El proyecto de ley del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre la regulación de publicidad en redes sociales (expediente 23885), que se encuentra en la corriente legislativa, en realidad se centra en regular el pago de propaganda electoral en redes sociales y otras plataformas digitales con el objetivo de transparentar quiénes están detrás de las pautas.
El contenido no coincide con las afirmaciones hechas por el presidente Rodrigo Chaves, quien dijo que el plan del TSE pretende “callar al pueblo” y que, por lo tanto, él vetaría el texto. Así se desprende de una revisión del expediente actualizado. El proyecto consiste en lo siguiente:
Obligación de identificarse
La ley obligaría a las personas físicas, jurídicas y partidos políticos a identificarse cuando compren servicios de publicidad electoral en redes sociales.
Además, se prohibiría el uso de perfiles falsos o anónimos para pagar publicidad en redes, motores de búsqueda y servicios de streaming, siempre que esta esté relacionada con propaganda electoral a favor o en contra de partidos políticos o sus candidaturas y precandidaturas oficializadas.
Plataformas tendrían que informar
Asimismo, el proyecto daría al Tribunal la potestad de solicitar a las plataformas digitales que venden publicidad, como Meta (proveedora de Facebook e Instagram), la información sobre la pauta contratada y el medio utilizado para el pago de ese fin.
También, estas empresas tendría que tener un representante legal en el país y un medio al cual notificar.
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Multas por incumplir la ley
Se impondría una multa de dos a diez salarios base (de ¢920.000 a ¢4,6 millones) a los medios de comunicación, sitios digitales, perfiles o personas físicas o jurídicas que difundan encuestas de opinión o sus resultados, así como propaganda electoral, durante la veda publicitaria.
Por otro lado, la sanción iría de 10 a 50 salarios base, es decir, de ¢4,6 millones a ¢23 millones, para quienes incumplan con las prohibiciones definidas por el TSE en la regulación de la publicidad digital electoral, así como a aquellos que contraten publicidad electoral durante la veda o “no acaten la orden girada por el Tribunal de retirar propaganda prohibida”.
El plan de ley fue propuesto en el 2023 y dictaminado a favor, en agosto de 2024, por los partidos Progreso Social Democrático (PPSD), Liberación Nacional (PLN), Nueva República, Frente Amplio (FA) y el Liberal progresista (PLP).
¿Se limita la conversación política en redes?
El proyecto no busca limitar que los “costarricenses de a pie no hablen sobre temas políticos”, como consultaron al mandatario en conferencia presidencial.
Los ciudadanos podrán realizar manifestaciones, críticas, acusaciones, opiniones políticas o incluso afirmaciones falsas desde sus perfiles personales o cuentas anónimas, indicó Gustavo Román, vocero del TSE, luego de que Chaves criticó la iniciativa.
No obstante, la propuesta sí regulará los servicios de publicidad electoral en redes sociales a los que se le inviertan recursos económicos. Es decir, todos aquellos contenidos de audio, imagen o texto que se paguen por difundir.
En conferencia de prensa del miércoles pasado, el presidente Chaves anunció que vetará el proyecto en caso de que avance en la Asamblea Legislativa.