La Federación Costarricense de Karate (FECOKA) vive en medio de un caos, provocado desde años atrás por desórdenes internos que hoy siguen en análisis por parte del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER).
La ausencia de los libros legales por diez o más años, así como el decomiso de los contables por parte del Registro Nacional, muestran las supuestas irregularidades administrativas con las que ha venido trabajando esta agrupación.
La ausencia de estos documentos, impediría a la federación tener claridad sobre los acuerdos que toma así como del uso dado a fondos públicos, los cuales provienen del ICODER.
El tema evidenció que a lo interno la misma junta directiva está “quebrada”. Fueron parte de sus mismos miembros quienes se encargaron de sacar a la luz las supuestas anomalías.
Miguel Zamora, vocal, y Selenia Campos, tesorera, han venido denunciando lo que consideran serían anomalías por parte de la federación, la cual, aseguran trabaja pasando por encima de la ley y al final los deportistas se ven afectados.
Además, Zamora considera que el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) ha dilatado su proceso contra la FECOKA sin ninguna razón.
Paso a paso. Informes del departamento de legal del ICODER así como del departamento de Rendimiento Deportivo, dan por ciertas las acusaciones de Zamora y Campos.
Incluso, otros integrantes de la Junta Directiva de la federación confirmaron la ausencia y también extravío de los libros, durante la investigación que se ha llevado a cabo desde el año anterior.
En octubre de 2020, Campos recibió los libros contables por parte de la FECOKA, pero al notar que no estaban certificados, los presentó ante el Registro Nacional y éste los decomisó.
“El tesorero anterior debía entregarme los libros pero esto no pasó, los pedí por correo y nada, entonces tuve que actuar y cuando insistí que me dieran los libros, fue cuando me mandaron a un contador. Me los entregaron y cuando vi que no tenían sellos, los tomé y mi abogado me mandó al Registro Nacional y ahí los dejaron y hasta la fecha están ahí porque no tienen validez”, explicó Campos.
Por su parte, ese mismo mes Zamora interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional porque pese a solicitar las actas de la Junta Directiva desde febrero de 2019, le entregaron documentos sin certificación en diciembre de ese año, según explicó a este medio.
La Sala acogió el recurso el 13 de noviembre, según consta en el expediente 20-018040-0007, del cual La Nación tiene copia.
Ahí se indica que en las actas entregadas por parte de la federación “no se evidencia que la información requerida haya sido debidamente certificada” y “constató la lesión a los derechos fundamentales” de Zamora como miembro de la FECOKA.
Por lo tanto, dio un plazo de diez días para que se pusiera a disposición de Zamora la información certificada, lo que hasta ahora no ha sucedido.
“Cuando empiezo a pedir libros de actas es porque no encuentro los acuerdos. Luego me mandan actas y cuando las leo, son hojas de papel, y digo: ‘esto no es normal’. Primero pedí los libros y como no me los daban, pedí actas certificadas, pero lo que me mandan son hojas escritas en computadora”, explicó Zamora.
“Siguen disque reuniéndose y tomando acuerdos que son ilegales porque no se pueden inscribir en ninguna parte”, expresó Zamora, quien continúa formando parte de la Junta Directiva.
“Yo no puedo salirme hasta tanto la asamblea no diga que debo irme o haya fallo del ICODER que diga que todos los miembros tienen que retirarse. Continúo pero sé que cualquier acuerdo o cualquier negociación es ilegal y la he manifestado en reiteradas ocasiones”.
Selenia Campos tomó la decisión de no asistir y tampoco ejercer sus funciones como tesorera.
“Mi abogado hizo un escrito donde no podía ejercer el puesto de tesorera al darme cuenta que los libros que me entregaron no eran legales. Decidí no presentarme a reuniones, no firmar cheques, ni hacer ningún trámite. Cuando entré (en 2019) lo hice confiando que las cosas se iban a ir acomodando en la marcha y el grupo de trabajo que había era de experiencia, con mucho tiempo de estar ahí y más bien lo iban a guiar a uno, pero las cosas no eran como pensaba”.
El 30 de junio anterior se intentó conocer el criterio del presidente de la FECOKA, Wei Jui Yi, quien indicó que para referirse a este tema la persona indicada era el secretario, Mario Thomas.
Thomas, por su parte, comentó que hablaría con los asesores legales y devolvería la llamada. El 2 de julio, La Nación lo volvió a contactar mediante un mensaje de WhatsApp, pero no se obtuvo respuesta.
Icoder toma el caso. En una reunión para informar sobre el caso a representantes del Icoder, el 23 de noviembre del año anterior, los dirigentes de la FECOKA admitieron el decomiso de los libros contables por parte del Registro Nacional.
Ese día estuvieron presentes el secretario de la federación, Mario Thomas; la vicepresidenta, Surama Hernández; el vocal uno, Roy León; el fiscal, Miguel Fuentes; así como Campos y Zamora, según consta con sus firmas en la minuta. No estuvo el presidente de la FECOKA, Wei Jui Yi.
De parte del Icoder, acudieron María Alejandra Ureña (asesora legal), Joaquín Barrantes (Rendimiento Deportivo) y Silvia Navarro (Dirección Deporte).
Ese día, los libros de actas de la Junta Directiva, de la Asamblea y de socios le fueron prestados a Ureña para generar un “criterio técnico”.
A partir de ese primer contacto, el 4 de diciembre, el departamento de Rendimiento Deportivo emite su informe sobre el estado de la federación.
Entre las conclusiones, confirma nuevamente que los libros contables fueron decomisados por el Registro Nacional y que los de actas de la Junta Directiva, Asamblea y Socios deben ser revisados por la Asesoría Jurídica, pues estos “fueron reportados extraviados en el año 2010 y luego utilizados sin previo aviso hasta el año 2020”. Es decir, no se sabe qué pasó durante ese periodo ni cuáles libros se utilizaron.
Ese vacío de información, añade, hizo “incurrir en error a la Administración Activa en años anteriores, haciendo uso de libros que no se encontraban con el debido registro hasta la fecha”.
Señala además que se debe estudiar un “posible incumplimiento como entidad con Representación Nacional” y sugiere el criterio técnico de la Asesoría Jurídica, así como elevar el informe a la Dirección Nacional del Icoder.
Así se hizo, y William Murillo, asesor legal del Icoder, dio tres recomendaciones, según consta en su informe con fecha del 16 de diciembre del año anterior.
Como primer punto advierte que se debe denunciar a dicha federación ante el Ministerio Público, por “el supuesto delito de falsedad ideológica, en la documentación presentada”.
Asimismo, que “se inicie un procedimiento administrativo para retirar la representación nacional de la Federación Costarricense de Karate-Do (...) esto debido al mal manejo que presentan a nivel interno”.
Y, finalmente, “se suspenda el giro de recursos, ya que no hay libros contables en qué apoyarse, además es deber de la institución resguardar los fondos públicos encomendados y evitar abusos, desviaciones o errores en el empleo de estos fondos”.
Resolución pendiente. El Consejo Nacional de Deportes del Icoder, encabezado por Karla Alemán, ministra del Deporte, recibe la información y durante varias sesiones esta es analizada.
El 7 enero, según acta N° 1160-2021, acuerdan “encomendar a la Asesora Legal del Consejo Nacional del Deporte para que realice un estudio sobre las competencias, alcances y responsabilidades que tiene el Icoder y el Consejo Nacional del Deporte para definir límites” con las denuncias y las recomendaciones emitidas por Murillo.
Siete días después, (acta N°. 1162-2021), la asesora legal del Consejo, Mauren Cerdas, indica que aún no está listo su informe y como medida provisional se podría nombrar una asociación de Karate. Sin embargo, esto no se aprueba.
Tres meses más tarde (15 de abril, en acta N°1168-2021), el Consejo toma el acuerdo de contratar un abogado externo, y se “instruye a la Dirección Nacional para iniciar un procedimiento administrativo a la Federación Costarricense de Karate para lo cual deberá contratar un abogado externo con experiencia y conocimiento en derecho deportivo y administrativo”.
El 22 de abril se hace una modificación a ese acuerdo para agregar que el proceso se debe cumplir en un plazo de “dos meses”, los cuales ya se vencieron.
El Consejo le informa a la directora del Icoder, Alba Quesada, sobre este añadido para su cumplimiento en ese tiempo. Sin embargo, hasta el momento no existe una resolución.
La Nación intentó obtener la versión de Quesada, pero al cierre de esta nota no fue posible.
Asimismo, se enviaron consultas a la ministra del Deporte, Karla Alemán, quien indica que todavía hay un proceso administrativo hacia la FECOKA, pese a que la fecha para terminarlo ya caducó.
En las respuestas, firmadas por la asesora legal, Mauren Cerdas, con fecha del 1° de julio, se indica que la federación continúa trabajando de forma normal porque así debe ser hasta que “culmine el Procedimiento Administrativo en el cual se le otorgarán a la Federación Costarricense de Karate Do todas las garantías del debido proceso legal”.
Además, se explica que las recomendaciones del departamento legal aún no se acogen en su totalidad, solo la del procedimiento administrativo, porque “al tratarse de una investigación preliminar, no contiene la garantía del debido proceso”.