La fracción del Frente Amplio (FA) y cinco diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) presentaron una Consulta Legislativa Facultativa de Constitucionalidad ante la Sala Constitucional por el recorte de ¢8.048 millones al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
Este recorte se efectuó por medio de una moción en el Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico de 2027, tramitado bajo el Expediente 25.754.
Según comunicados de ambas agrupaciones, los legisladores consideran que el recorte no cumple con los artículos 84 y 85 de la Constitución Política. Por tanto, quieren verificar la validez de la medida.
El artículo 84 destaca la independencia funcional y la capacidad jurídica de las universidades.
El artículo 85 establece que el Estado mantendrá, con las rentas actuales y con otras que sean necesarias, un fondo especial para el financiamiento de la educación superior estatal.
“Las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan,” señala la Constitución.
Fundamentos de las fracciones
De acuerdo con el criterio de los proponentes, la modificación aprobada mediante la moción 16 por el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) despoja a los centros universitarios de recursos pactados.
El origen del dinero corresponde a fondos postergados de la educación superior universitaria del periodo 2020-2021.
El FA explicó que esos recursos forman parte del acuerdo suscrito en octubre de 2025 por la Comisión de Enlace, integrada por el Poder Ejecutivo, a través de las carteras de Educación Pública, Hacienda, Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica (Micitt) y Mideplan (Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica), las cinco universidades estatales y federaciones estudiantiles.
El acuerdo consistía en amortizar la deuda en ocho desembolsos anuales, de los cuales el de 2027 representaría el segundo tracto, detalló el FA.
El FA subraya que la Asamblea Legislativa carece de competencia para alterar acuerdos formalizados entre el Ejecutivo y las casas de enseñanza, debido a que la intervención parlamentaria únicamente se da en situaciones de desacuerdo mutuo.
“Al ser recursos para el FEES resultan indisponibles para las diputaciones, o sea, que no se le puede dar un fin distinto a lo ya acordado...” agrega el FA.
El PLN, por su parte, hace hincapié en las posibles consecuencias del recorte. El partido sostiene que la reducción afecta de forma directa las inversiones de las universidades públicas en sus sedes regionales, poniendo en riesgo proyectos como el TEC en Limón, donde se ha advertido de la amenaza de un cierre técnico para el año 2027.
Los diputados que firmaron por el Frente Amplio fueron: José María Villalta Flórez-Estrada; Vianey Mora Vega; Antonio Trejos Mazariegos; Edgardo Araya Sibaja; Sigrid Segura Artavia; Joselyn Sáenz Núñez y María Eugenia Román Mora.
Del PLN se unieron: Mangell McLean Villalobos; Víctor Hidalgo Solís; Álvaro Ramírez Bogantes; Karen Alfaro Jiménez y Andrea Valverde Palaviacini.
Otro posible recorte
El debate presupuestario universitario mantiene, además, otro frente en el Congreso. El diputado oficialista Nogui Acosta pretende impulsar mociones al Segundo Presupuesto Extraordinario de 2026 orientadas a fijar una deducción por el mismo monto de ¢8.048 millones al financiamiento del FEES de ese año.
La iniciativa de Acosta plantea distribuir ¢7.314 millones entre juntas educativas y administrativas del Ministerio de Educación Pública para financiar pasajes estudiantiles y comedores de centros educativos, mientras que ¢733 millones adicionales irían a viajes y transporte de esa institución.
La ejecución de esa eventual rebaja para el ejercicio 2026 restaría ¢1.899 millones a la Universidad de Costa Rica (UCR), al Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), a la Universidad Nacional (UNA) y a la Universidad Estatal a Distancia (UNED), individualmente, en tanto la Universidad Técnica Nacional (UTN) enfrentaría un recorte de ¢448 millones.