Cuando la diputada fue a tomar su teléfono, temprano este jueves, para ingresar a la aplicación de mensajería WhatsApp le apareció un mensaje donde decía que se estaba actualizando. Cuando supuestamente ya estaba actualizada la app, le pidió un “código de actualización”, que ella ingresó y le pidió verificar su identidad.
Esas pocas acciones fueron suficientes para que no solo perdiera control de su cuenta personal en esa aplicación, sino que fuera utilizada para enviar mensajes a sus contactos con los que se pretendía realizar una estafa.
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Así explicó Katherine Moreira Brown, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), la situación que vivió este jueves y que la llevó a denunciar ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el robo de su cuenta personal, al tiempo que informó a sus familiares y colegas del PLN para que la sacaran lo más pronto posible de todos los chats, porque ya no era ella quien controlaba ese número.
Moreira no es la primera legisladora que sufre una situación de este tipo, pues ya Carlos Andrés Robles, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), había perdido su cuenta de WhatsApp la semana pasada, precisamente con la misma estafa, pues una vez robada su identidad, empezaron a enviar un mensaje donde Robles ofrecía vender $17.500 a ¢489 por cada dólar.
Luego de avisarle a su familia, la liberacionista acudió al OIJ, pero las autoridades le explicaron que, por tratarse de un delito relacionado con cibercrimen, los agentes de la policía judicial debían acudir a la Asamblea Legislativa y, allí, levantar un acta y hacer el protocolo necesario por tratarse de una diputada de la República.
De hecho, el aparato telefónico fue decomisado para avanzar en la investigación que permita determinar cómo fue que perdió su cuenta de WhatsApp en manos de cibercriminales.
“El mensaje era el mismo, que yo tenía un montón de dólares y que lo estaba vendiendo a precio menor a los bancos. Los que me conocen saben que yo no voy a tener nunca esa cantidad de dinero en efectivo ni dedicarme a eso, cuando tenemos instituciones financieras que se dedican a eso”, comentó.
Moreira explicó que la Sección de Cibercrimen del OIJ tiene en custodia el aparato telefónico para poder determinar quiénes son los que está cometiendo esos delitos.
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