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El magistrado de la Sala Constitucional, Jorge Araya, cuestionó públicamente al ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, por la rebaja de ¢23.722 millones que ordenó aplicar al presupuesto del Poder Judicial, para lo que resta del 2026.
“Ministro Cháves, ¿a favor de quién está: del crimen organizado y del narcotráfico, o a favor de los costarricenses decentes y honorables?”, cuestionó Araya durante la sesión de Corte Plena de este lunes.
El magistrado planteó una segunda pregunta: “¿Está usted a favor de disminuir la mora o está usted a favor de aumentar la mora judicial?”.
Antes de formularlas, Araya calificó como “impactantes” los números del nuevo recorte anunciados para el Poder Judicial y señaló que, de concretarse, tendrían consecuencias sobre las investigaciones penales, la protección de víctimas y testigos y la resolución de procesos judiciales.
Araya sostuvo que la relación entre el Ministerio de Hacienda y el Poder Judicial atraviesa uno de sus momentos más difíciles y planteó que la institución debe explicar públicamente las consecuencias que tendría la reducción presupuestaria.
“Los más serios desde la guerra civil del 48 en la relación entre el Ministerio de Hacienda y el Poder Judicial”, afirmó, aunque aclaró que no estaba emitiendo un juicio de valor, sino reiterando los planteamientos expuestos durante la sesión.
Araya pide reunirse con el bloque democrático
Ante el escenario presupuestario, Araya propuso que las autoridades de la Corte se reúnan de inmediato con las jefaturas de fracción de los partidos que integran el denominado bloque democrático de la Asamblea Legislativa: Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio, Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Coalición Agenda Ciudadana (CAC).
El magistrado planteó que el encuentro debería incluir a los equipos técnicos del Poder Judicial y de las fracciones legislativas para revisar las cifras y dimensionar las consecuencias del recorte.
“Lo primero que me parece que hay que hacer es manos a la obra, reunirse de inmediato con las fuerzas del bloque democrático en la Asamblea Legislativa y sentarse técnicamente para conversar”, dijo.
Según Araya, la magnitud de la rebaja amerita que la Corte lleve directamente a los diputados los datos sobre el impacto que tendría en el funcionamiento de la institución. “Yo lo haría hoy mismo, señor presidente, si yo fuera usted”, afirmó el magistrado,
Araya calificó el impacto presupuestario expuesto durante la sesión como “demoledor para la democracia costarricense” y señaló que la reiteración de recortes hace necesario que el Poder Judicial busque una respuesta conjunta con las fuerzas políticas de oposición.
Orlando Aguirre ya se reunió con diputados
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, informó durante la sesión que ya sostuvo una reunión con diputados el viernes anterior para abordar tanto el presupuesto del Poder Judicial, como los efectos que podría tener la rebaja.
Aguirre explicó que participaron legisladores de distintas agrupaciones, entre las cuales citó a las diputadas del PUSC y la CAC, Abril Gordienko y Claudia Dobles. También dijo haber conversado con varios diputados del PLN, aunque precisó que el jefe de la bancada verdiblanca, Álvaro Ramírez, no pudo asistir.
Según el presidente de la Corte, durante ese encuentro los diputados expresaron preocupación por el presupuesto que llegará a la Asamblea Legislativa y por los posibles efectos del recorte sobre el funcionamiento y la producción del Poder Judicial.
Araya insistió, pese a la reunión ya realizada, en la conveniencia de volver a convocar a las jefaturas del bloque democrático para presentarles los datos con los equipos técnicos de la Corte.
“Me parece que hay muchos costarricenses esperando una acción, o sea, una acción fuerte, directa con todas las fuerzas que están comprometidas con la democracia”, manifestó.
La Presidencia de la Corte acordó intentar coordinar una nueva actividad con las fracciones legislativas, a solicitud de Araya.
Lucía Astorga
Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.
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