Turbas tomaron la ciudad de Cartago, “inenarrables escenas de salvajismo” se dieron cuando las fuerzas del orden abusaron de su autoridad mientras los manifestantes tiraban piedras y palos al amparo de la noche. En los siguientes días, más protestantes se sumarían en San José, Alajuela, Grecia, San Ramón y otras localidades, pero también se sumarían muertos y heridos.
Es 21 de julio de 1947, así comienza el relato de la Huelga de los Brazos Caídos, y en apenas ocho meses estallará la Guerra Civil de 1948.
El periódico La Nación, fundado apenas nueve meses antes, el 12 de octubre de 1946, ya daba cuenta de los sucesos ocurridos en Cartago, fortín de las fuerzas de oposición que exigían al gobierno de Teodoro Picado Michalski garantizar elecciones libres en 1948 (no ocurrió, y así estalló la guerra).
La Nación atestiguó e informó a Costa Rica sobre las huelgas y manifestaciones sociales que sacudieron las bases, cambiaron el rumbo y formaron el país que conocemos. Pero la Huelga de los Brazos Caídos no partía de la nada; apenas 13 años antes, los trabajadores de las bananeras de Limón demostraron que las luchas sociales eran poderosas.
La Gran Huelga Bananera del Atlántico de 1934 fue el primer movimiento obrero rural a escala masiva en Costa Rica. Un 9 de agosto, más de 10.000 peones de la United Fruit Company (UFCO) se hartaron de los malos tratos y abandonaron sus puestos.
Aunque la huelga se pausó momentáneamente, la UFCO traicionó los acuerdos pactados y el movimiento se reavivó con nuevos bríos. En total, duró dos meses.
¿Qué reclamaban? Cosas que hoy consideramos básicas: jornadas de 8 horas (no de 12 sin descansos), recibir su salario en efectivo (no en vales o cupones solo canjeables por la propia UFCO), higiene y salubridad básica en fincas infestadas por enfermedades y culebras. La huelga contó el apoyo del escritor Carlos Luis Fallas (que luego escribiría Mamita Yunai), Manuel Mora Valverde y el recién fundado Partido Comunista.
Gracias a la valentía de los peones bananeros se acabó el abusivo pago con vales, pero más importante aún, esta fue la génesis de las verdaderas garantías sociales que luego se plasmarían en la Constitución Política de 1942 y el Código de Trabajo de 1943, durante el mandato de Rafael Ángel Calderón Guardia (1940-1944).
Huelga de los Brazos Caídos, 1947
Calderón sería uno de los protagonistas de la Huelga de los Brazos Caídos de 1947. La edición de La Nación del 22 de julio daba cuenta de un sangriento enfrentamiento entre el bloque oficialista y el bando opositor.
El bloque oficialista era liderado por el presidente Picado Michalski (1944-1948), el expresidente Calderón Guardia y los comunistas comandados por Manuel Mora Valverde.
La alianza de oposición, por su parte, era un poco más heterogénea, con miembros del sector empresarial, el futuro candidato presidencial, Otilio Ulate Blanco, la activista feminista Ángela Acuña Braun y el socialdemócrata a la sombra, José Figueres Ferrer.
Todo estalló entre el domingo 20, con un violento tiroteo en Cartago durante un mitin de la oposición, y el lunes 21 de julio, cuando inició la huelga y comerciantes, estudiantes, empresarios y bancos cerraron sus oficinas.
No reanudarían operaciones hasta que el gobierno de Picado cediera el control de las elecciones del 48 a un tribunal independiente, ya que temían un fraude en favor de Calderón.
En la portada del 22 de julio, La Nación reportó actos de violencia y abusos de poder en la Vieja Metrópoli, sobre todo por parte de la fuerzas del orden que, a diferencia de los manifestantes, estaban armadas.
“Inenarrables escenas de salvajismo”, tituló La Nación en su portada, y agregó que el hijo de un diputado fue atendido porque le quebraron el cráneo con una cutacha. El día siguiente, 23 de julio, el periódico anunció en gigantes letras la “Huelga General”.
Según la crónica, la ciudad de Cartago pasó la noche bajo el dominio de la insurgencia de la oposición, entre quienes se encontraban reconocidos líderes y diputados. Cada tanto se escuchaban disparos, pues la policía, que estaba acuartelada, tiraba a la mínima sombra que se aproximara sin identificarse.
La portada del día siguiente anunció ocho muertos y más de 20 heridos, con frases como “disparos contra grupos indefensos” y “tiroteos solo de las tropas de gobierno”.
En un editorial, La Nación se posicionó con un mensaje al presidente Picado: “El pueblo costarricense sabe que las autoridades son instrumento de coacción para arrebatarle una vez más la libertad de sufragio (...), es imposible pretender que el pueblo responda con mansedumbre y con conformidad a la agresividad de las autridades, encaminada a amedrentar al pueblo para que no vote o lo haga por el candidato oficialista”. El medio pidió al mandatario garantizar elecciones legítimas.
La huelga paralizó comercialmente al país por dos semanas, hasta que se alcanzó un acuerdo el 3 de agosto. “Terminó la intranquilidad”, tituló La Nación sin prever lo que se avecinaba.
Las partes acordaron crear un Tribunal Electoral y una policía a su servicio, pero esto serviría de muy poco, el ambiente de polarización ya estaba caldeado...
Seis meses después se realizaron las elecciones de 1948 pero el Congreso, dominado por el gobierno, anularon la victoria de Otilio Ulate aduciendo inconsistencias. Todo explotó y estalló el evento político más determinante del siglo XX en Costa Rica.
Vuelve la United Fruit Company... 1959
Cuando se habla de huelgas o movimientos sociales, la UFCO siempre vuelve a la conversación. Pasaron 25 años desde la Gran Huelga Bananera del Atlántico y los obreros tuvieron que volver a abandonar sus labores, esta vez, en el Pacífico Sur del país, en la víspera de la navidad de 1959.
En octubre del 59, la Asamblea Legislativa aprobó una propuesta del diputado liberacionista Luis Alberto Monge para obligar a que las empresas privadas (no solo el sector público) pagaran el aguinaldo. Sin embargo, la multinacional se negó abiertamente a pagarlo a los 12.000 obreros de las bananeras de Golfito, Palmar y Puerto Jiménez.
La UFCO argumentó que sus contratos con el Estado costarricense la eximían de nuevas cargas laborales. El 23 de diciembre, los trabajadores dejaron sus funciones.
La “Yunai”, como se le conocía a la empresa, empezó a sentir los estragos, ya que los racimos de banano se pudrían a la espera de ser exportados.
Apenas el 28 de diciembre se contabilizaban 100 mil racimos perdidos, para un total de ¢7 millones de la época; paradójico, tomando en cuenta que pagar todos los aguinaldos hubiera costado ¢3,6 millones.
Sin embargo, la multinacional se mantenía rígida en pagar como aguinaldo un máximo del 25% de un salario, aunque la ley exigía el 100%.
Mientras tanto, según las crónicas de La Nación de la época, los huelguistas eran acusados de usar técnicas abusivas, como impedir que otros jornaleros trabajaran y amarrar y pasear por las calles de Golfito a quienes aceptaran cobrar el 25%. Ellos negaron los señalamientos.
Finalmente, el 15 de enero de 1960 los periódicos titularon que la huelga se había solucionado.
¿Cómo? Con base en el fallo de un juez de Golfito (que UFCO se negaba a acatar), el gobierno de Mario Echandi decidió pagar por su cuenta los aguinaldos y, de inmediato, demandar a las compañías Chiriquí y Bananera de Costa Rica (subsidiarias de UFCO) por el monto pagado.
Así, el aguinaldo se consagró como un derecho de todos los trabajadores, y se aclaró que ninguna compañía extranjera estaba por encima de la legislación nacional.
Protestas estudiantiles contra Alcoa, 1970
A finales de 1969 el gobierno de José Joaquín Trejos negoció un contrato con la Compañía Americana de Aluminio (Alcoa, por sus siglas en inglés), para la extracción de bauxita en el Valle de El General, al sur de San José. Este contrato sería, a la postre, caldo de cultivo el crecimiento del movimiento estudiantil de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Las manifestaciones alcanzaron su punto culmen el 24 de abril, cuando la Asamblea Legislativa tenía que aprobar el proyecto antes de que José Figueres Ferrer asumiera la presidencia. Estudiantes paralizaron la UCR, hicieron empalizadas para impedir el acceso y marcharon hacia el Congreso.
La portada de La Nación del 25 de abril fue directa: “Disturbios y destrozos en la capital”. Luego de que los diputados aprobaran el proyecto con 41 votos a favor y 11 en contra, “manifestantes dirigidos por agitadores profesionales apedrearon la Asamblea Legislativa”.
A la 5:30 p. m. empezó el zafarrancho.
Fotos evidencian la gravedad de los enfrentamientos. Vidrios quebrados, comercios saqueados, carros quemados, los megáfonos vociferaban “discursos incendiarios”, la guardia civil tiró gases lacrimógenos, para el momento en que los diputados aprobaron la concesión, los gases ya inundaban los pasillos del Congreso.
El proyecto se aprobó y una lluvia de piedras cayó sobre la policía y el edificio de la Asamblea Legislativa.
La policía tuvo que ceder terreno y recular hacia la puerta sur del Congreso. Un redactor de La Nación estuvo allí, junto a la Guardia Civil cuando minutos antes de las 6 p. m., los manifestantes lograron irrumpir en el edificio.
“Uno de los agitadores lanzó una bomba lacrimógena dentro de la Asamblea”, citó la crónica. En ese momento, el capitán Artavia Jaramillo recibió la autorización del ministro Diego Trejos para responder de la misma forma. Llegaron refuerzos, se lanzaron gases por los cuatro costados del Congreso, se desató una batalla campal y varias personas se desmayaron.
Aunque la táctica funcionó, y los manifestantes se dispersaron, la turba se movilizó a la Avenida Central. Para las 7 p. m. ya eran dueños de ese territorio.
Los destrozos fueron numerosos en comercios a lo largo de toda la avenida. Según la crónica, los protestantes quemaron vehículos y obstaculizaron el paso a Bomberos. Otras versiones dicen que algunos vecinos y comerciantes colaboraron con los manifestantes, facilitándoles agua y vinagre para contrarrestar los gases.
También fueron atacadas las instalaciones de La Nación, Radio Monumental y Radio Reloj bajo el grito de “prensa vendida”.
La prensa de la época responsabilizó a “unos pocos grupos comunistas” y “elementos del extremismo” por azuzar a los jóvenes. Se lanzaron bombas molotov, más de 200 personas fueron detenidas (41 menores) y más de 60 resultaron heridas.
Al final, el Congreso ratificó el contrato con Alcoa, pero el levantamiento popular y el costo político hicieron inviable su ejecución. Alcoa consideró la enorme la hostilidad popular y la exigencia del gobierno de Figueres de renegociar el contrato para apaciguar las aguas; al final, la empresa abandonó el país.
Pero más importante aún, la protesta contra la concesión minera dio paso al fortalecimiento del ecologismo costarricenses, la consolidación del movimiento estudiantil como un actor político de peso, y fue semillero de líderes para luchas futuras, como el Combo del ICE, el No al TLC, la oposición a la minería en Crucitas y el No al Combo Fiscal del 2018.
Huelga Magisterial por las Pensiones, 1995
Ya en 1995, cuando la tinta de color se estampaba en los periódicos, llegó la Huelga Magisterial por las Pensiones, un acontecimiento que más allá de su trascendencia inmediata, fue cuna de eternos liderazgos del sector sindical, como Albino Vargas o Gilberth Brown.
Los principales gremios docentes, ANDE, APSE y SEC, se lanzaron a las calles el 17 de julio de 1995 para protestar contra el gobierno de José María Figueres Olsen aprobó en apenas cinco días una serie de reformas al régimen especial de pensiones del Magisterio Nacional.
Los sindicatos, dirigidos por Mario Mondol, estaban furiosos por la disminución en los aportes del gobierno al régimen de pensiones que bajaron del 7% al 0,25%. La portada de La Nación del 18 de julio tituló: “Amplio apoyo a la huelga”, y advirtió que miles de estudiantes se quedaron sin recibir lecciones.
“El Poder Ejecutivo, al mismo tiempo que persiste en ofrecer espacios de negociación a los maestros, advierte que quienes falten a trabajar en los próximos días no recibirán su salario y se arriesgan a que los despidan sin responsabilidad patronal”, reseñó La Nación el 19 de julio.
Pese a las exigencias de los manifestantes, el gobierno no desistía de la reforma. Más de un mes se mantuvieron en las calles pese a las amenazas del gobierno de sancionar y retener los salarios a los docentes que se ausentaran de sus trabajos.
A los 24 días de huelga corrió la sangre. La Nación reportó que una protesta frente a Casa Presidencial se convirtió en un enfrentamiento entre policías y manifestantes. Agentes vestidos de civiles atacaron a la muchedumbre. Fotografías de caras ensangrentadas mancharon las páginas de los diarios. El entonces ministro Juan Diego Castro sancionó a ocho funcionarios abuso de autoridad.
Días después hubo un intento por irrumpir en Casa Presidencial.
Aunque el gobierno de Figueres consiguió que la ley se aprobara y aplicara, esta huelga fue base de liderazgos sindicales del siglo XXI y marcó el desgaste definitivo entre los partidos tradicionales y el sector educativo público. El 18 de agosto se firmó un acuerdo que dio por terminado el movimiento.
Las protestas del siglo XXI
Todas las marchas, huelgas y protestas que hasta ahora hemos trabajado forjaron a una Costa Rica contestativa, que sabía salir a las calles y marchar para defender una postura. El nuevo siglo no fue una excepción. Tres grandes movimientos sociales marcaron el inicio del centenio.
Ronald Matute tiene 36 años de trabajar en La Nación, ingresó en 1990 y hoy ejerce como jefe de la Mesa de Cierre del impreso. Él recuerda con claridad el primer punto álgido de los movimientos sociales del siglo XXI: el Combo del ICE.
Las protestas contra “el Combo” paralizaron las principales vías nacionales durante tres semanas, entre marzo y abril del 2000. Se trataba de un proyecto de ley propuesto por el presidente Miguel Ángel Rodríguez con apoyo del PUSC y el PLN, con el fin de abrir los monopolios de los mercados de generación eléctrica, telefonía e internet.
Todo estalló el 20 de marzo, cuando el plenario, en una sesión nocturna, aprobó el proyecto en primer debate. Al día siguiente el país amaneció paralizado.
“Fue una época de mucha crispación, el sector sindical se movilizó, hubo enormes manifestaciones en las calles. Fue incluso más fuerte que el TLC, porque en los dos hubo polarización, pero el ICE era una institución muy querida para los ticos”, recordó Matute.
Durante las protestas del combo coincidieron sectores usualmente distantes: trabajadores del ICE que paralizaron cuadrillas, movimientos estudiantiles enfrentaron a la policía, sectores campesinos bloquearon calles con tractores y camiones, y vecinos del Valle Central hacían “cacerolazo” por las noches.
La presión fue excesiva. El gobierno tuvo que suspender la tramitación del proyecto de ley el 4 de abril y, apenas dos semanas después, la Sala Constitucional determinó que existían vicios de procedimiento. Así, la propuesta quedó sepultada.
Sin embargo, se trataba de una década convulsa, y apenas seis años después estallarían las protestas contra el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Ronald Matute recuerda que ambos acontecimientos, combo y TLC, compartían una amplia circulación de información tergiversada.
“Deliberadamente buscaban manipular a la opinión pública. Ambos fueron épocas en las que tuvimos que hacer una convertura muy minuciosa, apegada los hechos e interpretando qué información tenía sentido publicar”, recordó el experimentado periodista.
El combo quebró la poca confianza que quedaba en el bipartidismo y allanó el camino para que, entre 2006 y 2007, la población protestara contra el TLC, ahora en el gobierno del liberacionista Óscar Arias.
Además, La Nación hizo algo que los medios de comunicación rara vez hacen en Costa Rica (sí en otras latitudes): se posicionó. El periódico anunció que su línea editorial apoyaba el tratado
Las masas se dividieron entre el Sí y el No.
“Nosotros tratábamos de explicar, aclarar, darle a la ciudadanía un servicio de información sobre los verdaderos impactos de la reforma. No a cualquiera se le podía poner el micrófono”, rememoró Matute.
El 20 de setiembre del 2007, una semana antes del referéndum, más de 150.000 persona colmaron el Paseo Colón y la Avenida Segunda de San José, en la que es considerada una de las mayores manifestaciones públicas en el país.
Pero para Ronald Matute, este no fue el momento de mayor crispación social que ha vivido en 36 años de periodismo.
“El momento más delicado fue en 2018, con la reforma fiscal de Carlos Alvarado”, aseveró, en referencia a la huelga más larga de la historia nacional, que duró casi tres meses entre setiembre y diciembre.
“Es que se metieron muchos agentes extraños, estuvo metido hasta El Diablo (Alejandro Arias Monge) ofreciéndole plata a la gente que mataran policías. La mafia se metió a generar caos, desestabilización, polarización. Nunca vi algo que llegara a esos extremos, lo más cercano a un movimiento de civil armado”, afirma Matute.
Se suspendieron clases durante semanas, se suspendieron miles de cirugías en la Caja, se bloquearon las principales carreteras del país y, sobre todo, la recién iniciada administración Alvarado gastó muchísimo capital político. El proyeto de ley se aprobó, pero, ¿a qué costo?
Como consecuencia, en 2020 se aprobó una ley de regulación de las huelgas que puso límites a sectores que otrora abanderaban las manifestaciones: salud, educación, seguridad y servicios esenciales.
Desde entonces, las manifestaciones nunca fueron iguales, y han pasado casi ocho años desde que Costa Rica vio una gran huelga poner en aprietos al Ejecutivo y Legislativo. Pero todos estos acontecimientos se narraron en las páginas de La Nación por 80 años.
