El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, negó al Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) un aporte extraordinario de ¢600 millones para afrontar “problemas financieros”.
“No se van a dar esos recursos”, respondió el jerarca cuando se le preguntó por la solicitud planteada por Fernando Sandí, presidente del Sinart, a inicios de setiembre pasado.
El Sinart arrastra un déficit de ¢750 millones y, recientemente, la Contraloría General de la República (CGR) le aprobó un presupuesto extraordinario por ¢1.000 millones para liquidar a 78 funcionarios que acepten ser despedidos de la institución bajo la figura del mutuo acuerdo.
Acosta detalló que Sandí le pidió los ¢600 millones porque “parece que tienen problemas financieros” y que los otros ¢1.000 millones gestionados desde febrero provienen del Presupuesto Nacional –propiamente del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ)–.
Los recursos para la movilidad laboral fueron incluidos en el Tercer Presupuesto Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2024 (ley 10.490).
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Liquidación de 78 funcionarios
Tal como consta en la documentación interna del Sinart, disponible en el sitio web de la CGR, el presupuesto solicitado y aprobado se utilizará “para el pago de liquidaciones laborales, con la finalidad de reducir el gasto operativo, así como cubrir indemnizaciones de dos fallos en contra del Sinart por procesos laborales”.
La Nación consultó, vía correo electrónico y por WhatsApp, al presidente ejecutivo del Sinart, Fernando Sandí, sobre los recursos solicitados, tanto los aprobados por la CGR recientemente como los rechazados por Nogui Acosta. Sin embargo, al cierre de este artículo, no se había recibido ninguna respuesta suya, ni del director ejecutivo, Federico Amador.
No obstante, en una nota enviada por Sandí a la Contraloría el 18 de setiembre pasado, se detalla que el plan estratégico de la institución, para los próximos dos años, se elaboró tomando en cuenta la realidad actual del Sinart, “en aspectos políticos, financieros y de mercado”, porque la situación obligó a replantear el plan anterior, que databa del 2020.
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“Este cambio busca maximizar los recursos y cumplir con los objetivos estratégicos planteados. En comparación con la estructura actual del Sinart, la nueva propuesta reduce el número de plazas de 212 a 134, lo que representa una disminución de 78 plazas. La nueva organización contempla tres instancias asesoras, cuatro direcciones y nueve jefaturas”, consignó el jerarca en la nota N.° PE-427-2024.
También, manifestó que se le dará prioridad a aquellas instancias que permitan prescindir de plazas o reducir su costo, especialmente si el reemplazo será contratado bajo un salario único, lo que conllevará un ahorro en comparación con el salario compuesto actual.
Los movimientos se realizarían en los programas presupuestarios de Actividades Centrales, Producción y Programación de Radio y Televisión, Servicios de Publicidad y Prensa, y Dirección Tecnológica.
Pagos por dos procesos laborales
En otra nota remitida en abril pasado a la diputada liberacionista Paulina Ramírez, quien preside la Comisión de Hacendarios, Fernando Sandí explicó que el Sinart requería parte de los fondos para hacerle frente a dos procesos laborales, debido a sentencias favorables a trabajadores y extrabajadores contra la institución.
“Específicamente, se trata de una sentencia por una diferencia de pago de horas extras a dos exoficiales de seguridad. Se tendría aproximadamente ¢50 millones para realizar los procesos de conciliación y poder cerrar este caso que tiene fallo de primera instancia. Se debe indicar que no se realizó ningún debido proceso, en virtud de que la diferencia obedecía a la práctica nacional que se realizaba con oficiales de seguridad con jornadas de 3x4, que estaba también amparada en la convención colectiva, por lo que no existe un presunto responsable”, afirmó el jerarca.
El otro proceso laboral es por un ajuste y reajuste de pluses salariales, intereses y costas legales con cinco trabajadores y extrabajadores, resuelto en favor de los denunciantes en todas las instancias.
Para ese caso, el Sinart plantea utilizar ¢225 millones en un proceso de conciliación, o bien, para pagar lo que se determine en ejecución de la sentencia.
“No existe presunto responsable, ya que esto obedeció a un acuerdo del Consejo Ejecutivo que, tanto en primera instancia como en casación, se determinó que era contrario a los derechos de los trabajadores”, indicó Sandí en el oficio a Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN).