Cinco días antes de anunciar su cierre, Cecilia Sánchez visitó el ámbito F de La Reforma.
La llamada “Máxima Seguridad vieja” –o “las tumbas” como también la bautizaron– es tan fea como se la puedan imaginar.
En el vestíbulo hay una bolsa con pan que nunca encuentra lugar ni en el piso ni las mesas. En el patio techado cuelgan de un alambre unos pantalones viejos. En el piso hay polvo, tarros plásticos y bichos muertos.
Entre barrotes idénticos, empotrados a la pared, se asoman manos. Hasta ese día, las celdas del ámbito F recluían a 39 personas.
El aislamiento de todas ellas es continuo: salvo que requieran un servicio médico, los privados de libertad deben quedarse 23 horas al día en sus celdas individuales. Las letrinas –dispuestas a la par de la cama– no tienen cadena. La mierda hay que bajarla con agua que los policías cargan en baldes.
Estar encarcelado es un castigo penal y social. No obstante, en las arrastradas condiciones del sistema penitenciario costarricense, estar encarcelado también es una tortura inhumana.
“Ver esto me termina de convencer de que no funciona”, le dice la ministra de Justicia a su séquito de asesores después de andar, celda por celda, entrevistando a sus residentes. “El que entra aquí no sale cuerdo”.
Dos horas antes, Sánchez y sus asesores – el viceministro de Justicia, Marco Feoli; el periodista del Ministerio, David Delgado; el director de Adaptación Social, Reynaldo Villalobos; el director de la Policía Penitenciaria, Pablo Bertozzi; funcionarios del Departamento de Arquitectura del Ministerio y varios trabajadores técnicos de la cárcel– estaban sentados en una larga mesa llena con expedientes, papeles sueltos y tazas desechables de café.
La ministra, sentada en la cabecera, dirigía la afanada discusión: ¿cómo paliar las condiciones inhumanas del ámbito F sin aumentar el porcentaje de sobrepoblación carcelaria?
LEA LA NOTICIA: Justicia cierra Máxima Seguridad vieja de La Reforma por 'despersonalizar' a reos
Simple aritmética
Alguien está siguiendo a Cecilia Sánchez.
La desaprobación de su gestión se ha convertido en amenazas de asesinato: dos días antes de esta conversación, un comentarista de Facebook le escribió que quería degollarla.
“Hay gente tan interesada en descolocarme o cuestionarme que me mandan a seguir”, explica escuetamente sobre el carro que persigue a su escolta mientras se traslada de su oficina a las dependencias penitenciarias.
El despacho de la ministra se encuentra en Zapote, en un edificio interno del Registro Nacional.
Hace unos años, varias oficinas administrativas del Ministerio de Justicia tuvieron que moverse hacia el Este de San José porque en el edificio del centro capitalino ya no había espacio.
“Aquel edificio es casi inhabitable. Hace un calor insoportable. La gente está hacinada. No se trabaja en buenas condiciones”, detalla Sánchez después de un sorbo de té de manzanilla.
Desde que asumió su cargo en julio del 2015, la ministra de Justicia piensa en el problema del hacinamiento todos los días. Días antes de que Sánchez fuera juramentada, la Defensoría los Habitantes alertó públicamente que la capacidad carcelaria había alcanzado la cifra histórica del 154%: 4.793 personas no cabían en el sistema de cárceles y, sin embargo, ahí estaban.
Fue así como, en manos de Sánchez, acomodar gente se convirtió en la prioridad de la cartera de Justicia.
En agosto del 2015, el Instituto Nacional de Criminología emitió una circular en la que apremiaba el uso del régimen semi institucional –cárceles abiertas en las que se estimula que su población trabaje y se reincorpore a la sociedad– bajo una serie de regulaciones.
Entre ellas, se especificaba que fueran personas sentenciadas que cumplieran su condena entre el 2015 y 2020 y que su perfil no incluyera sanciones por conducta en el último año. Expresamente, la circular excluía del beneficio a las personas asociadas con delitos graves: homicidios, terrorismo, violencia sexual, tráfico internacional –drogas, órganos y armas–, entre otros similares.
A la circular 05-2015 se le podría calificar, sin sorna, como a uno de los personajes más noticiosos del último año. Según expresa Sánchez, pese a su popularidad, el número de personas que ha comprendido su contenido continúa siendo bajo y, quien no entiende, termina interpretando lo que quiere: Justicia está soltando a la calle a los delincuentes que los policías ya habían logrado apresar. Borrando con el codo lo que ya se escribió con la mano, como dice el refrán.
En esa línea, a Sánchez ya le ha tocado explicar dos veces en Asamblea Legislativa los logros, riesgos, compromisos y beneficios de la propuesta; también ha hecho entrevistas para medios impresos, televisión y radio.
En junio pasado, mientras se tomaba un café en Spoon, un ciudadano la increpó preocupado: “Usted es la roca que nos está llenando de delincuentes, ¡debería darle vergüenza, vieja!”
“Yo creo que yo he sido clara”, afirma la Ministra. “Es irrefutable: si yo explico que el Ministerio tiene el régimen semi institucional desde los años 70 y que se ha reubicado gente desde esa época, ¿por qué salir a decir que soy yo la que he definido reubicar a la gente ahora?”, se pregunta Sánchez.
“Esto es simple aritmética. ¿Por qué antes no se sacaba tanta gente? Porque las cifras de hacinamiento desde el 2007 han venido creciendo. Reubicaciones siempre ha habido pero de acuerdo a los niveles de población”, asegura la Ministra.
El menester de estar repitiéndose la tiene, en sus propias palabras, “agotada”:
“No de la función sino del ejercicio de exponer datos, dar cifras y no solo que hubiera incomprensión sino tergiversación”, detalla.
Un artículo de un periódico titulaba estaba semana Justicia detrás del palo en temas penitenciarios . El texto resumía un informe que la Contraloría General de la República publicó el lunes 22 de agosto, justo un día después de que Sánchez anunciara en redes sociales que iba a cerrar el ámbito F de la Reforma. El artículo y el informe decían lo mismo: que Justicia no cuenta con una contabilidad administrativa eficiente para operar su estructura penitenciaria.
Y, efectivamente, así se evidenciaba en los documentos que Contraloría estudió con corte al 2012; es decir, dos años antes de que hubiera cambio de gobierno.
“Todos los insumos están. En dos meses, vamos a presentar el diagnóstico de necesidades y la proyección de construcciones (de infraestructura)”, respondió Sánchez al informe, el martes pasado. “Pero lo que se había mandado hasta el 2012 no era responsabilidad nuestra”.
Sumas violentas
Cuando Sánchez logró su primer trabajo en el Poder Judicial, a los 22 años, su hijo Celso Gamboa Sánchez tenía tres meses de nacido.
40 años después, Gamboa también ha dedicado su carrera a crecer en el tercer poder de la República y, aunque brevemente fue ministro de Seguridad durante la presente administración, ahora ocupa el cargo de magistrado de la Sala Tercera.
Sobre una pared de su oficina está colgada la llave del cantón de Limón. El homenaje lo recibió hace seis años, como reconocimiento por su labor como fiscal adjunto.
“El día que me la dieron yo estaba con mi mamá y fuimos a recibirla. Ese día, un joven de 16 años trató de dispararme para matarme”, recuerda Gamboa cuando se le pregunta sobre las amenazas que ha recibido Sánchez.
“Es parte de estar inmerso en un mundo del derecho penal, del combate a la delincuencia, desde todas sus aristas... Mi mamá fue jueza, se jubiló del centro de jurisprudicencia de la Corte. Ha sido una académica de permanente y consultora de primer nivel”, describe.
Pese a la “normalidad” de la situación, el acoso en redes sociales es una preocupación que inquieta a Sánchez.
“Me duele la sensación de violencia. Muchas de las personas que me agreden son identificables y son muy jóvenes. Hay mujeres que me describen cómo me van a descuartizar”, asegura la ministra de Justicia.
“Denunciar tendría que denunciar a tanta gente... En algún momento yo le pedí a Jorge Chavarría (el Fiscal General)... ”. La ministra pausa antes de continuar: “Diay, le mandé unos pantallazos de gente que me decía que sabía dónde vivo, que sabía lo que había que hacer”.
Las amenazas desbordan los buzones digitales de la ministra. A su viceministro, Marco Feoli, también le toca su ración de insultos.
“Cuando él sale (en noticias) todos los ataques se vuelcan contra él. Ahí alternamos pero digamos que la figura más visible he sido yo, por desgracia, porque quisiera ser una funcionaria de bajo perfil y dedicarme a hacer mi trabajo”, señala.
Pese a la pesadumbre que añade la respuesta pública a su función, el respaldo del presidente de la República y de los funcionarios de su despacho motivan a Sánchez.
“Tiene que ver con las reacciones que uno espera cuando se hacen defensas a ciertos sectores y que son incomprendidas”, opina el viceministro Feoli.
“La suerte que tenemos es que doña Cecilia es una mujer muy ecuánime. Incluso en los momentos de más presión no la he visto perder los papeles ni las formas, eso transmite mucha serenidad”, añade.
Durante las dos visitas en las que permitió compañía externa para este artículo –una primera a La Reforma y la siguiente a San Sebastián–, la ministra entró a los pabellones y se dirigió personalmente a los reclusos. Quizás no todos los funcionarios a su cargo están de acuerdo con lo que hace –incluso Gamboa, su hijo, discrepa del “romanticismo” con el aborda algunas situaciones–, pero coinciden en que la ministra es coherente en hacer lo que piensa y dice.
“Hay un clima muy hostil en el Poder Judicial, en la calle la gente no está muy feliz con algunas decisiones que se toman”, concede Gamboa. “Pero ella tiene la fortaleza para soportarlo. Si tuviera que entregarlo todo por sus ideales, estoy seguro que lo haría”, afirma.
A la izquierda
El martes pasado, la ministra de Justicia caminó San Sebastián con los mismos zapatos que usó para andar los recovecos del ámbito F de la Reforma el miércoles 17 de agosto: unas sandalias de tacón plateadas, adornadas con pedrería de fantasía.
De repente, esos zapatos se ven bien en su despacho pero entre la suciedad, las “chingas” de cigarro y los huesos de pollo que se acumulan en los pisos de los centros, la imagen incomoda.
Sánchez entrevista regularmente a los privados de libertad, tanto así que se saben su nombre completo pero le gritan “¡Licenciada!” para llamar su atención.
Sánchez saluda, conversa, pregunta: ¿Cuánto le falta para salir? ¿Cómo es el trato? ¿Están estudiando? Escucha las respuestas.
En el ámbito F, el problema es el aislamiento, la insalubridad que nadie soluciona porque, salvo los reclusos y los guardas, nadie la ve.
En San Sebastián –cuyo cierre total se ordenó a principios de agosto– los problemas son visibles porque no hay espacio para esconderlos: en ámbitos con capacidad para 88 personas se han ubicado hasta más de 200. La evidencia está en el techo, cientos de pedazos de espuma que en las noches sirven de colchonetas.
“¿Cuántos jueces no conocen las cárceles?”, pregunta de forma retórica Sánchez. “Yo pensaría que son un número importante. Nosotros hicimos una invitación a la Sala Constitucional para ir a las cárceles y solo fueron don Fernando Cruz y doña Nancy Hernández. Hicimos una invitación a toda la Asamblea Legislativa y solo fueron los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Yo hubiera querido que fueran muchos, sobre todo los que más hablan en contra del sistema”, asegura con picardía.
“La principal barrera está en la lejanía. La gente no entiende y dicen: ‘Claro, eso es lo que quieren, estar de vagabundos en un hotel cinco estrellas, comiendo y engordando como chanchos sin hacer nada’. ¿Qué refleja eso? Un absolutamente desconocimiento”, explica.
En febrero, cuando la Relatoría sobre los Derechos de Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó Costa Rica, el organismo internacional elogió por primera vez el esfuerzo del Ministerio de Justicia por reducir el porcentaje de hacinamiento.
En el mismo texto hacía hincapié: “medios de comunicación y opinión pública ejercerían presión para enfrentar los problemas de seguridad ciudadana a través de la aplicación de penas privativas de libertad”.
Para Sánchez, la respuesta pública no es una enfermedad sino un síntoma de la desarticulación del Estado.
“Venimos arrastrando problemas, no podemos pensar que se van a resolver mágicamente”, expresa la ministra. “Hemos de reconocer que el Ministerio de Justicia es un ministerio abandonadito. Hasta ahora, como está por explotar la crisis es que se está volcando la atención” sobre el ministerio”.
En los últimos meses, se ha vuelto más cuidadosa con la forma en la que habla frente a periodistas, pero no ha enmudecido.
La ministra no esconde cómo piensa. Según su criterio, la justicia penal es un tema de Estado y no la vocación exclusiva de su cartera; la inseguridad ciudadana no es la enfermedad social sino un síntoma de la inequidad social y, quizás lo más sensible de todo: detrás de las rejas, hay seres humanos, no animales.
“Yo creo que las etiquetas son un poquito complicadas; pero yo no tengo miedo a reconocer y a decir las cosas en las que creo. Para que no me saquen de contexto: mi norte es la lucha por la defensa de los más vulnerables, por los derechos humanos, por la democracia”, asegura sobre su forma de ver no solo su trabajo sino el mundo. “Esa es mi visión. Si esa se clasificara como una visión de izquierda, pues sí, soy de izquierda”.
Sánchez lamenta la pérdida del “derecho a la ternura” –la consecuencia directa es una sociedad impersonal y violenta, comenta– pero sobre todo la decepciona el demantelamiento del Estado benefactor.
A sus ojos, el aumento de la criminalidad es un proceso social, una responsabilidad conjunta: sin una estructura política que prevenga la inequidad social, la única manera de resolver las diferencias de clases es legitimando el control del Estado con penas de cárcel.
“Yo creo que el hacinamiento es el producto de una política que desatendió las causas de la criminalidad, privilegió el desarrollo del mercado y abandonó las políticas sociales y ahí está la consecuencia: un enorme hacinamiento”, asegura Sánchez. “Hemos aumentado penas, hemos hecho cosas violentísimas y cada vez hay más delito”.
Pese a las nefastas condiciones que ha tenido que atender en tan poco tiempo, su valoración del problema no es del todo negativa.
“Es una situación de crisis pero ha servido para visibilizar un problema que debe ser atendido. La infraestructura penitenciaria no ha sido una infraestructura adecuada: son solo espacios para dormir. No hay talleres, aulas... Ha sido muy poco lo que se ha construido de eso”, asegura haciendo ahínco en el papel rehabilitador que debería tener el abordaje penal.
¿Exactamente por qué Sánchez se da el lujo de dar su opinión tal cual aunque le vale agresiones constantes y amenazas de muerte?
Según dice, le importa muy poco hacer carrera política. De por sí, antes de asumir su cargo ya se había pensionado con éxito de una extensa carrera judicial.
“Yo estoy convencida de lo que hago”, asegura.