Las magistradas Patricia Vargas, de la Sala Tercera, e Ingrid Hess, de la Sala Constitucional, se manifestaron sumamente sorprendidas y preocupadas por el retiro de la visa de Estados Unidos al magistrado Paul Rueda, dado a conocer la semana pasada.
Así lo expresaron este lunes, cuando recién estaba iniciando la sesión de la mañana de la Corte Plena.
Vargas y Hess se solidarizaron con Paul Rueda Leal y con Jorge Araya, de quien se dijo inicialmente en varios medios que también había sido afectado con el retiro de la visa; sin embargo, el propio Araya explicó a La Nación que él no tenía esa autorización de viaje, por lo que no se le podía retirar.
La cancelación de la visa a Estados Unidos de Rueda se dio a conocer el miércoles. Ese mismo día, se informó de que también se le canceló el visado al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez.
Ambos miembros de supremos poderes recibieron el correo oficial de la Embajada estadounidense media hora después de que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, comentó a la prensa sobre dicha situación.
“Mi solidaridad con los magistrados Rueda y Araya, que son probos, valientes, defensores de la Constitución en lo que ella significa”, expresó Ingrid Hess, durante la sesión de la Corte Plena.
La magistrada, quien integra la Sala Constitucional junto con Rueda y Araya, aseguró que ella mantiene su confianza en la independencia, imparcialidad e integridad del Poder Judicial y de la mayoría de sus funcionarios.
Patricia Vargas: ‘Esto genera suma extrañeza’
Por su parte, la magistrada penal Patricia Vargas manifestó que, para ella, el magistrado a quien se le retiró la visa es honorable y probo, por lo que genera mucha sorpresa que la delegación diplomática estadounidense decidiera retirarle la visa.
“Genera suma extrañeza. Por eso, planteamos la necesaria defensa de la institucionalidad y la independencia del Poder Judicial. Es tarea de todas las personas que integran la judicatura”, dijo la magistrada Vargas.
El presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre, aseguró que la Corte Plena tiene la confianza de que todos los magistrados tienen una convicción de actuar siempre en tutela de los derechos de los ciudadanos y del Estado de derecho costarricense, pero evitó referirse específicamente a la situación de la visa de Paul Rueda.
Con Rodrigo Arias y Rueda son ya ocho funcionarios públicos a los que el Gobierno estadounidense les cancela la visa vigente, medida que ha aplicado en otros países a funcionarios a quienes se señala de corrupción o de otros hechos delictivos.
En el caso de los miembros de los supremos poderes de Costa Rica, no está clara cuál es la razón para la sanción. El jueves pasado, la vicepresidenta legislativa, Vanessa Castro, indicó en el plenario que la explicación que le dio la Embajada de por qué se le retiró el permiso de viaje, en realidad se basa en un argumento falso.
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La vicepresidenta reveló que ella fue en persona a la sede diplomática y que allí le dijeron que habían recibido información, por ejemplo, entre otras cosas, de que ella tenía relación con miembros del Partido Comunista Chino.
Castro rechazó tal posibilidad y recordó que ella trabajó en favor del TLC (Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, aprobado en el 2007), y manejó la creación del convenio de patrullaje conjunto con Estados Unidos, cuando fue diputada por primera vez (1998-2002).
