Según el mandatario, la UEI a menudo colabora con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en situaciones complejas, pero sin contar con información detallada de los operativos, lo que pone en riesgo la seguridad de los oficiales y de la población.
Por ello, justificó que el decreto asigne al Departamento de Operaciones de la UEI la función de “planificar, supervisar y participar” en allanamientos. Diputados y abogados penalistas señalaron que el decreto excede las potestades legales de la Unidad de Intervención, al señalar que abriría la puerta para allanamientos sin orden judicial.
Al respecto, Chaves dijo que el decreto procura ordenar las evaluaciones técnicas para participar en los operativos.
“La UEI no puede allanar a nadie, ni a nada, ni a ningún establecimiento, ni escuchar, ni hacer investigaciones sin ninguna orden del juzgado, pero a cada rato nos piden que los acompañemos al OIJ, cuando la situación se va a poner color de hormiga.
“Entonces, ¿qué era lo que estábamos viendo? Que el OIJ dice ‘mándeme 20′, pero en una situación compleja, sin saber si las puertas eran de madera o eran de acero, o si había una escuela detrás del edificio donde se armaba la balacera”, dijo.
La Presidencia añadió que el decreto se fundamenta en un estudio técnico de reorganización administrativa parcial, elaborado por la UEI y remitido a la Presidencia. “No le tengan miedo al Gobierno, y mucho menos a este presidente que es profundamente democrático. Ténganle miedo a lo que piensa el pueblo de este país sobre ustedes”, continuó.
El decreto también asigna a la sección de Inteligencia Táctica la función de recolectar información antes de ejecutar las operaciones, utilizando tecnología adecuada para garantizar su efectividad. Además, indica que esta sección trabajará junto con el área de Tecnologías de la Información de la UEI para crear y mantener las bases de datos y los programas necesarios para almacenar y proteger de forma segura los datos generados en sus actividades.
Diputados preocupados por decreto
Este miércoles, durante la conferencia de prensa, Chaves acusó a los diputados de querer asustar diciendo que lo que se quiere crear con el decreto es un “estado dictatorial”.
El lunes, el diputado Alejandro Pacheco, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), advirtió de que la recopilación de datos en la UEI podría ser utilizada para controlar a la población y para intervenir comunicaciones telefónicas.
Antonio Ortega, jefe de fracción del Frente Amplio (FA), también dijo que el decreto permitiría nombramientos “a dedo” de policías y la creación de unidades destinadas a recolectar datos e información, lo que le recuerda el caso de la UPAD del gobierno de Carlos Alvarado. Además, manifestó su preocupación por posibles intervenciones en las comunicaciones privadas.
