Los diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN), los chavistas del Partido Progreso Social Demócrata (PPSD), Nueva República y uno del Partido Liberal Progresista (PLP, Gilberto Campos) sepultaron el proyecto de ley para declarar el 19 de diciembre como el Día de la memoria política contra el olvido y la impunidad.
Se trata de una iniciativa de la exdiputada Paola Vega, que busca conmemorar los asesinatos cometidos en el Codo del Diablo, el 19 de diciembre de 1948, por parte de las fuerzas vencedoras de la guerra civil.
LEA MÁS: Ernesto Jara, codirector de ‘El codo del diablo’: “Verán cosas que no queremos recordar...”
Se trata de los presos políticos Tobías Vaglio Sandí, Federico Picado Sáenz, Octavio Sáenz Soto y Lucio Ibarra Aburto (abuelo de la periodista Vilma Ibarra), junto con Álvaro Aguilar, Fernando Aguilar y Narciso Sotomayor.
Esas ejecuciones sumarias se dieron en la madrugada, cuando sacaron a los presos con el engaño de trasladarlos de Limón a San José, en tren, pero los asesinaron en la vuelta conocida como Codo del Diablo, en Siquirres.
“Una vez suscitados los crímenes, los cuerpos fueron encontrados y tras una investigación judicial, tres de los acusados por homicidio recibieron una condena de hasta 30 años de prisión; sin embargo, gracias a los vínculos políticos con el gobierno que tenían los homicidas, lograron evadir sus penas y salir del país sin ningún cargo. Es así como los asesinatos en el Codo del Diablo quedaron impunes ante el predominio de la milicia figuerista y bajo el manto de su autoridad política”, explica la exposición de motivos del proyecto de ley.
LEA MÁS: Las muertes del Codo del Diablo en el cine
La iniciativa fue presentada el 8 de abril de 2021 y, para seguir su trámite legislativo, requería de la votación de una mayoría simple del plenario, pero solo votaron a favor de mantener viva la iniciativa de ley los legisladores del Frente Amplio (FA), los del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), un diputado del PLP (Luis Diego Vargas) y las independientes Gloria Navas y Johana Obando.
El PLN, agrupación política fundada por José Figueres Ferrer, quien presidía la Junta de Gobierno posterior a la guerra civil, órgano al que se le atribuye la orden de asesinar a esos presos políticos, votó de forma unánime en contra de la iniciativa.
LEA MÁS: Diputados denuncian peligros de retórica oficialista
La votación fue de 16 legisladores a favor de extender el plazo cuatrienal de la iniciativa y 25 en contra.
El jefe del FA, Antonio Ortega; la subjefa, Rocío Alfaro, y Carlos Felipe García, del PUSC, hicieron un llamado a los partidos, en particular a Liberación Nacional, a reconsiderar su voto, pero los liberacionista rechazaron el llamado.
“Nos parece que es justo con la historia, independientemente de la interpretación que se haga de los hechos. Es improbable suponer que vamos a negar que ocurrieron los asesinatos y que no vamos a permitirle a este país hacer una lectura crítica de su historia”, dijo Alfaro.
También dijo que es propio de la madurez que todas las tendencias que participaron en la guerra civil del 48 puedan mirar atrás, hacer una lectura y poner los hechos sobre la mesa.
“Ellos fueron asesinados por su posición política, su filiación a Vanguardia Popular, su vinculación y lucha sindical en la zona del Caribe. Eso no es un dato sujeto a interpretación, es real, y que fue en el contexto de la guerra civil es real”, dijo la frenteamplista.
García recordó que el bando calderocomunista es parte de la rica historia. “Compañeros del PLN, la paz, la democracia, la institucionalidad de este país se ha forjado a partir del diálogo, de la construcción y de entender qué es lo que nos rebasa. Como ustedes dicen en sus curules, la paz se construye. Hoy, 77 años después, podemos con mucho orgullo decir que el país superó esos temas”, dijo el socialcristiano.
Se le solicitó una declaración a Liberación Nacional, pero rechazó emitir una posición al respecto.