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Los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa dictaminaron afirmativamente un proyecto de ley que autoriza al Estado a dar recompensas a los ciudadanos que brinden información que permita detener a miembros del crimen organizado y la desarticulación de redes de narcotraficantes.
Se trata de una iniciativa del liberacionista Gilberth Jiménez Siles, que crea un fondo de recompensas que recibiría financiamiento de parte del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
El dictamen recibió el apoyo de Jiménez, de Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP), y de Horacio Alvarado, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), mientras que Pilar Cisneros, de Progreso Social Demócrata (PPSD), y la independiente Gloria Navas votaron en contra.
El fondo y el pago de recompensas estaría a cargo del Ministerio Público, administrado por una comisión integrada por la Fiscalía General y el director general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como responsables de dictar las políticas generales de ese fondo.
El monto de las recompensas no lo define la iniciativa de ley; esa parte se definiría en un reglamento que se deberá aprobar cinco meses a partir de la entrada en vigencia de la ley.
La propuesta prohibiría recibir recompensas a los funcionarios del Poder Judicial y sus familiares, hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, así como a los servidores públicos, cuando se trate de información que conozcan por el ejercicio de sus funciones.
Listado de los más buscados
En la iniciativa, se establece la obligación de publicar un listado de los miembros del crimen organizado más buscados por la justicia, así como los montos de las compensaciones monetarias por la información, a través de los diferentes medios y plataformas del Ministerio Público.
“La lista de los más buscados tendrá datos generales y datos descriptivos de las personas requeridas por la Justicia y la información necesaria con elementos descriptivos, que faciliten e incentiven a los ciudadanos en participar en brindar la información que permita la captura de los más buscados”, dice el expediente.
Entre las responsabilidades que establece el proyecto, se indica el deber del Ministerio Público y de las autoridades judiciales de proteger y garantizar la confidencialidad de la persona informante.
“La confidencialidad aplicará a cualquier información de la que se pueda deducir, directa o indirectamente, la identidad del informante. El carácter confidencial de esta información se mantendrá incluso luego de concluida la captura o enjuiciamiento”, explica el texto.
Asimismo, se establece la obligación del ciudadano informante de aportar datos certeros y útiles que lleven a la convicción de que la información que brinde es fehaciente y veraz.
Incluso, se establece como una obligación dejar por escrito el compromiso de ratificar la información cuando la autoridad policial competente lo solicite.
Pilar Cisneros explicó que votó en contra, pese a que está de acuerdo por el fondo, porque la iniciativa toma dinero del ICD.
“Ahora que estamos en guerra contra el narcotráfico y los narcotraficantes, eso va a debilitar la actividad que aporta este centro al combate contra el narcotráfico. El ICD necesita esos dineros porque es la única fuente que posee para hacerle frente a las obligaciones que tiene”, dijo.
La independiente Gloria Navas apuntó que ella, en este asunto, está de acuerdo con Cisneros, aunque la pretensión sea la de premiar a las personas que den esta información.
Ella añadió que, por experiencia, ese tipo de premiaciones no suelen tener mucho éxito y, más bien, tienden a ser peligrosas. “Muchas veces la gente miente, con tal de ganarse la recompensa, a pesar de que se les advierte contra el falso testimonio. Muchas veces no es útil ni resulta eficaz para combatir el crimen organizado”, dijo Navas.
Gilberth Jiménez aseguró que los recursos para las otras entidades que combaten el narco no se desfinancian con el Fondo de Recompensas y solamente se toma un pequeño porcentaje.
El verdiblanco agregó que, en la etapa de presentación de mociones de fondo, se podrían hacer ajustes y buscar opciones para resolver las dudas de las legisladoras.
