Se trata de las plazas de la gerenta de Gestión Municipal, Jessica Martínez Porras; y la gerenta de Provisión de Servicios, Dahianna Marín Chacón. Según las cifras oficiales, el sueldo de cada una de ellas es de ¢4,3 millones mensuales, aproximadamente.
Sin embargo, el ayuntamiento no contaba con los recursos para cancelar los salarios de esas dos funcionarias, debido a que, en diciembre del 2024, la Contraloría improbó el presupuesto josefino. Esto ocurrió luego de detectar que desde el municipio intentaron calificar esos dos puestos como “servicios especiales”, sin cumplir con los requisitos legales.
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Los cargos por “servicios especiales” únicamente son permitidos para labores extraordinarias, temporales o en casos de emergencia o fuerza mayor, de acuerdo con la Ley de Empleo Público. Y como esas plazas no cumplían con esas condiciones, la Contraloría rechazó el plan de gastos.
Asimismo, para costear los salarios de ambas, el municipio buscó realizar un reajuste presupuestario y conseguir ¢145 millones por año.
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Alcalde eliminó plazas para conseguir recursos
El 14 de enero pasado, el Concejo Municipal de San José aprobó la eliminación de 11 plazas de la Policía Municipal y la transformación de otras dos para financiar los salarios de las dos gerentas municipales.
La propuesta, impulsada por el alcalde Miranda, fue rechazada por los tres regidores del Partido Liberación Nacional (PLN), quienes consideraron que los fondos debieron destinarse al fortalecimiento de la seguridad en las calles de la capital.
Para solventar la falta de presupuesto, el Concejo aprobó transformar dos plazas de oficiales de seguridad en los cargos de gerenta de Gestión Municipal y gerenta de Provisión de Servicios.
Las 11 plazas eliminadas por la iniciativa del alcalde eran de guardas de seguridad que habían quedado vacantes por renuncias, jubilaciones o despidos. Según la Municipalidad, ocho de las plazas eliminadas estaban vacantes desde el 2023 y el resto desde el 2024.
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