La alcaldesa de Puriscal, Iris Arroyo, afirmó que el Instituto de Control de Drogas (ICD) le retirará cuatro vehículos y otros bienes que son utilizados por la Policía Municipal de ese cantón.
Se trata de activos decomisados al crimen organizado que habían sido entregados a la Municipalidad. Según Arroyo, ese cuerpo policial quedaría únicamente con dos motocicletas para hacer frente a la delincuencia en ese cantón. Estas fueron donadas por la Embajada de Estados Unidos.
El acuerdo para retirarle los bienes a Puriscal fue determinado por el Consejo Directivo del ICD el pasado 9 de setiembre, según una resolución que La Nación tiene copia.
La decisión se adoptó por mayoría de cinco votos contra uno, con el voto en contra del representante del Organismo de Investigación Judicial, su subdirector a. i., Vladimir Muñoz.
La Nación remitió consultas al ICD y a Casa Presidencial. Al cierre de edición, se encontraban en trámite.
¿Dónde se origina la decisión?
La decisión obedece a la orden girada por la presidenta Laura Fernández de hacer un inventario de todos los bienes del ICD en otras instituciones para “recogerlos y asignarlos” a la Fuerza Pública, “salvo fuerza mayor”, dijo el 2 de setiembre.
Este miércoles 16 de setiembre en la conferencia de prensa semanal de la Presidencia, Charlyn Sánchez, viceministra de la Presidencia y representante del gobierno en el ICD, detalló que están “recuperando” los bienes, incluidos los de Puriscal.
Tras ese anuncio, Arroyo señaló que envió un oficio a Fernández para explicarle la situación y la necesidad de los bienes en el combate a la delincuencia. Sin embargo, de momento, no ha recibido respuesta.
Según la alcaldesa, los vehículos son utilizados diariamente por la Policía Municipal para labores de vigilancia, atención de incidentes, operativos de seguridad y programas preventivos, incluidos el abordaje de drogas en centros educativos.
El ICD le retirará cuatro vehículos, dos aires acondicionados, cuatro televisores, un equipo de sonido, dos drones y una máquina de soldar. Aunque, según el Instituto, Puriscal tendría 15 bienes.
Arroyo señaló que todos los activos eran utilizados por la Policía Municipal y que, salvo los vehículos, la Municipalidad tiene capacidad para asumir la compra de los demás activos. Sin embargo, afirmó que no cuenta con recursos para sustituir los automotores.
Consultada por La Nación, Arroyo planteó tres posibles razones para el retiro de los cuatro vehículos de la Municipalidad de Puriscal: que la presidenta Fernández haya recibido información incorrecta sobre el uso que la Policía Municipal daba a los automotores; que la medida busque debilitar el trabajo de ese cuerpo policial en seguridad y prevención; o que se trate de una supuesta persecución política por su pertenencia al Partido Liberación Nacional (PLN).
La alcaldesa dijo que inicialmente prefiere atribuir la decisión al desconocimiento de Fernández sobre el uso de los vehículos. También afirmó que ha enfrentado dificultades para conseguir audiencias con instituciones del Gobierno.
Acudirá a la vía judicial
El acuerdo que permitió a la Municipalidad disponer de los vehículos se firmó al final de la administración de Carlos Alvarado. Según explicó Arroyo, inicialmente la Policía Municipal recibió un vehículo, pero la cantidad fue aumentando conforme creció el número de policías.
Según la funcionaria, el convenio establece circunstancias específicas para recuperar los vehículos, como una orden judicial para devolverlos a sus propietarios o la determinación, luego de una investigación y el debido proceso, de que los bienes fueron utilizados para fines distintos a los establecidos.
La alcaldesa sostiene que ninguna de esas situaciones se presentó en Puriscal.
Arroyo dice que el ICD justificó el retiro en un “interés público” relacionado con el fortalecimiento de las fuerzas policiales.
Aunque impugnó la decisión a nivel administrativo, el recurso le fue rechazado.
Ante este escenario, señaló que de no obtener una solución por parte de las autoridades políticas involucradas impugnará la decisión ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
La Municipalidad recibió inicialmente una semana para devolver los bienes, con plazo hasta el 23 de setiembre. Arroyo solicitó una ampliación para completar trámites como el retiro de los logotipos oficiales de los vehículos. El plazo fue extendido hasta el 10 de octubre.