La fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) sepultó con sus votos negativos, este lunes, el proyecto de ley que tenía el objetivo de permitirle a la benemérita Cruz Roja Costarricense (CRC) realizar contrataciones de forma más expedita.
Se trata del expediente legislativo 24.215, que proponía exceptuar las contrataciones con fondos públicos que realice la Asociación Cruz Roja de los procedimientos ordinarios establecidos en la Ley General de Contratación Pública.
A la hora de la votación en segundo debate, solo 23 opositores votaron a favor de la iniciativa legal, mientras que los 28 oficialistas votaron en contra y, con eso, envían el expediente al archivo.
Es el primer proyecto de ley que se vota de forma negativa en el plenario del Congreso, desde que iniciaron sus labores los actuales legisladores, en mayo.
Luego de más de dos años de trámite legislativo y versiones del texto que fueron cuestionadas por la Contraloría General de la República (CGR), se llegó en abril pasado a la versión con mayor consenso entre fracciones.
De hecho, ya se le habían eliminado una serie de artículos que la CGR había criticado por constituir un intento de legalizar las contrataciones a dedo y sin controles, con la excusa de beneficiar a la Cruz Roja. Incluso, se llegó a calificar como una iniciativa peor que la ley jaguar.
Sin embargo, luego de una serie de modificaciones, se mantuvo el objetivo principal, que era la de autorizar a la CRC las contrataciones bajo un sistema de excepción, pero con vigilancia de la Contraloría.
Aunque el oficialismo alegaba estar de acuerdo con ese proyecto, antes de hacer la votación en segundo debate logró el apoyo de la oposición para enviarlo a la Comisión de Asuntos Económicos y hacerle modificaciones.
Sin embargo, ese órgano nunca logró acuerdos para introducir los cambios que el oficialismo quería, que eran precisamente los artículos que la Contraloría había cuestionado en su momento.
Por ejemplo, se habría incluido en la excepción al cumplimiento de los procedimientos ordinarios de contratación pública a otros organismos “de derecho internacional” en proceso de gestión, asesoría, diseño o construcción de obra pública, como la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).
“Todos estamos a favor de la Cruz Roja”, dijo Nogui Acosta, jefe de fracción de Pueblo Soberano, para luego justificar por qué votarían en contra de la iniciativa.
Tanto él como Esmeralda Britton, presidenta de Económicos, alegaron que la reforma impide fiscalizar las contrataciones de todas las instituciones públicas con la Cruz Roja.
La iniciativa también eliminaba el inciso e del artículo 2 de la Ley General de Contratación Pública. Al eliminar ese inciso, se establece que los acuerdos celebrados con otros Estados o sujetos de derecho internacional público de carácter humanitario también deberán ajustarse a los procedimientos de la ley.
Además, el oficialista José Miguel Villalobos argumentó que el proyecto es “inconexo”, en el sentido de que es diferente a la propuesta original.
Esos argumentos fueron rechazados por los diferentes voceros de las fracciones de la oposición, que negaron primero el problema de conexidad y enfatizaron en que a la Cruz Roja le urge tener la opción de hacer contrataciones públicas de forma expedita, aparte de tener varias fuentes de financiamiento que no sean retenidas por el gobierno.
De hecho, el frenteamplista Edgardo Araya reveló que, durante las discusiones con los oficialistas, la clara intención del PPSO era ampliar ese permiso que se le daría a la Cruz Roja a otros sujetos de derecho internacional.