Araya, quien dijo enontrarse fuera del país, confirmó la suspensión, dictada el 24 de setiembe, pero aclaró que él y su abogado apelaron la medida “de forma amplia y contundente”, por lo cual “no se encuentra firme”.
Añadió que la suspensión es temporal, sin un plazo fijo.
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“Será el Tribunal de Alzada del PLN quien resuelva en definitiva el tema. Tengo plena confianza en que nuestras gestiones tendrán un resultado favorable. Por respeto al tribunal mencionado, no voy a hacer más comentarios ni dar más detalles hasta que el asunto no se resuelva de manera definitiva. Muchas gracias”, expresó Araya.
Cecilia Bolaños, presidenta del Tribunal Electoral del Partido Liberación Nacional (PLN), no respondió consultas de La Nación.
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Alfonso Ruiz, abogado de Araya, explicó que la apelación fue presentada este jueves por la tarde, por lo que es probable que el Tribunal de Alzada aún no la haya conocido.
El abogado criticó el Tribunal de Ética se fundamentara en premisas que considera falsas. En primer lugar, aseguró que el TED comete el error de afirmar que Araya tiene un impedimento de salida del país, lo cual afectaría la imagen del partido.
Ruiz enfatizó que esta afirmación es incorrecta, dado que este impedimento solo existió durante los primeros seis meses de la investigación. Desde hace casi dos años, el liberacionista puede salir del país libremente, sin necesidad de pedir permiso. De hecho, presentó al TED una certificación que lo acredita, dijo el abogado.
El segundo error, de acuerdo con Ruiz, es que el TED asegura que el Caso Diamante está próximo a ir a juicio y que una persona en esas circunstancias también afectaría la imagen del partido.
Comentó que el caso ni siquiera tiene fecha de juicio. Además, informó de que las audiencias de apelación planteadas por los defensores hace tres años se llevarán a cabo la próxima semana, los días 7, 8 y 9 de octubre.
En marzo del año anterior, Johnny Araya también debió comparecer ante el TED por las sanciones impuestas por la Contraloría General de la República (CGR), debido a irregularidades ocurridas durante su ejercicio como alcalde de la municipalidad de San José.
La investigación, en esa oortunidad, respondió a una denuncia presentada por el secretario general del PLN, Miguel Guillén, quien solicitó una investigación interna y propuso la suspensión de Araya de su militancia partidaria, en caso de ser hallado responsable, conforme a lo establecido en el Código de Ética y el Estatuto del partido.
En enero de este año, el órgano contralor resolvió suspender por 20 días sin goce de salario a Araya, debido a la contratación directa, sin concurso público ni estudios técnicos o legales, de un bufete de abogados para la asesoría jurídica laboral de la Municipalidad de San José.
La contratación cuestionada, realizada en 2018, tenía como objetivo asesorar a los abogados del ayuntamiento en temas relacionados con la nueva Ley de Empleo Público, así como en capacitaciones y la renegociación de la convención colectiva.
En agosto de 2022, Araya recibió otra nueva sanción por un supuesto pago ilegal a la empresa española Setex Aparki, encargada de los parquímetros en la capital. En esa ocasión, la CGR solicitó una suspensión de 30 días.
Además, en julio del mismo año, Araya fue suspendido nuevamente, esa vez por 25 días sin goce de salario, debido a la inscripción de un vehículo municipal como discrecional ante el Registro Nacional.
