecuentes que la aquejan.
María vive acompañada de una de sus hijas, quien ha buscado la manera de adaptar su vivienda para sus padres. Sus otros hijos son visitas efímeras. Las posibilidades de María de desenvolverse sin ayuda se reducen cada día.
La historia de María muestra una realidad que la esperanza de vida no responde: ¿Qué condiciones ofrece Costa Rica para que la población que supera los 65 años de edad pueda conservar la autonomía, su independencia y su calidad de vida?
Vivir más no basta
Costa Rica avanza vertiginosamente hacia un cambio demográfico que transforma las necesidades de atención, vivienda, cuidados y movilidad. Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), las personas de 65 años y más representan actualmente el 12,2% de la población nacional, un grupo que supera las 638.000 personas y que se ha duplicado en las últimas dos décadas. Las proyecciones apuntan que para el año 2050, una de cada cuatro personas pertenecerán a este grupo.
Los expertos coinciden en que el envejecimiento poblacional no es, por sí mismo, una crisis. Los desafíos son que las instituciones y los entornos se adapten a una sociedad en la que cada vez más personas llegarán a edades avanzadas.
Según Milena Bolaños Sánchez, directora del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología (HNGG), el envejecimiento no es lo mismo que enfermedad y no debemos atribuirle a la edad todo lo que una persona deja de hacer. A su juicio, los seres humanos envejecen de distintas maneras y no todos necesitan los mismos apoyos: una enfermedad crónica no elimina necesariamente la capacidad de decidir, movilizarse o participar en la comunidad.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) utiliza el concepto de capacidad funcional para referirse a las condiciones que permiten a una persona hacer aquello que valora: atender sus necesidades, aprender, decidir, relacionarse y contribuir a la sociedad.
Costa Rica cuenta con normas e instituciones dedicadas a proteger los derechos de las personas mayores, entre ellas, la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2023-2033.
El horizonte institucional ofrece, en el papel, autonomía, independencia, dignidad y participación. La distancia aparece cuando esos principios se enfrentan con la vida cotidiana: conseguir una prótesis dental, tener un audífono, recibir atención especializada, entrar al baño sin ayuda o caminar por una acera sin exponerse a una caída, como lo enfrenta María.
Para el año 2050, una de cada cuatro personas en Costa Rica tendrá 65 años o más.
Fernando Morales Martínez, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica (UCR), distingue dos conceptos que suelen confundirse: “La independencia te da la voz y la posibilidad de desplazarte; la autonomía te da la capacidad de escoger qué querés hacer con tu vida”.
Tanto Morales como Jaime Fernández, director de la Maestría de Gerontología de la UCR, coinciden en que una persona puede necesitar ayuda para vestirse o trasladarse y conservar, al mismo tiempo, el derecho a decidir cómo quiere vivir. La dependencia física no debería convertirse automáticamente en pérdida de autonomía.
El problema aparece cuando las barreras del entorno, la falta de recursos o una atención tardía reducen las opciones disponibles. La pregunta ya no es solamente qué puede hacer una persona, sino qué condiciones encuentra para hacerlo, destacan los especialistas.
Masticar también es autonomía
La prótesis rota de María no es un asunto de apariencia ni de estética. De acuerdo con el doctor Morales Martínez, la pérdida de piezas dentales puede afectar la masticación, la alimentación, el habla, la autoestima, la integración y las relaciones sociales.
Luis Diego Giralt Apéstegui, jefe del Servicio de Odontología del HNGG, describe la rehabilitación oral como una necesidad que va más allá de recuperar una sonrisa. Una prótesis adecuada puede ayudar a mejorar la calidad de vida de una persona.
En un grupo de pacientes atendidos en su servicio que requerían prótesis, Giralt reporta que el 55% necesitaba una total y el 45% una parcial. “Seguimos perdiendo muchos dientes”, resume el especialista.
Conseguir una prótesis tampoco ocurre de un día para otro. El proceso incluye valoración odontológica, impresiones, pruebas, ajustes y adaptación.
La CCSS confirmó que 10.062 personas adultas mayores esperan prótesis dentales en el Hospital Calderón Guardia y en el HNGG. El tiempo de espera oscila entre los 27 y 28.6 meses. Más de dos años.
La institución reconoce que su capacidad de producción está por debajo de la demanda y atribuye el rezago a la concentración del servicio, la falta de laboratorios, personal técnico y el aumento de solicitudes.
Actualmente ofrece prótesis removibles, y aún no ofrece implantes dentales, sin embargo, están trabajando en un programa piloto para adultos mayores con pérdida total de dientes inferiores y fracaso protésico. La Caja tampoco dispone de un subsidio económico específico para adquirir prótesis.
La CCSS reportó que la pérdida dental por caries afecta al 34% de las personas adultas mayores y la asociada a enfermedad periodontal, al 17%. Esto no quiere decir que necesariamente requieran prótesis dentales, solamente son las causas de la pérdida de una pieza dental.
Los especialistas coinciden en que la concentración del servicio también puede dificultar el acceso de quienes viven fuera del Valle Central. Cada valoración, prueba o ajuste puede implicar transporte, dinero y acompañamiento que muchos pacientes no poseen. María, mientras tanto, encontró una solución doméstica: pegó su prótesis con goma Loca.
Un año de vida en una lista
Doce meses es un plazo administrativo, sin embargo, para María es un año en el ocaso de su existencia, sin una valoración clínica no se puede determinar cuánto ha cambiado su visión, ni atribuir todos sus mareos y dificultades para caminar a una sola condición.
Rolando Mora, oftalmólogo del HNGG y profesor de posgrado de la UCR, explica que los problemas visuales pueden interferir con tareas cotidianas como reconocer rostros, identificar medicamentos, alimentarse y desplazarse con seguridad.
La respuesta no siempre se limita a recetar anteojos. Según la condición, puede requerir diversos tratamientos: cirugía, ayudas ópticas, mejor iluminación, contrastes de color o adaptaciones dentro de la vivienda. “Ojalá fuera solo anteojos”, añade Mora.
Una grada que no se distingue del piso, una etiqueta imposible de leer o un pasillo con iluminación insuficiente pueden dificultar una actividad que antes se realizaba sin pensar. El entorno importa porque las capacidades visuales de una persona interactúan con las condiciones del espacio donde vive. En María, la dificultad para ver se suma a otras limitaciones: las barreras se acumulan y pueden reforzarse entre sí.
Erika Masís, licenciada en terapia física del HNGG, señala que la movilidad depende de factores como la fuerza, el equilibrio, la visión, la audición, los medicamentos y las condiciones de la vivienda.
Arguye que una caída puede generar miedo a volver a caminar, ese miedo puede reducir la actividad y hacer más difícil recuperar la confianza, por eso, la rehabilitación y la prevención deben considerar tanto el cuerpo como el entorno. Tal vez no alcanzar una independencia al 100%, pero sí mejorar.
Tampoco basta con comprar un bastón o una andadera. El dispositivo debe responder a las necesidades de la persona, su fuerza de agarre, equilibrio y capacidad para utilizarlo. Una ayuda inadecuada puede convertirse en otro obstáculo.
La atención oportuna no garantiza que todas las capacidades se recuperen, pero una evaluación a tiempo puede permitir conocer qué apoyos necesita alguien y cuáles actividades podría conservar o retomar, sentencia Masís. En el caso de María, esa respuesta aún depende de que llegue la consulta que espera.
Cuando la conversación se rompe
La Encuesta Nacional sobre Discapacidad (Enadis) registró 70.709 personas con pérdida de audición, de las cuales 36.335 tenían 65 años o más. Si se amplía el rango a mayores de 60 años, la cifra alcanza las 41.744 personas. La pérdida auditiva se concentra así en la población de mayor edad.
La dimensión del fenómeno podría ser mayor. Una estimación elaborada a partir de datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que señala que más del 25% de las personas mayores de 60 años presentan pérdida auditiva discapacitante, calcula que en Costa Rica unas 144.004 personas de ese grupo etario podrían tener esta condición. Se trata de una proyección, no de un registro de diagnósticos.
Bolaños advierte que las dificultades auditivas pueden afectar la participación social y favorecer el aislamiento. Aunque sostiene que nadie se muere por no escuchar, sí deprime, aísla y hace a las personas más vulnerables a sufrir otras enfermedades.
El problema empieza por el acceso a una valoración y a los apoyos adecuados. El audiólogo José Raúl Sánchez explica que la ruta inicia con una evaluación para determinar el tipo y grado de pérdida auditiva, además de valoración por otorrinolaringología cuyas citas están a muy largo plazo.
La directora del HNNG advierte que, pese a ser la población más afectada por la pérdida de audición, el centro no cuenta con servicios de audiología ni de otorrinolaringología.
La pregunta de fondo no es únicamente cuánto tarda una persona en conseguir atención. También es qué posibilidades tiene de seguir comunicándose, participando en su entorno y desenvolviéndose con independencia cuando comienza a perder la audición.
Nadie se muere por no escuchar, pero sí deprime, aísla y hace a las personas más vulnerables a sufrir otras enfermedades.
Una casa que también envejece
Dania Chavarría, especialista vinculada al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), identifica dificultades frecuentes en viviendas existentes: gradas, puertas estrechas, pasillos insuficientes, mala iluminación y baños difíciles de utilizar con una andadera o una silla de ruedas.
Una ayuda técnica solo funciona si hay espacio para usarla. Una persona puede recibir una andadera y no lograr pasar con ella por la puerta del baño, puede instalarse una agarradera y conservar un desnivel que impida llegar hasta allí.
La adaptación de una vivienda no tiene que convertirla en una clínica. Puede consistir en despejar los recorridos, mejorar la iluminación, facilitar el acceso al baño, colocar apoyos adecuados o revisar los desniveles, pero las mejoras cuestan dinero.
Chavarría se refirió al bono para reparaciones, ampliaciones, mejoras y terminaciones (conocido como RAMT), sujeto a requisitos económicos y técnicos, y planteó una pregunta: “Los que pueden acceder a un bono, maravilloso. ¿Y los que no, cómo lo van a hacer?”.
La pregunta depende del bolsillo de cada familia. Quienes no califican para un subsidio y tampoco pueden financiar una remodelación pueden enfrentarse a una vivienda diseñada para capacidades que quizá han cambiado.
La hija de María ha asumido parte de esa tarea. Pero la respuesta no puede depender únicamente de que exista un familiar disponible, tenga recursos y pueda modificar la casa.
Adaptar la vivienda no resuelve lo que ocurre afuera: aceras discontinuas, postes, vehículos estacionados sobre zonas peatonales, rampas que no conectan con rutas accesibles, cruces difíciles y falta de iluminación pueden transformar un trayecto corto en una sucesión de obstáculos.
“Tenemos unas ciudades diseñadas para el vehículo”, señala Chavarría.
La accesibilidad no se mide por una rampa aislada, sino por la continuidad del recorrido. Si la siguiente acera obliga a bajar a la calle, la solución termina donde empieza el peligro, es decir, cuando una persona se encuentra con un entorno que no toma en cuenta sus necesidades.
El cantón de Montes de Oca ofrece un caso relevante para observar ese desafío. De acuerdo con el INEC, este municipio lidera el índice de envejecimiento en el país, registrando 131 personas adultas mayores por cada 100 menores de 15 años. Esta tendencia, en la que la población mayor superó a la infantil, se consolidó en el cantón desde el 2023.
Aunque el gobierno local forma parte de la Red de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, el propio alcalde admite que aún faltan aceras accesibles, pasos peatonales a nivel y rutas continuas que permitan desplazarse sin exponerse al alto tránsito cantonal.
El gonernante de Montes de Oca, Domingo Argüello, reconoce que el cantón todavía está lejos de garantizar esas condiciones. “Sería irresponsable decir que estamos preparados”, afirmó.
La brecha se observa en trayectos concretos. Argüello describe, por ejemplo, las dificultades para llegar caminando desde la Municipalidad hasta la sede del Ebáis de San Pedro: aceras que dejan de ser accesibles, cruces sin semáforo peatonal y desvíos que obligan a caminar hasta otro punto para atravesar la calle.
El propio alcalde convive con una discapacidad, utiliza bastón para moverse.
“La Fuente de la Hispanidad es una barrera de accesibilidad y caminabilidad”, señala Argüello.
El municipio prevé invertir ¢1.000 millones en aproximadamente ocho kilómetros de aceras. El alcalde aclara que esa extensión corresponde a un avance limitado frente a las necesidades del cantón. Las zonas donde se realizarán las obras son distritos con mucha población adulta mayor y aceras que calificó como intransitables. En algunos tramos, además, la intervención depende de coordinar con el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), porque se trata de rutas nacionales.
El alcalde también menciona la actualización del plan regulador como una oportunidad para ampliar aceras y generar espacios peatonales más cómodos, aunque esas propuestas todavía deben traducirse en obras y resultados comprobables.
El principal límite, según Argüello, es presupuestario, pero reconoció que falta muchísimo por hacer. Su respuesta deja planteada la distancia entre la voluntad política y la capacidad real de transformar el cantón: pertenecer a una red amigable y anunciar programas no basta si una persona mayor todavía no puede completar a pie un recorrido cotidiano.
La pregunta no es cuántas rampas aparecen en un informe, es hasta dónde permiten llegar.
Una persona puede necesitar ayuda para movilizarse y conservar la capacidad de decidir sobre su vida.
Aislamiento emocional
La independencia no se pierde únicamente por una enfermedad, una grada o una lista de espera. También puede reducirse cuando otras personas deciden por alguien antes de conocer lo que todavía puede y quiere hacer.
Jaime Fernández advierte sobre las consecuencias de asociar la vejez automáticamente con incapacidad. La sobreprotección y el aislamiento pueden parecer respuestas opuestas, pero ambos corren el riesgo de excluir a la persona de las decisiones sobre su vida.
Fernández describe el aislamiento emocional con una imagen contundente: “Es como un mueble más dentro de la casa”.
La frase obliga a plantear preguntas que suelen quedar fuera de la discusión sobre servicios y cuidados: ¿Se consulta a las personas mayores? ¿Participan en las decisiones? ¿Qué quieren conservar? ¿Qué apoyos necesitan para hacerlo?
Isela Corrales Mejía, de la Asociación Gerontológica Costarricense (Ageco), distingue entre autonomía e independencia. Una persona puede necesitar ayuda para movilizarse y conservar la capacidad de decidir sobre su vida. Necesitar una mano para salir no significa necesitar que alguien más decida si esa persona quiere salir.
La autonomía necesita atención oportuna, ingresos, rehabilitación, dispositivos adecuados, viviendas adaptables, espacios públicos accesibles y oportunidades para participar. Ninguna de esas condiciones sustituye a las demás.
La expectativa de vida al nacer en Costa Rica alcanza en promedio los 81,19 años (78,68 años para los hombres y 83,69 años para las mujeres). El desafío es que esos años no se conviertan en una sucesión de actividades abandonadas porque faltó una consulta, un dispositivo, un apoyo o un camino por donde pasar.
María sigue entre el cuarto y la sala, viendo las noticias o hacia la ventana. Afuera continúa una vida a la que no puede incorporarse sin compañía.
Al principio de esta historia hay una dentadura partida y una mujer que encontró cómo seguir usándola. Al final, la pregunta es para el país: ¿Está listo para garantizar que las personas adultas mayores envejezcan con autonomía, independencia y dignidad? Pero, sobre todo, la pregunta para usted es, ¿está listo para costear su vejez?
Verónica Quesada Quirós es estudiante de Periodismo de la Clase 19 de la Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte. Es el encuentro entre periodistas y estudiantes de la carrera, quienes generan producciones periodísticas de alta calidad sobre las causas y las soluciones de realidades de riesgo social, y se mantienen vinculados para promover el buen periodismo, convencidos de que contar historias con rigor, sensibilidad y compromiso también es una forma de contribuir a transformar la sociedad.
