El contenido no coincide con las afirmaciones hechas por el presidente Rodrigo Chaves, quien dijo que el plan del TSE pretende “callar al pueblo” y que, por lo tanto, él vetaría el texto. Así se desprende de una revisión del expediente actualizado. El proyecto consiste en lo siguiente:
Obligación de identificarse
La ley obligaría a las personas físicas, jurídicas y partidos políticos a identificarse cuando compren servicios de publicidad electoral en redes sociales.
Además, se prohibiría el uso de perfiles falsos o anónimos para pagar publicidad en redes, motores de búsqueda y servicios de streaming, siempre que esta esté relacionada con propaganda electoral a favor o en contra de partidos políticos o sus candidaturas y precandidaturas oficializadas.
Plataformas tendrían que informar
Asimismo, el proyecto daría al Tribunal la potestad de solicitar a las plataformas digitales que venden publicidad, como Meta (proveedora de Facebook e Instagram), la información sobre la pauta contratada y el medio utilizado para el pago de ese fin.
También, estas empresas tendría que tener un representante legal en el país y un medio al cual notificar.
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Multas por incumplir la ley
Se impondría una multa de dos a diez salarios base (de ¢920.000 a ¢4,6 millones) a los medios de comunicación, sitios digitales, perfiles o personas físicas o jurídicas que difundan encuestas de opinión o sus resultados, así como propaganda electoral, durante la veda publicitaria.
Por otro lado, la sanción iría de 10 a 50 salarios base, es decir, de ¢4,6 millones a ¢23 millones, para quienes incumplan con las prohibiciones definidas por el TSE en la regulación de la publicidad digital electoral, así como a aquellos que contraten publicidad electoral durante la veda o “no acaten la orden girada por el Tribunal de retirar propaganda prohibida”.
El plan de ley fue propuesto en el 2023 y dictaminado a favor, en agosto de 2024, por los partidos Progreso Social Democrático (PPSD), Liberación Nacional (PLN), Nueva República, Frente Amplio (FA) y el Liberal progresista (PLP).
¿Se limita la conversación política en redes?
El proyecto no busca limitar que los “costarricenses de a pie no hablen sobre temas políticos”, como consultaron al mandatario en conferencia presidencial.
Los ciudadanos podrán realizar manifestaciones, críticas, acusaciones, opiniones políticas o incluso afirmaciones falsas desde sus perfiles personales o cuentas anónimas, indicó Gustavo Román, vocero del TSE, luego de que Chaves criticó la iniciativa.
No obstante, la propuesta sí regulará los servicios de publicidad electoral en redes sociales a los que se le inviertan recursos económicos. Es decir, todos aquellos contenidos de audio, imagen o texto que se paguen por difundir.
En conferencia de prensa del miércoles pasado, el presidente Chaves anunció que vetará el proyecto en caso de que avance en la Asamblea Legislativa.
