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La fracción legislativa del Partido Pueblo Soberano (PPSO) eliminaría del proyecto de jornadas 4-3 un requisito impulsado por el Partido Liberación Nacional (PLN) para que los empleados voten si están de acuerdo o no con la aplicación de horarios extendidos de trabajo en las empresas cuyos patronos pidan utilizar dicho mecanismo.
Así lo anunció el jefe del oficialismo, Nogui Acosta, quien en declaraciones a La Nación adelantó que los 30 diputados del PPSO votarán en forma afirmativa la moción de fondo número 2.528 para modificar el expediente (24.290) que propone legalizar las jornadas de cuatro días laborales de 12 horas y tres días libres.
Se trata de una moción presentada, en el anterior periodo legislativo, por las entonces congresistas Daniela Rojas, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y Carolina Delgado, del PLN. Esta última funge en la actualidad como presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu).
Dicha moción se votaría este lunes, en el plenario legislativo, pues ya el jueves anterior los congresistas llegaron al trámite de la moción de fondo 2.343.
Acosta sostiene que con la aprobación de esa propuesta, la reforma volvería a su texto base original, el cual contaba con el apoyo de los empresarios antes de que se le hicieran cambios en el marco de una negociación entre la anterior bancada chavista, liderada por Pilar Cisneros, y el PLN.
Como parte del acuerdo con el gobierno pasado para tramitar el proyecto por la vía rápida, en agosto del 2025, Liberación introdujo el requisito de la votación de los trabajadores para el caso de empresas que necesiten asegurar una operación continua por 24 horas.
Un año después, los actuales diputados están a las puertas de someter a votación la moción 2.528. Pero luego, deberán afrontar 2.564 votaciones más correspondientes a las revisiones de cada una de las mociones de fondo tramitadas en el plenario legislativo.
Un largo camino pendiente
La moción 2.528 no acabaría con el tortuoso trámite del proyecto de jornadas 4-3. Después de su votación, todavía quedan por conocer 36 mociones de fondo, además de 2.564 mociones de revisión, correspondientes a cada una de las mociones de fondo.
En caso de que el PPSO apruebe esa moción, hay dos escenarios.
El primero es que el plan sea enviado a consulta al Ministerio de Trabajo y otras instituciones, y se suspenda por ocho días hábiles la votación de las revisiones. Durante ese lapso, el plenario podría avanzar con otros proyectos de ley.
Un segundo escenario es que se continúe de inmediato con las mociones pendientes, hasta llegar a la votación en primer debate.
Lo que sí es cierto es que el Frente Amplio (FA) buscará reunir 10 firmas para poner el proyecto en consulta de constitucionalidad en la Sala IV. Esa consulta solo se puede realizar después de la votación en primer debate; el alto tribunal tendría un mes para resolverla.
En síntesis, aún hay un largo camino para que el proyecto termine su discusión en el Congreso.
Nogui Acosta: ‘Es lo que quieren los empresarios’
El vocero oficialista aseguró que su idea, al apoyar la redacción de la moción 2.528, es resolver “un tema de competitividad” de las zonas francas, en particular, y del sector privado en general.
“Vamos a devolvernos al texto inicial del proyecto. Ese es el texto que le sirve al empresariado; es el texto que se logró convenir con los diferentes sectores”, aseveró Nogui Acosta.
El exministro de Hacienda sostuvo que aprobar esa versión de las jornadas 4-3 busca respetar un acuerdo logrado, en el gobierno pasado, con el sector empresarial.
Respecto a la viabilidad política de la moción, Acosta comentó que realmente no se necesitaría el apoyo de ninguna otra fracción para aprobarla, pues a Pueblo Soberano le resulta suficiente con sus 30 votos.
“Ellos (la oposición) tienen visiones diferentes y nosotros queremos salir con este proyecto de ley en los términos en que se convino”, manifestó el vocero oficialista.
Aunque Liberación Nacional apoyó inicialmente las jornadas 4-3 y respaldó la vía rápida, además de que acordó el texto actual con el oficialismo, ahora se inclina cada vez más por no apoyar la propuesta final. De hecho, no votará a favor de la moción que Pueblo Soberano pretende aprobar.
“Cualquier reforma en este campo debe tener un equilibrio entre los intereses de las empresas para garantizar y tener seguridad jurídica, y los intereses de los trabajadores que permitan salvaguardar sus derechos, para que no haya un retroceso en materia de derechos laborales en Costa Rica, en particular para mujeres y jóvenes”, declaró Álvaro Ramírez, jefe de fracción del PLN.
Ramírez señaló que el texto base que el oficialismo pretende retomar no garantizaría ese equilibrio entre intereses de patronos y de trabajadores.
Recordó que, por eso, en el proceso de discusión realizado con las cámaras y las fracciones, incluyendo la bancada liderada por Cisneros, se trató de acercar el proyecto a ese equilibrio.
El verdiblanco consideró que la modalidad de jornadas de 12 horas diarias debe analizarse con mucho cuidado por el impacto en la salud del trabajador, en particular de quien tiene responsabilidades de cuido, y la conciliación de la vida familiar y laboral. Adelantó que seguirán insistiendo en lograr un balance.
¿Qué cambia el texto que apoya Pueblo Soberano?
El texto que apoyan los diputados de Pueblo Soberano mantiene los mismos principios de las jornadas 4-3, en cuanto a la modalidad de cuatro días laborales extendidos de 12 horas cada uno en jornada diaria y tres días de descanso, así como tres días laborales de 12 horas cada uno en jornada nocturna y cuatro días libres.
Sin embargo, la versión que apoya el oficialismo elimina la obligación de que los estudios técnicos requeridos para solicitar la jornada extendida de 12 horas evalúen el impacto psicosocial, de género, de salud mental y conciliación de vida-trabajo, tal como lo acordaron los anteriores diputados.
La moción que apoya el oficialismo mantiene que las jornadas 4-3 se aplicarán en manufactura tecnificada, en empresas que laboren 24/7, tanto en operarios como personal de apoyo, así como en servicios corporativos para diferentes zonas horarias.
Igualmente, tanto la versión actual del proyecto como la que quiere aprobar el PPSO mantienen la prohibición de aplicar el modelo para los sectores de labores pesadas, peligrosas o insalubres, agrícolas y agropecuarias, construcción.
El mismo impedimento se mantiene para menores de edad y mujeres embarazadas o en lactancia, la operación de maquinarias, vehículos automotores o similares, cuando las labores exijan un gran esfuerzo físico o incluyan tener pies y manos en agua o fango, entre otras restricciones.
En cuanto al salario en jornada excepcional ampliada, el texto vigente del proyecto y la moción que impulsa el oficialismo son idénticos.
Sin embargo, la modificación eliminaría el párrafo donde se plantea darles a los empleados espacios adecuados para el descanso y la alimentación, con condiciones higiénicas, de ventilación, iluminación y ergonomía, auditadas anualmente por el Consejo de Salud Ocupacional.
Lo que sí se elimina en la moción impulsada por el oficialismo son varios de los requisitos que deben cumplir los empresarios para solicitar autorización de aplicar las jornadas 4-3, aparte de la votación de los empleados.
Es decir, ya no tendrían que presentar una justificación razonada en la que se acredite que necesitan aplicar ese tipo de jornadas extendidas, ni un estudio técnico de la comisión, oficina o departamento de salud ocupacional del centro de trabajo donde se establezca que la jornada extendida no contraviene las prohibiciones legales.
Sin voto de los empleados
Sobre el requisito de votación de los empleados, la moción respaldada por el PPSO eliminaría todos los párrafos que hacen referencia a esta propuesta del PLN. Se dejaría en manos de la empresa la decisión de aplicar ese mecanismo, en acuerdo con el empleado, si este acepta.
Eso sí, se incluye una reforma en el artículo 404 del Código de Trabajo, donde se prohíbe la discriminación hacia el empleado por negarse a trabajar en jornada extendida de 12 horas.
El texto vigente establece que no se pueden aplicar las jornadas 4-3 a refugiados en situación de vulnerabilidad ni a personas con diagnósticos certificados de salud mental.
Sin embargo, la moción 2.528 eliminaría la prohibición para este tipo de trabajadores.
Adicionalmente, se suprimiría la obligación de hacer una evaluación médica ocupacional semestral gratuita a los empleados que laboren en jornadas extendidas, con seguimiento de la Dirección Nacional de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo.
También se eliminarían una serie de párrafos sobre el derecho de sindicalización de los empleados, el acceso a beneficios, formación y condiciones laborales, el derecho a tener horarios flexibles por compromisos académicos, médicos o familiares, así como la obligación de información sobre brechas de género en el salario.
La moción impulsada por el oficialismo eliminaría, además, la posibilidad de revertir las jornadas de 12 horas en las empresas, mediante votación de las personas trabajadoras.
Finalmente, quitaría la obligación prevista en el transitorio III del actual texto para que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social implemente un plan piloto para la reducción progresiva de las jornadas laborales semanales, de 48 a 40 horas.
Sector empresarial pidió retomar texto original
Desde mediados de julio pasado, organizaciones empresariales empezaron a clamar por la reactivación del proyecto de ley 24.290. Pero no solo abogaron por la búsqueda de acuerdos entre fracciones para su aprobación, sino que también solicitaron regresar “al texto original”.
Así lo planteó la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciónes del Sector Empresarial Privado (Uccaep), el 21 de julio.
El gobierno de Laura Fernández mantuvo el expediente fuera de la agenda de sesiones extraordinarias del Congreso durante tres meses. El tema se reactivó en agosto, cuando los diputados retomaron el control de la agenda.
Uccaep pidió eliminar las modificaciones que los congresistas incorporaron en los últimos meses, bajo el argumento de que desvirtuaron el propósito original de la propuesta.
El principal reclamo de los empresarios es que esos cambios introdujeron “requisitos, procedimientos y restricciones que hacen prácticamente imposible su aplicación en la práctica”.
Además, la organización aseguró que Costa Rica compite con países que ofrecen marcos regulatorios “modernos, flexibles y compatibles con las necesidades de la industrias”.
Ed Sánchez, presidente de la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio (AmCham), y Ronald Lachner, presidente de la Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (Azofras), hicieron llamados al Congreso, por separado, para avanzar en la aprobación de las jornadas laborales de 12 horas.
Sánchez aseguró que la reforma puede fortalecer la posición del país como destino de inversión extranjera directa y permitirle a las empresas estructurar sus operaciones con mayor certeza para sectores como la manufactura avanzada y los servicios globales.
En idéntico sentido se expresó el representante de Azofras, quien adujo que el plan de jornadas extendidas mantiene las garantías laborales y ofrece un marco legal claro, para trabajadores y empresas.
