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Tras su destitución como canciller, Manuel Tovar perdió el fuero de inmunidad de ministro y deberá afrontar por la vía ordinaria dos causas penales. Una de ellas se relaciona una denuncia presentada por la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) sobre presuntas presiones a la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde).
Luego de información publicada por El Financiero este jueves, La Nación corroboró que la Fiscalía General prepara un testimonio de piezas para remitir los expedientes a la Fiscalía Anticorrupción, instancia que continuará con las investigaciones.
Una causa es por el presunto delito de tráfico de influencias (N.° 24-000033-0033-PE) y la otra por una aparente influencia en contra de la Hacienda Pública (N.° 25-000149-0033-PE).
El primer caso es el relacionado con Cinde y fue abierto el 21 de mayo del 2024 tras la denuncia de la Procuraduría de la Ética. La investigación también incluye a Paula Bogantes Zamora, actual ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y quien conserva el fuero.
En el momento de los hechos investigados denunciados por la PEP, Tovar ocupaba el Ministerio de Comercio Exterior (Comex).
La Procuraduría señaló que Tovar y Bogantes habrían aprovechado sus puestos para presionar indebidamente por el despido de dos empleados de Cinde a finales del 2022.
De acuerdo con la denuncia, habrían presionado a Eric Scharf, presidente de Cinde, mediante mensajes de texto y audio de WhatsApp y llamadas telefónicas.
Según la Procuraduría de la Ética, entre el 6 y el 21 de diciembre del 2022, Tovar y Bogantes pidieron a Scharf la salida del entonces director general de Cinde, Jorge Sequeira Picado, y de la directora de Comunicación y Mercadeo, Andrea Centeno.
Jorge Sequeira anunció su salida un mes después, mientras que Andrea Centeno continúa en el puesto. Ella había sido presidenta de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) durante el gobierno anterior, de Carlos Alvarado (2018-2022).
Cinco meses después de la presunta presión, en mayo del 2023, el gobierno decidió romper unilateralmente el convenio de atracción de inversiones con Cinde, bajo el argumento de que la situación fiscal le impedía seguir aportando recursos para la ejecución del acuerdo.
La Nación intentó comunicarse con Manuel Tovar mediante una llamada telefónica y un mensaje por WhatsApp para conocer su posición sobre las investigaciones. Al cierre de esta información, no se recibió respuesta.
