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La presidenta de la República, Laura Fernández, ordenó este jueves 10 de setiembre una investigación sobre el trámite para el traslado aéreo de un niño de 7 años que resultó herido en un ataque en Pueblo Nuevo de Limón y que falleció durante la madrugada.
La mandataria solicitó informes al Consejo Técnico de Aviación Civil (Cetac), al Ministerio de Seguridad Pública y a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Las instituciones disponen de un plazo de tres días para entregar la información a Casa Presidencial.
La decisión surgió luego de señalamientos sobre un supuesto atraso en la coordinación de un vuelo ambulancia para llevar al menor del Hospital Tony Facio Castro, en Limón, hasta el Nacional de Niños, en San José. La Presidencia señaló en el oficio que presuntamente se produjeron retrasos en esas gestiones.
Según denunció Ricardo Hernández, paramédico del servicio privado que debía efectuar el traslado, el retraso ocurrió porque el funcionario de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) encargado de autorizar el vuelo no respondió las llamadas del personal que coordinaba la operación.
Esa situación se presentó la noche del miércoles. La aeronave privada debía despegar del Tobías Bolaños, en Pavas, y aterrizar en el aeropuerto internacional de Limón para concretar el traslado.
El documento enviado por Casa Presidencial pidió establecer la actuación de cada institución durante la coordinación y elaborar una cronología de las gestiones realizadas. El informe también deberá determinar si los protocolos correspondientes se aplicaron correctamente y cuáles circunstancias pudieron afectar los tiempos de respuesta.
Uno de los puntos solicitados busca determinar el estado de salud del niño durante la atención inmediata. Las autoridades deberán precisar si el paciente se encontraba médicamente apto para viajar por vía aérea mientras se efectuaban las coordinaciones necesarias para concretar el vuelo.
La Presidencia también instruyó a las instituciones para que dispongan la apertura de una investigación preliminar sobre lo ocurrido. Si los resultados lo justifican, deberán iniciar los procedimientos administrativos necesarios para determinar eventuales responsabilidades legales.
