“Merecen las personas funcionarias públicas ejercer sus funciones de manera libre, de manera transparente, sin miedo a salir a la calle, sin escoltas, sin preguntarse todos los días: ‘¿Será que hoy me van a golpear? ¿Será que hoy van a ser efectivas las amenazas?’ Esto es injusto.”, afirmó.
Durante su intervención, la fiscala resaltó que las expresiones hechas por Quirós suponen “una afectación social muy grave”, especialmente porque se hicieron en un espacio público, específicamente durante un mitín realizado en junio del 2023, frente a la Asamblea Legislativa. Subrayó que los discursos que incitan a la violencia no tienen cabida en un Estado de derecho, por lo que deben ser repudiados y sancionados.
“Nos encontramos una amenaza pura, simple y directa ante un funcionario público y, reitero, sin el afán de de repetir acá, no es un funcionario público cualquiera, es un funcionario público electo por el pueblo”, aseveró.
LEA MÁS: Fiscalía pide un año de prisión para chavista que amenazó a Ariel Robles
“Si nosotros decimos que le vamos a sacar el sirope y de la nariz a una persona, claramente aquí todos vamos a entender que es sacar la sangre o cualquier fluido corporal, señora jueza”, agregó.
Sacar el sirope
Quirós es investigada por el delito de amenazas a funcionario público, luego de manifestar que se le sacaría el “sirope de la nariz” al congresista frenteamplista. Tanto el Ministerio Público como Robles intepretan que la frase hace alusión a la sangre y constituiría un llamado a agredir al legislador.
No obstante, Pereira argumentó que este tipo de amenazas no pueden ser vistas como expresiones inofensivas o parte del debate político, dentro del marco de disenso y la libertad de expresión que garantiza el ordenamiento constitucional del país. Para la fiscala, declaraciones como las que hizo Quirós, generan un clima de intimidación que afecta el ejercicio libre e independiente de la función pública.
Agregó que debe enviarse un mensaje claro a la población, de que ninguna persona que ejerza un cargo público debería temer por su seguridad debido a su labor, por eso solicitó que se imponga un año de cárcel contra Quirós. El Código Penal fija una sanción de prisión que oscila entre un mes a dos años, por el delito de amenaza a funcionario público.
“Si esto no es una amenaza a funcionario público, entonces, ¿qué es?”, declaró.
LEA MÁS: Ariel Robles lamenta discurso violento de activista chavista que llama a sacarle el ‘sirope’
Según la fiscala, esta figura penal busca proteger la libertad, la integridad y la tranquilidad de las personas funcionarias en el ejercicio de sus labores, evitando que sufran amenazas que puedan servir para intimidarles o coaccionarles, afectando su actuar imparcial y eficiente, en perjuicio del interés público.
Pereira alegó que, en el expediente del caso, no consta algún tipo de elemento probatorio que permita hacer pensar que Yendry Quirós no se encontraba en sus cabales, al momento de hacer las manifestaciones hoy cuestionadas por la justicia. “No existe absolutamente nada que se haya ofrecido para determinar si es que para ese momento contaba con algún tipo de situación psiquiátrica o psicológica que le impedía actuar apegada a lo que la legislación establece”, señaló.
En todo caso, argumentó que no existen razones que permitan justificar las acciones de la acusada, “porque si así fuera, entonces todos tendríamos permitido amenazarnos unos a otros”.
