Una denuncia por presunto acoso laboral presentada ante la Asamblea Legislativa señala al diputado Fernando Obaldía Álvarez, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), por solicitar grabaciones de cámaras de seguridad para determinar los recorridos de una funcionaria de su despacho dentro del Congreso, según informó primeramente CR Hoy.
Según la denuncia, de la cual La Nación tiene copia, el legislador firmó el oficio DFOA-074-2026, con fecha del 24 de agosto del 2026, dirigido al jefe del Departamento de Seguridad de la Asamblea Legislativa de apellidos Salazar Cascante. La gestión solicitó registros de las cámaras correspondientes al jueves 20 y viernes 21 de agosto.
El documento sostiene que la petición buscaba revisar desplazamientos específicos de la funcionaria por diferentes puntos del edificio legislativo. Entre ellos menciona el Plenario, ascensores, el pasillo que conduce al baño de mujeres del piso 13 y el trayecto hacia el Departamento de Recursos Humanos.
La funcionaria que presentó la denuncia considera que el uso de las grabaciones formó parte de un supuesto patrón de vigilancia y control laboral. La denuncia pide investigar la legalidad, finalidad y alcance de la solicitud presentada por Obaldía.
El reclamo se presentó por presunto acoso laboral contra Obaldía y Fernández, otra funcionaria del despacho legislativo. Los acontecimientos denunciados abarcan principalmente el periodo entre el 5 de agosto y el 5 de setiembre del 2026.
Denuncia cuestiona revisión de recorridos hacia baño y Recursos Humanos
Uno de los puntos centrales del reclamo corresponde a la revisión de los movimientos dentro de la Asamblea Legislativa. La denunciante cuestionó que las cámaras de seguridad se utilizaran para conocer sus recorridos hacia espacios como el baño y Recursos Humanos.
La denuncia sostiene que al momento de la solicitud de las grabaciones no existía un procedimiento administrativo disciplinario abierto por un órgano director competente.
Además, el documento atribuye a Fernández, funcionaria del despacho de Obaldía, participación en la preparación de la solicitud. Como respaldo, la denunciante aseguró que resguardó apuntes manuscritos que, según su versión, corresponden a borradores previos del oficio DFOA-074-2026.
La denuncia también afirma que Fernández habría participado en la revisión del material obtenido de las cámaras. La funcionaria solicitó que se investigue tanto el origen de los apuntes como la participación que pudo tener Fernández en la preparación y posterior manejo de la información.
Pide frenar vigilancia durante investigación
Como parte de las medidas cautelares, la denunciante solicitó a la Asamblea Legislativa impedir actos de seguimiento o recopilación de información sobre sus movimientos que no respondan a una finalidad institucional legítima.
También pidió preservar las grabaciones, registros de acceso, solicitudes de cámaras y comunicaciones relacionadas con los hechos. Entre sus otras solicitudes figuran la confidencialidad del procedimiento, protección frente a eventuales represalias y una reubicación laboral mientras se desarrolla la investigación.
La presentación de la denuncia no implica que los señalamientos estén comprobados. El propio documento solicita la apertura de un procedimiento administrativo para determinar si las actuaciones atribuidas a Obaldía y Fernández encuadran dentro de las conductas contempladas por la normativa aplicable.
Denunciante pide reubicación, frenar vigilancia y protección contra represalias
Además de solicitar una investigación sobre el uso de las cámaras, la funcionaria planteó 11 medidas cautelares y de protección mientras se tramita la denuncia por presunto acoso laboral.
Estas son las peticiones incluidas en el documento:
- Reubicación laboral inmediata: traslado preventivo a otra comisión, departamento o unidad de la Asamblea Legislativa, sin reducción salarial, pérdida de categoría ni desmejora de sus condiciones laborales.
- Orden de alejamiento y abstención: que Obaldía y Fernández se abstengan de realizar actos de comunicación, perturbación, intromisión o interferencia directa o indirecta en sus labores o entorno personal.
- Prohibición de represalias: impedir acciones que afecten su nombramiento, salario, funciones, horario, permisos, vacaciones, herramientas de trabajo, accesos, referencias laborales u otras condiciones a raíz de la denuncia.
- Protección de testigos: evitar actos de intimidación, presión, amenaza o interferencia contra las personas ofrecidas como testigos.
- Prevención de vigilancia injustificada: impedir el seguimiento, vigilancia o recopilación de información sobre sus movimientos vinculados con la denuncia cuando no exista una finalidad institucional legítima.
- Preservación inmediata de pruebas: conservar grabaciones, registros de acceso, solicitudes de cámaras, comunicaciones y demás documentación relacionada con los hechos denunciados.
- Confidencialidad: garantizar la reserva del procedimiento y de su información personal y médica.
- Persona enlace institucional: designar una persona o instancia independiente del despacho de Obaldía para atender asuntos administrativos o laborales que requieran coordinación durante el procedimiento.
- No revictimización: evitar repeticiones innecesarias de su declaración y confrontaciones personales que puedan evitarse, sin afectar el derecho de defensa y contradicción.
- Protección frente a terceras personas: evitar que Fernández, funcionaria del despacho, u otras personas involucradas ejerzan presión sobre testigos, realicen actos de intimidación o vigilancia relacionada con el proceso o interfieran con la investigación.
- Protección de documentación médica: mantener bajo acceso restringido la información sobre incapacidades o estado de salud y utilizarla únicamente cuando resulte pertinente para el procedimiento.