Marta Esquivel, presidenta de CCSS, detenida en Pérez Zeledón por Caso Barrenador
Será trasladada a San José en medio de una investigación por un presunto sobreprecio en contratos de Ebáis otorgados a cooperativas
08/02/2023 Asamblea Legislativa. Comparecencia de presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, en comisión de Control de Ingreso y Gasto Público. La jerarca de La Caja, fue ampliamente cuestionada por los diputados Dinorah Barquero y Francisco Nicolás, entre otros. Foto: Rafael Pacheco Granados Rafael Pacheco Granados
Marta Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), fue detenida la mañana de este lunes en Pérez Zeledón. La funcionaria se presentó a la delegación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en este cantón y, ahora, será trasladada a San José.
A las 6 a. m., la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) allanó la casa de Esquivel, en barrio La California, San José, en el marco de una pesquisa por un presunto sobrepreciomillonario en la adjudicación de contratos a cinco cooperativas para la operación de 138 Ebáis. Sin embargo, ella no estaba en el inmueble.
Pasadas las 10 a. m. Esquivel abordó un vehículo para transporte de detenidos del OIJ y viaja hacia el Segundo Circuito Judicial de San José donde será indagada en la fiscalía, junto a otros siete vinculados con este caso que también fueron aprehendidos.
Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS, figura como investigada en el Caso Barrenador. (Rafael Pacheco Granados)
La acción judicial incluye 28 allanamientos, uno de ellos en la sede central de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en San José. Las pesquisas versan sobre los supuestos delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
El presunto sobreprecio de ¢12.400 millones para la CCSS
Según informó la FAPTA, la Junta Directiva de la Caja se arrogó del conocimiento de un concurso público para la administración de 138 Ebáis.
“Se presume que los imputados anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y, en su lugar, instruyeron uno nuevo en el cual habrían ejercido control y, prevaleciéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las cooperativas”, indicó la Fiscalía.
Lo habrían hecho a pesar de que “las ofertas presentadas por las cinco entidades eran excesivas”, lo que habría costado a la Caja “un incremento anual de más de ¢12.400 millones respecto al costo actual de la prestación del servicio en ejecución en las mismas áreas de salud en igualdad de condiciones técnicas, es decir, que serían más costosos de lo que invertiría la CCSS si tuviera que asumir el servicio”.
