La diputada del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), Marta Esquivel, propuso un proyecto de ley para dividir la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en dos órganos: una para el seguro de salud y otra para pensiones.
Se trata del expediente legislativo 25.850, ingresado el 20 de octubre por Esquivel.
Las juntas estarían integradas por cinco personas: dos representantes del Poder Ejecutivo, uno del sector patronal, uno del sector laboral y otro de las juntas de salud.
El presidente de la CCSS será el único integrante común a ambas juntas y estará a cargo de presidirlas. Este será de libre nombramiento y remoción del Consejo de Gobierno. Su nombramiento será a tiempo completo y con dedicación exclusiva.
El otro representante del gobierno será el ministro de Salud en la junta del seguro de salud y el jerarca de Trabajo en la de pensiones. En la actualidad, la legislación prohíbe designarlos como representantes; la nueva normativa obligaría a que sean ellos los nombrados.
El período será de cuatro años y sus integrantes podrán ser reelectos. En la actualidad la Junta de la CCSS es de nueve integrantes: tres patronales, tres laborales (sindical, cooperativo, solidarista) y tres estatales.
El proyecto de ley reduce a uno los representantes patronales y de trabajadores; y a dos los del gobierno. Suma al de juntas de salud.
En la actualidad, la ley establece que el Consejo de Gobierno no podrá rechazar las ternas propuestas. Sin embargo, la nueva ley permitiría al Ejecutivo rechazar nombres, dado que le otorga la potestad de “comprobar” los requisitos.
Perfiles
La iniciativa también establece requisitos de formación profesional y experiencia para quienes integren los órganos directivos. En conjunto, los miembros de la junta del seguro de salud deberían cubrir perfiles relacionados con medicina, enfermería o salud pública; economía de la salud o finanzas; y derecho de la seguridad social o administrativo.
En el caso de la junta de pensiones, los perfiles incluirían conocimientos en ciencias actuariales, finanzas o inversiones, derecho de la seguridad social o laboral, y macroeconomía o seguridad social. Todos los integrantes tendrían que acreditar al menos cinco años de experiencia relacionada con las funciones de la junta respectiva.
Además, el texto propone impedir que las personas elegidas por los sectores patronal, laboral y de juntas de salud hayan ejercido, durante los cinco años anteriores a su elección, determinadas funciones de dirección partidaria o de coordinación general y administración de recursos de campañas electorales.
El impedimento no se aplicaría por la sola afiliación a un partido político ni por haber ocupado anteriormente un cargo de elección popular. La verificación de los requisitos correspondería al Consejo de Gobierno, con audiencia para las personas afectadas y una resolución motivada.
¿Qué gestionará cada Junta?
La propuesta busca separar las decisiones relacionadas con la prestación de servicios médicos de aquellas vinculadas con las obligaciones previsionales, las reservas, las inversiones y las proyecciones actuariales de los regímenes de pensiones.
Así, la junta del seguro de salud tendría competencia sobre los planes, reglamentos, prestaciones, reservas e inversiones de ese seguro. La de pensiones asumiría esas funciones en los regímenes que administra la Caja, incluidas las decisiones sobre cotizaciones.
Aunque ambas juntas tendrían competencias propias, el proyecto dispone que se reúnan para resolver asuntos institucionales comunes. Esa instancia conjunta no podría sustituir las atribuciones exclusivas de cada órgano.
¿Qué pasaría con la actual Junta Directiva?
El proyecto dispone que, una vez publicada la eventual ley, se inicien las convocatorias y designaciones necesarias para conformar las dos juntas. La actual Junta Directiva mantendría sus competencias hasta que ambos órganos estén debidamente integrados e instalados.
Con la entrada en funciones de las nuevas juntas, concluirían los nombramientos correspondientes a la estructura actual, incluso si los períodos de sus integrantes todavía no hubieran vencido.
Las personas que integran la Junta Directiva actual podrían participar en las nuevas elecciones si cumplen los requisitos establecidos.
La iniciativa también incorpora causales de responsabilidad disciplinaria para los directivos, como ocultar incompatibilidades, votar contra criterios actuariales de cumplimiento obligatorio en determinadas circunstancias, acumular ausencias injustificadas, intervenir en asuntos con conflictos de interés o ejercer presiones indebidas sobre el personal de la Caja.