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Los diputados aprobaron en primer debate este martes un proyecto de ley que declara la minería ilegal como una actividad de crimen organizado y, en consecuencia, aumenta las penas de prisión por ese delito hasta los seis años de cárcel.
Se trata de una iniciativa impulsada por el Frente Amplio (FA) desde el periodo legislativo pasado que forma parte de la negociación entre las fracciones políticas dentro de la discusión sobre la minería metálica a cielo abierto en Crucitas.
Como parte de las conversaciones entre el Partido Pueblo Soberano (PPSO) y las fracciones de la oposición, el Poder Ejecutivo convocó el expediente 23.952 en sesiones extraordinarias y, a cambio, el FA retiró cerca de 72 mociones presentadas contra el proyecto que legaliza la minería en Crucitas de Cutris.
El jefe del FA, José María Villalta, explicó que parte del acuerdo implica aprobar el proyecto que eleva las penas por el delito de minería ilegal, pero retrotraerlo a primer debate y hacerle cambios al texto, en sintonía con el proyecto de ley que presentó la presidenta de la República, Laura Fernández, este lunes, con el mismo objetivo de perseguir esa práctica minera ilegal como crimen organizado.
La pena vigente para ese delito es de tres meses a cinco años cuando se ejecute en parques nacionales, reservas biológicas u otras áreas de conservación de vida silvestre que tengan protección absoluta en la legislación.
Tal como fue aprobado el proyecto, permite agravar las penas por minería ilegal de tres a seis años, cuando esa conducta sea cometida por un grupo estructurado de dos o más personas que haya existido durante algún tiempo y que haya actuado con el propósito de cometer esos delitos.
Al igual que la minería ilegal, se declaran como crimen organizado otros delitos ambientales, como la matanza, cacería, captura, destace, trasiego o comercio de tortugas marinas, la pesca de especies marinas y silvestres protegidas.
