Un dron policial sobrevoló el condominio Concasa y lanzó advertencias a sus habitantes el miércoles 14 de octubre, con motivo de la inauguración del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco), lo que despertó dudas en torno a la legalidad de la acción. Existe un antecedente judicial sobre el uso de drones estatales, el cual surgió a raíz de un ciudadano que sintió violentado su derecho a la intimidad. Desde 2024, la Sala Constitucional estableció que las instituciones públicas deben responder solicitudes de información sobre este tipo de incursiones en terrenos no estatales.
En la sentencia 34793-2024, los magistrados condenaron a la Municipalidad de Acosta por no responder una consulta de un vecino luego de que un dron de esa entidad sobrevolara a escasos metros de la cocina de la casa de su madre.
Según el recurso de amparo, en setiembre de ese año, un vehículo municipal con tres funcionarios se estacionó frente a la propiedad del hombre y, cuando este les preguntó qué hacían, le respondieron que realizaban un “estudio de curvas de nivel”.
Posteriormente, el vecino se retiró del lugar y fue a almorzar a la casa de su mamá. Mientras comían, un dron sobrevoló la vivienda a muy poca altura.
En el recurso, el hombre manifestó su preocupación por la exposición de su padre y madre a un dispositivo desconocido y por sentirse observados en la intimidad de su hogar y su propiedad.
“Al estar almorzando, junto a mi madre, nos sorprendió un dron que inspeccionó sobre la casa”, relató en el recurso. Añadió que se sintieron observados.
El ciudadano solicitó a la municipalidad explicar por qué los funcionarios realizaban trabajos en una propiedad privada, cuáles labores efectuaron y qué justificó el uso del dron sobre la vivienda.
Pidió también identificar a la persona que lo piloteó, confirmar si contaba con licencia para operar aeronaves pilotadas a distancia (RPAS) y obtener una copia de la bitácora del ingeniero en la que constaran la visita, los trabajos coordinados y realizados en el lugar.
¿Qué resuelvió la Sala Constitucional?
El ciudadano no obtuvo respuesta dentro del plazo de ley, de diez días hábiles. Ante esto, interpuso un recurso de amparo.
Durante el proceso constitucional, el alcalde de Acosta, Nelson Umaña Quirós, afirmó ante el tribunal que brindó respuesta al gestionante mediante un oficio interno. Sin embargo, los magistrados determinaron que la entidad no acreditó la notificación efectiva de dicho documento ni aportó el informe técnico correspondiente para verificar si realmente se entregaron los datos requeridos.
En ese momento, el alto tribunal fijó un plazo de tres días contados a partir de la notificación del fallo para que el gobierno local resuelva el trámite y facilite la documentación solicitada.
Se condenó a la Municipalidad al costas, daños y perjuicios, que se liquidarán en ejecución de sentencia de la vía contencioso-administrativa.
La Nación remitió consultas a ese ayuntamiento. Sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.
Sobrevuelos cerca del Cacco
Este miércoles 14 de octubre, el gobierno de Laura Fernández inauguró el Cacco, ubicado el complejo penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela. Es un anexo de 31.000 metros cuadrados diseñado para albergar a 5.100 privados de libertad de alto perfil criminal.
Un dron sobrevoló los alrededores del centro penal y, según el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, el vuelo respondió a la iniciativa de un oficial y no a una orden institucional.
El jerarca explicó en el programa Nuestra Voz de Amelia Rueda que consultó sobre el tema con el director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) para verificar si la acción formaba parte del plan operativo de seguridad.
El director le confirmó que la medida no estaba contemplada dentro de los planes de seguridad establecidos.
“Me dijo que no, que fue iniciativa de un oficial que le dijo a uno de los funcionarios del Cuerpo de Bomberos que hiciera eso. Eso no estaba dentro de las medidas de seguridad que íbamos a implementar”, expresó Aguilar.
El Ministro calificó la actuación como una “iniciativa negativa”. El titular de Justicia indicó que el caso será investigado.
