La diputada Mayuli Ortega Guzmán, presidenta del comité ejecutivo del Partido Pueblo Soberano (PPSO), anunció acciones legales por el presunto delito de calumnia contra el excandidato presidencial Claudio Alpízar Otoya, del Partido Esperanza Nacional (PEN), por haber afirmado que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, estaba contribuyendo financieramente con la campaña electoral de esa agrupación política, que llevó a Laura Fernández Delgado a la Presidencia de la República.
Ortega anunció que demandará por la vía penal a Alpízar, luego de que el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) le notificó, en días recientes, el archivo de cualquier investigación administrativa preliminar sobre ese presunto financiamiento irregular.
En nota firmada por el director de ese departamento, Ronald Chacón, y dirigida a Mayuli Ortega, el funcionario le explicó que se archivaron todas las diligencias luego de determinar que no se cuenta con indicios mínimos que justificaran la apertura de cualquier investigación en materia de financiamiento electoral.
A principios de enero, Mayuli Ortega presentó una gestión ante el TSE, a raíz de una serie de manifestaciones hechas por Alpízar sobre un presunto financiamiento extranjero y otras eventuales irregularidades atribuidas al PPSO.
El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos hizo las diligencias para solicitarle a Claudio Alpízar que aportara los elementos y la documentación que pudieran sustentar sus afirmaciones públicas en redes sociales, entre ellos información sobre los supuestos aportantes, los montos, las fechas de recepción, los mecanismos de transferencia o depósito, los intermediarios y cualquier otro dato verificable para determinar el posible financiamiento irregular.
Sin embargo, en su respuesta a esa oficina, Claudio Alpízar solamente respondió que su información provenía de una “fuente humana del país hermano de El Salvador”, cuya identidad iba a mantener bajo confidencialidad.
“No aportó documentación financiera, identificación de los aportantes o intermediarios, montos, fechas, mecanismos de transferencia ni otros elementos verificables o trazables que permitieran sustentar siquiera como indicio la posible existencia de financiamiento prohibido”, explicó Campos en la nota a Mayuli Ortega.
Además, el oficio le explicó a la diputada que esa gestión daba por archivada cualquier posibilidad de investigación sobre presunto financiamiento irregular, mientras que cualquier denuncia por el eventual delito de calumnia se tendría que tramitar con la autoridad penal respectiva, y no en la sede del organiso electoral, según ella lo estimara pertinente.